El Tribunal de Cuentas ve problemas en donaciones como las que pide Sumar

La candidata a jefa del Gobierno pretende obtener 100.000 euros mediante financiación popular, planteando esta vía como su principal fuente de ingresos pese a que hace tan solo una semana la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, pidió al Congreso una reforma legal para atajar, precisamente, las lagunas que presenta esta fórmula.

«Sería aconsejable que la ley orgánica de Financiación definiese claramente lo que haya de entenderse por los conceptos de aportación o de donación», subrayó Chicano, coincidiendo con la posición de varios portavoces.

El problema de fondo es que la microfinanciación no cuenta con una regulación específica y ello permite que estos ingresos puedan sortear el control del Tribunal de Cuentas.

El primer partido en utilizar esta fórmula fue Podemos en 2014 para las elecciones al Parlamento Europeo. No era una vía contemplada en la ley de Financiación de los Partidos y ellos provoco que el Tribunal de Cuentas pidiera después una regulación específica que le permitiera fiscalizar adecuadamente esos fondos.

El Gobierno de Mariano Rajoyrecogió parcialmente el guante y se limitó a reformar la ley de Financiación de Partidos para aplicar el régimen de las donaciones tradicionales a este tipo de mecanismos de «financiación participativa».

Aquel retoque mejoró el control de las microfinanciaciones pero no sirvió para cubrir sus puntos ciegos.

Así, entre las últimas anomalías encontradas por el Tribunal de Cuentas en su última fiscalización de los partidos políticos, Chicano cita la existencia de donaciones «ingresadas en cuentas bancarias ordinarias», o «procedentes de personas jurídicas de las que no se ha aportado el acuerdo del órgano social», así como «entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas» en el plazo obligatorio, o aportaciones de personas jurídicas que «tampoco han sido notificadas» a la institución.

Aunque Sumar aún debe concretar la fórmula jurídica con la que concurrirá a las elecciones, la reflexión de la presidenta del Tribunal de Cuentas le es aplicable porque otra recomendación de Chicano es extender las normas financieras que rigen para los partidos -más estrictas- a cualquier entidad que esté vinculada a ellos.

Y éste sería el caso de la plataforma de Yolanda Díaz. «Convendría establecer para estas entidades los mismos requisitos que para las fundaciones, y las limitaciones exigidas a las formaciones políticas en relación con las donaciones», señala Chicano.

La presidenta del Tribunal de Cuentas también considera que debe establecerse un sistema de comunicación obligatoria para impedir que estos fondos sorteen su fiscalización.

«Se estima oportuno que se regule una cuantía mínima para que las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos políticos procedan a la notificación obligatoria al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación de las donaciones», incidió.

Estas recomendaciones no son nuevas. El Tribunal de Cuentas las viene remitiendo al Gobierno en sus últimos informes. «Son coincidentes en buena parte con las recogidas en informes de anteriores ejercicios», recordó Chicano a sus señorías el martes de la semana pasada.

De hecho, el citado tribunal aprobó hace casi dos años, en junio de 2021, un extenso informe sobre financiación, control de las formaciones políticas y entidades vinculadas en el que advirtió de los agujeros negros que sigue enfrentando el control de las microfinanciaciones por la falta de una regulación propia.

El más importante de ellos es la imposibilidad de controlar este tipo de ingresos como donaciones tradicionales, ya que se materializan de forma ditinta.

En el caso de las microfinanciaciones siempre interviene un tercer agente que interactúa entre el donante y el que recibe la donación. Se trata de la plataforma o pasarela de pago por internet en la que el donante efectúa el ingreso con cargo a una tarjeta bancaria, como si se se tratara de una compra en un comercio online.

«Este sistema plantea un riesgo que puede dificultar el control de la financiación de los partidos políticos, ya que, a través del mismo, cualquier persona que sea titular de una tarjeta bancaria puede realizar una donación a aquellas de forma online, sin que pueda comprobarse la veracidad del documento nacional de identidad, el nombre y la dirección de correo del donante», advierte la citada institución.

Para poner coto a ese riesgo de fraude, el Tribunal de Cuentas pide que este mecanismo de pago se conjugue «adecuadamente» con las «necesarias garantías que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos de identificación de los donantes y aportantes» que exigen tanto la ley de Financiación de los Partidos como la ley Electoral.

Algo que solo puede llevarse a cabo mediante una normativa que regule «expresamente» los requisitos «que se han de acreditar» y a los que se ha de «sujetar» la aportación.

En el caso de microcréditos, el Tribunal de Cuentas cree necesario el establecimiento de contratos, «estipulándose las condiciones esenciales» como el tipo de interés aplicable y el plazo de devolución.

Otra petición de la citada institución para evitar fraudes es el establecimiento de una cuantía máxima por persona para las microfinanciaciones, y, en el caso de que éstas se destinen a procesos electorales, un tope total.

Una recomendación que, como recuerda la institución, se alinea con la «propia naturaleza participativa del instrumento de financiación» al tratarse de préstamos pequeños.

Y precisamente por esta condición, el Tribunal de Cuentas también considera necesario prohibir que personas jurídicas cursen microcréditos a partidos. La plataforma de Yolanda Díaz promete que asumirá todos los criterios del Tribunal de Cuentas. El problema es que, al no estar obligada a ello, no habrá nadie que lo fiscalice.