Las veces que España ha intentado aplicar la Justicia universal

Hasta el momento la mayor victoria obtenida por los tribunales de nuestro país cuando se ha aplicado este principio fue la condena de la Audiencia Nacional de septiembre de 2020 que impuso 20 años al asesino de Ignacio Ellacuría y sus compañeros jesuitas, perpetrado en El Salvador en 1989. Antes, en 2005, la Audiencia Nacional también condenó al represor argentino, excapitán de corbeta, Adolfo Scilingo, a penas que sumaron 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad, que incluían 30 muertes con la agravante de alevosía (21 años por cada una), una detención ilegal (5 años) y una tortura (5 años).

Baltasar Garzón abrió una causa contra el dictador chileno Augusto Pinochet y ordenó su arresto domiciliario en 1998. Entre los cargos de los que se le acusaba se incluían 94 denuncias de tortura de ciudadanos españoles, el asesinato en 1975 del diplomático español Carmelo Soria y conspiración para cometer tortura. Dos años después el dictador regresó a Chile desde Reino Unido, donde había estado cumpliendo el arresto domiciliario, debido a que el entonces ministro de Interior británico decidió no aplicar la extradición acordada por los tribunales de su país por su estado de salud, de modo que la victoria judicial española no llegó a concretarse.

Otra causa que se cerró sin efectos reales fue la que afectaba exgobernante militar de Guatemala, Efraín Ríos Montt. En 1999, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, presentó ante la Audiencia Nacional española una denuncia por tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra Ríos Montt y otros cuatro dictadores guatemaltecos. El juez Santiago Pedraz, que se aferró a la quema de la Embajada de España en Guatemala en 1980 para abir la causa, dictó en 2007 una orden internacional de captura contra Efraín Ríos Montt, los también expresidentes Oscar Humberto Mejía Victores, Fernando Romeo Lucas García y cinco personas más. Al final Ríos Montt fue juzgado y condenado en su país, pero el juez Pedraz continuó su investigación por el asalto a la embajada española y el genocidio maya. Tampoco hubo resultados concretos de todo ello.

También se archivaron las investigaciones abiertas sobre al asesinato de José Couso en Irak. El cámara de Telecinco muerto en abril de 2003 en los ataques del ejército de Estados Unidos contra distintos objetivos de la prensa extranjera en Bagdad. Las sospechas de una acción deliberada llevaron al juez Pedraz a dictar una orden de búsqueda y captura contra los militares estadounidenses. Sin embargo, la nula colaboración de EE.UU. ha impedido resultados concretos.

En noviembre de 2013, la Audiencia Nacional dictó órdenes de detención internacional contra Jiang Zemin y Li Peng, respectivamente entonces expresidente y ex primer ministro chinos. Los acusó de crímenes de lesa humanidad por la agresión «sistemática y generalizada contra la población tibetana». La reforma de 2014 acabó en el archivo de la causa.

En estos momentos la Audiencia Nacional también tiene abierto un procedimiento por el caso de los diamantes de sangre de Sierra Leona, en el que está implicado un español. Tras varios amagos de cerrarse, la Sala de lo Penal decidió seguir adelante.