Todo listo para dar puerta al tripartito

Así, 5,3 millones de catalanes están llamados a las urnas —apenas un 0,8% más que en 2006, el crecimiento de la población en un millón de personas es netamente foráneo— para escoger al gobierno que debe cerrar la etapa del tripartito y sacar a Cataluña de la crisis.

Distribución del voto

De esos electores, casi cuatro millones residen en la provincia de Barcelona, que escoge 85 diputados, el grueso de la Cámara autonómica. Tarragona, con 540.840 votantes escogerá a 18 diputados, Girona tiene 17 escaños por su casi medio millón de censados y Lleida, con 133.806 electores escogerá 15 escaños. Una proporción fijada en 1979 por una disposición transitoria que nunca se pudo cambiar —CiU y PSC no se han puesto de acuerdo para ello— y que hace que un escaño en Barcelona cueste cuatro veces más votos que en Lleida. Proporción que tradicionalmente ha beneficiado a CiU, omnipresente en las zonas rurales y el Pirineo, en detrimento del PSC, cuyo fuerte es el área metropolitana de Barcelona.

Los 2.721 colegios electorales acogerán a esos votantes con 8.032 mesas a partir de las nueve de la mañana. Con una novedad, porque Cataluña acoge por primera vez hoy «mesas electrónicas», un total de 339 distribuídas en siete municipios en las que se ha implantado un sistema de gestión electrónica de los datos que debe servir para acelerar los datos.

También es nueva en unas elecciones catalanas la habilitación de papeletas para que puedan votar los invidentes, con un sistema adaptado que se estrenó de forma limitada en las europeas. Se trata de un «kit» de votación que incluye una guía escrita en Braille, un sobre de votación normalizado y las papeletas de las candidaturas. Las papeletas vienen cada una dentro de un sobre con una etiqueta en tinta y en Braille con el nombre de la candidatura para que el votante pueda identificarla. En toda Cataluña se han solicitado 207 «kits» para estos comicios, 117 más que en las europeas.

Calendario de constitución

El proceso de constitución e investidura tras las elecciones se alargará alrededor de un mes. La ley establece un plazo de quince días hábiles para la constitución del Parlamento autonómico, tras lo cual se debe fijar la fecha del pleno de investidura, que podría prolongarse como máximo hasta el 28 de diciembre de este año.