Los socios europeos frustran un nuevo intento de Pedro Sánchez de cumplir con Puigdemont con la oficialidad del catalán

Desde el comienzo del Consejo de Asuntos Generales varios ministros han mostrado claramente dudas sobre la utilidad o la legalidad de semejante decisión, que haría de España el único país que aporta cuatro lenguas al babel de 24 que ya tienen el reconocimiento oficial.

También el servicio jurídico del Consejo había expresado claras dudas sobre el encaje del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE, sobre todo refiriéndose al proyecto presentado finalmente por el Gobierno y que era un proceso lleno de excepciones y aplazamientos que probablemente tampoco hubiera satisfecho al verdadero impulsor de esta medida, que es el líder independentista Carles Puigdemont, huido de la justicia española.

A pesar del apoyo expreso de algunos Gobiernos, especialmente el danés que preside la socialista Mette Frederiksen o el esloveno, en cuya coalición también participa un partido socialista que cuando ha estado en el poder ha manifestado una clara simpatía hacia los independentistas catalanes.

También ha apoyado Chipre, a cuyo Gobierno probablemente el ministro español ha debido prometer su ayuda en la presidencia que empezará en enero, pero en este caso pedían que la decisión no pudiera sentar un precedente, lo que es jurídicamente muy difícil. Sin embargo, Finlandia o Suecia ya habían dicho desde el principio que preferían no votar teniendo en cuenta que no veían posibilidades de lograr la unanimidad necesaria. Francia decía «respetar los intereses de nuestros amigos españoles» con una solución que respete la legalidad, lo que venía a decir que lo que había sobre la mesa no lo podían aprobar.

Para el Gobierno español, los países que no estaban de acuerdo habrían «expresado posiciones no definitivas».

Dado que al final la presidencia polaca ha retirado la propuesta española, no ha habido votación, lo que aplaca de momento el debate. La última vez que este asunto se había planteado en el Consejo de Asuntos Generales fue hace dos años.

En Bruselas ha sorprendido mucho que el Gobierno informase sobre el desarrollo de la reunión que estaba teniendo lugar en Bruselas desde La Moncloa, algo que prueba que para el presidente Pedro Sánchez este es un tema esencialmente nacional, que tiene poco que ver con los intereses de la UE.

De ello se deduce que la fecha de un eventual nuevo intento de aprobar este proyecto dependerá más del grado de presión a la que le someta Puigdemont en su capacidad de pieza-clave de su mayoría que de cualquier otra consideración de política europea. Para introducir un tema a votación en el Consejo de Ministros solo se requiere hacerlo con tres semanas de antelación.

Sin embargo, por ahora Pedro Sánchez puede contar con la simpatía del Gobierno socialista danés, que ejercerá la presidencia en los próximos seis meses. Después de Dinamarca le corresponde a Chipre, que también se ha declarado favorable a esta reforma, aunque ha aclarado que exige ciertas garantías. Por un lado el Gobierno tiene la posibilidad de repetir el intento a lo largo de los próximos 12 meses, también es poco probable que genere buen ambiente entre los demás países si intenta volver a someter a votación una propuesta que ha sido tácitamente rechazada dos veces.