La trama del caso Koldo intentó acceder a contratos de Asturias y Extremadura

ABC ha tenido acceso a un intercambio de correos electrónicos entre Iñigo Rotaetxe, uno de los titulares de Soluciones de Gestión, en los que envía a un funcionario de la Junta de Extremadura información sobre las mascarillas y llega a adjuntar una factura para la compra de 700.000 cubrebocas. Ese contrato, en el que se ofrecía el mismo material que se vendió al Gobierno balear de Francina Armengol y al mismo precio, 2,5 euros la unidad, nunca llegó a formalizarse.

En la primera comunicación que le consta a este periódico, del 28 de abril del 2020, en el peor momento de la pandemia del Covid-19 en España, Rotaetxe adjunta un archivo con la calidad de las mascarillas que ofrecen, en el que asegura que la norma china es «igual o superior a la europea». En concreto, pone a disposición del Gobierno de Extremadura, entonces presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara, mascarillas KN95, FFP2 y N95. Cabe recordar que la empresa vendió cubrebocas FFP2 a Baleares y que, posteriormente, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo determinó que no eran tales.

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El hecho de que Soluciones de Gestión contactase con administraciones como Extremadura y Asturias y no se concretase ninguna venta constata las dudas que existían en algunas administraciones sobre la empresa, que también fue rechazada, a pesar de que escaseaba material para enfrentarse al coronavirus, por Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja. El 30 de abril del 2020, Rotaetxe envía una factura proforma para la venta de 700.000 unidades de mascarillas KN95.

En la factura enviada, Soluciones de Gestión garantizaba un plazo de entrega de quince días. Del total, 1.750.000 euros, la mitad debía pagarse por anticipado como formalización del contrato y la otra mitad tenía que abonarse una vez recibido el material. Esta compraventa nunca llegó a ejecutarse, aunque el actual Gobierno de María Guardiola (PP), según ha podido saber ABC, mantiene abiertas indagaciones por si la trama de mordidas ilegales a la que da nombre Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, hubiese salpicado de alguna manera a su comunidad. La oferta solo era válida «durante 24 horas» y caducó, aunque no consta ningún correo de respuesta a Rotaetxe para constatar el rechazo a su producto.

Ese mismo día, Rotaetxe subraya en otro correo que se han enviado muestras de tres tipos de mascarillas: Opoger, Huizhou Hengda (Haier) y Shenzhen Sanhexing. En respuesta a esa comunicación, un funcionario pregunta: «Iñigo, ¿puedes mandarme la ficha técnica solo de las mascarillas que se corresponden con la muestra enviada? Gracias».

El empresario implicado en el caso Koldo envía ese 1 de mayo otro correo, en el que especifica que los equipos de protección individual como mascarillas N95 y KN95 «pueden ser usados como corresponda», aun con especificaciones técnicas «distintas de las normas armonizadas» por autorización del Ministerio de Industria en base a la recomendación de la Unión Europea 2020/43. Tras remitir al Gobierno extremeño a dos ediciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) con las que intenta disipar sus dudas, remata: «Me parece que está todo muy claro».

Según ha podido saber ABC, funcionarios de la administración extremeña alertaron de estos hechos al Gobierno regional tras leer en la prensa uno de los nombres que más resuenan en el caso Koldo. Precisamente, el de Iñigo Rotaetxe. El Ejecutivo autonómico, tras esta comunicación interna, investiga por si hay algo que se les hubiese escapado.

Por otro lado, fuentes del Gobierno de Asturias admiten, en conversación con este diario, que también hubo contactos de esta empresa con su administración. Según estas fuentes, el Principado designó un equipo de compras funcionarial que valoró la oferta y propuso al entonces consejero de Salud y a la que era gerente del Servicio de Salud que no se contrataran. «Y así se hizo», zanjan.

Tras analizar los técnicos la oferta de Soluciones de Gestión, según las fuentes consultadas, informaron a sus responsables políticos de que la operación «no les convencía» y se decidió no cerrar ninguna compra. «Sin más», apuntan. «Si el asesor de un ministro te llama y te dice que hay un cargamento de mascarillas, en un momento en el que la gente estaba desesperada buscando material, ¿cómo no vas a evaluar esta propuesta?», profundizan estas fuentes, apuntando directamente a Koldo García.

Los Gobiernos de Baleares y Canarias, entonces también en manos socialistas, sí compraron mascarillas con intermediación de Soluciones de Gestión. El Ejecutivo de Armengol, actual presidenta del Congreso, pagó 3,7 millones de euros por unos cubrebocas que ni siquiera llegaron a utilizarse porque eran de menor calidad a la contratada. Se reclamó parte del pago a la empresa, pero casi tres años después de la adquisición y a dos meses de las elecciones. En el caso del Gabinete de Ángel Víctor Torres, ahora ministro, fueron varias compras por doce millones de euros. La Fiscalía Europea investiga ambos casos.