Último aviso del Supremo al Gobierno tras incumplir la orden sobre los menores extranjeros en Canarias: «Es inadmisible»

El requerimiento a la Administración del Estado añade que debe cumplirse su mandato «en sus propios términos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya señalados».

El Supremo indica que ha recibido un nuevo escrito de la Administración canaria, que fue la que instó la medida cautelar del 25 de marzo, en el que pone de manifiesto el «insuficiente ritmo de ejecución» de las medidas acordadas en este incidente por parte de la Administración General del Estado. Asegura que no sólo se mantiene «la situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional«, sino que »se ha incrementado con la llegada de nuevos menores en la situación mencionada».

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Para los magistrados «no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia, y bastaría recordar que la orden que se dio a la Administración General en el auto de marzo, completado con lo declarado en el de mayo, era que el »acceso y permanencia» de los menores en el Sistema nacional de manera taxativa e inminente y, sin embargo, transcurridos más de siete meses es evidente que, como se aduce por la Administración recurrente, el ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible».

Además, apunta que «si bien y no sin previo recordatorio por este Tribunal, la Administración General ha remitido periódicamente a este Tribunal las concretas actuaciones que se han desarrollado; es lo cierto que dichas actuaciones no han propiciado el cumplimiento de los claros términos de la orden dada». »No se trata de que la Administración Central determine o no las dificultades de los Centros del Sistema, esa será una cuestión que debía resolver la obligada, sino a incluirlos en dicho Sistema en la forma que considerase procedente, posible y con la premura impuesta (diez días, iniciales), y, sin embargo, lo actuado está muy alejado de dicha orden. Menos aún cabe oponer reparos de gestión de la orden dada en base a una pretendida dificultad formal, que debe estimarse obviadas con los claros términos del mandato judicial».

Por ello, requiere a la Administración General del Estado para que, en el «improrrogable plazo de 15 días» desde la notificación de la nueva resolución, se proceda a dar debido y completo cumplimiento al auto ordenando la medida cautelar acordada, sin posibilidad «de excusa o reparo alguno» y sin que pueda suspenderse lo ordenado.

El auto notificado este jueves se remite a los apercibimientos de la resolución dictada en marzo. Como informó este diario entonces esas medidas de ejecución forzosa pueden pasar por imponer multas coercitivas a las autoridades obligadas a cumplir.

Esas «excusas o reparos» a los que hace alusión la Sala son el sin fin de argumentos que han esgrimido desde el Gobierno para no acatar en tiempo y forma la orden del Supremo. Primero se creo un comité que reunía a los ministerios de Política Territorial , Juventud y Migraciones con el Ejecutivo insular todos los martes para abordar soluciones, y mientras que desde la Administración Central celebraban el supuesto «diálogo constante», el Gobierno canario denunciaba que estas reuniones semanales no estaban dando sus frutos.

Tanto es así, que desde que comenzaron estos encuentros hasta hoy no han salido apenas menores de las islas. Según fuentes de la Consejería de Bienestar y Asuntos Sociales de Canarias 199 de los 546 menores. Lo que sí ha sucedido es que varios de ellos fueron trasladados a centros del Estado dentro del propio archipiélago. Concretamente a un macrocentro en el barrio de La Isleta, -el antiguo cuartel Canarias50- donde, en palabras del Gobierno, se les evaluaría uno a uno para determinar a dónde y cuándo se realizaría su traslado. El temor del Ejecutivo de Fernando Clavijo era que ese centro «transitorio» se tornara en una solución permanente, tal y como han trasladado fuentes de su gabinete a ABC. Esto no terminó sucediendo, pero 60 niños siguen pernoctando allí a la espera de evaluación.

En cualquier caso, los traslados no se están produciendo con la celeridad que se espera de un procedimiento de urgencia como este. El hacinamiento continúa siendo el principal problema de los menores y de las islas. A esto se suma el intento de traslado que se frustró porque el supuesto menor de edad que iba camino de Extremadura resultó tener 19 años. Lo cual, puso de manifiesto otro problema que enfrentan ambas administraciones, que en algunos casos no son capaces de determinar la edad exacta del inmigrante.

El Gobierno canario ha denunciado la inacción, la «falta de voluntad» y la sucesión de promesas que no salen de las moquetas de los despachos mientras las islas atraviesan una sobreocupación de sus sistemas que, tal y como señaló ya el Alto Tribunal, actúa en detrimento de los derechos de los menores y de la propia comunidad autónoma, que está soportando desde hace más de un año un sobresfuerzo en sus servicios públicos.

Desde el Gobierno insisten en que tienen un plan y un calendario y que se está tratando de cumplir las medidas que dictó el Supremo en su auto, el cual, denuncian, no se ha enviado a la Secretaria de Estado de Migraciones, y que se corresponde con una reclamación del Gobierno canario a la que el Ejecutivo no ha tenido oportunidad de alegar y/o responder.