La exnovia de Ábalos cobró 44.000 euros sin ir a trabajar

Esta documentación aportada por ambas empresas llega a raíz de una petición «urgente» que realizó a principios de julio el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga, entre otras cosas, si Jésica Rodríguez trabajó efectivamente en esas dos empresas y si fue colocada ahí por su relación con el exministro de Transportes.

Según el certificado expedido por la subdirectora de Organización y Administración de Recursos Humanos del Grupo Tragsa, Jésica Rodríguez mantuvo «una relación laboral con esta empresa desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de 2021, percibiendo en este periodo, por todos los conceptos, la cantidad de 9.500,54 euros brutos». Añade ese salario lo percibió de acuerdo al convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad.

Por su parte, Angélica Martínez, la directora general de Organización y Recursos de Ineco, señala en su certificado que desde esa compañía abonaron a Jésica Rodríguez la cantidad de 34.477,86 euros desde marzo de 2019 a diciembre de 2021 en nóminas que oscilaron de los 1.130 euros mensuales a los 2.893 euros. Esta empresa anexó al certificado todas las nóminas que abonó a la empleada así como los recibos correspondientes.

El juez quería tener sobre la mesa una prueba clara de que la expareja de Ábalos efectivamente cobró de ambas empresas dado que investiga si hubo una contratación «aparentemente irregular». Precisamente, en el Tribunal Supremo, ella misma confesó en su declaración del pasado 27 de febrero que en Ineco estuvo a las órdenes del hermano de Koldo García, Joseba García, y que no tuvo que hacer nada.

De hecho, según informó Adriana Cabezas, cuando el magistrado Leopoldo Puente le preguntó por qué empezó a trabajar en Ineco, ella explicó que fue idea del exministro, quien le sugirió que se buscara un empleo. «Me dijo que sería bueno para mi que mientras estaba estudiando la carrera estuviera trabajando y entonces le di mi curriculum», y a finales de febrero (de 2019) llamaron, recordó entonces. Al hilo, explicó que el puesto era de auxiliar administrativo y que nunca fue a trabajar, pese a que cobraba más de mil euros netos al mes.

Sobre el contrato posterior en Tragsatec, apuntó ante el juez que si bien en la anterior tuvo que hacer entrevista, en esa segunda ocasión ni siquiera hizo falta. De hecho, Virginia Barbancho, la que fuera responsable técnica del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita Jésica Rodríguez en esa segunda empresa, señaló en su testifical del 17 de julio ante Ismael Moreno que la exnovia de Ábalos ni siquiera fichaba cuando se suponía que teletrabajaba.

Barbancho relató al juez que el asunto le pareció tan escandaloso que lo puso en conocimiento de Adif, que era el cliente para el que trabajaban. Allí, recordó, le dijeron que era la sobrina del ministro y que desde la Presidencia de ese ente -en ese momento dirigía el ente Isabel Pardo de Vera, ahora también investigada- se ordenaba que «se la dejara en paz».

Frente a esto, la expresidenta de Adif reconoció el pasado 22 de julio ante Ismael Moreno que manejó el curriculum de Jésica Rodríguez para que llegara a la empresa pública Ineco. Sin embargo, negó tener conocimiento de su actividad en la también empresa pública Tragsa en la que estuvo contratada y a la que ella misma reconoció que no acudió a trabajar a pesar de recibir su salario mensual. En este caso, según fuentes jurídicas, Pardo de Vera afirmó que, de haber conocido este hecho, lo habría denunciado porque le parece una falta de respeto a los trabajadores y a los ciudadanos.

Cabe recordar que en la Audiencia Nacional se investigan no solo las presuntas mordidas por los contratos de compra de mascarillas en plena pandemia sino también las posibles irregularidades en colocaciones públicas de personas cercanas a la supuesta trama corrupta que compondrían, entre otros, el diputado José Luis Ábalos -aforado ante el Tribunal Supremo-, su asesor ministerial Koldo García o el empresario Víctor de Aldama.

Esa investigación inicial impulsada por la Audiencia Nacional escaló exponencialmente cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó el pasado 5 de junio ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un informe en el que se recogían hechos que implicarían al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que le colocarían como el presunto coordinador de una trama que se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a cambio de amañar adjudicaciones de obra pública a determinadas constructoras. Tras su declaración, el juez envió a Cerdán a prisión para evitar que destruya o altere pruebas.