El Supremo desautoriza a Marlaska y anula el cese del coronel Pérez de los Cobos

En concreto, el Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de septiembre de 2021 que daba por bueno el cese, de manera que se confirma la decisión anterior, adoptada en primera instancia por el Juzgado Central y que lo anuló porque no se ajustaba a derecho: concluyó que apartarle del puesto fue una decisión «ilegal» que constituyó una «desviación de poder» del Ministerio del Interior. Ordenaba su readmisión inmediata.

En una escueta comunicación a los medios, el Ministerio del Interior ha señalado que está «a la espera de conocer el contenido íntegro de la resolución para poder proceder en consecuencia con los motivos técnicos que se indiquen por el Alto Tribunal». «El Ministerio del Interior reitera que las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad», dice el departamento que dirige Grande-Marlaska, sin aportar más detalles. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido en rueda de prensa la dimisión de Fernando Grande-Marlaska.

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Isabel Vega

Los hechos se remontan a 2020, cuando un juzgado de Madrid estaba investigando al entonces delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al haber consentido que se celebrasen marchas masivas en la capital como la del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, sabiendo que los contagios de coronavirus estaban descontrolados. De hecho, no pasaron ni diez días de aquello y se decretó el estado de Alarma.

Aquella investigación, que luego fue archivada, estaba a cargo de la Guardia Civil, que fue presentando informes demoledores con evidencias del conocimiento que en la Delegación del Gobierno había de las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus, uno de los cuales acabó filtrado en los medios. En ese contexto, el lunes 25 de mayo de 2020, en plena investigación, trascendió el cese de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid.

Se lo habían comunicado telefónicamente el domingo y la notificación, por escrito, era un oficio firmado por la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, en el que se leía que la pérdida de confianza aducida para apartarle del puesto tenía origen en que no había informado «del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, a efectos de conocimiento».

Cabe recordar que la juez al frente del asunto, Carmen Rodríguez Medel, había exigido extremada reserva al equipo investigador y que, en todo caso, las actuaciones de la Policía Judicial son siempre reservadas. En ese asunto, además, afectaban directamente al Gobierno.

Con estos mimbres, Pérez de los Cobos recurrió sin éxito en el Ministerio del Interior y agotada la vía administrativa acudió a la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de lo Contencioso le dio la razón en una sentencia que fue un varapalo al ministro Grande-Marlaska, que venía defendiendo en público y ante la polvareda política que se desató, -querellas incluidas- que se trataba de un simple relevo por cuestiones de confianza, una decisión discrecional legítima y en todo caso, legal.

«El cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la Unidad Operativa de Policía Judicial como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso», contestó aquella sentencia.

Señalaba que lo que se estaba pidiendo a Pérez de los Cobos «podría haber sido constitutivo de un ilícito penal» y por eso, llegaba a la conclusión de que se había producido «un claro ejercicio desviado» de la potestad del Ministerio del Interior para nombrar y cesar a determinados cargos. El cese, concluía, fue «ilegal».

Esta es la decisión que hace ahora valer el Tribunal Supremo, que ha comunicado el sentido del fallo pero tardará todavía unos días en notificar la sentencia. Y lo hace, anulando un paso intermedio. Ante aquel varapalo, Interior recurrió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le dio la razón frente a Pérez de los Cobos porque no veía esa «desviación de poder», sino el ejercicio de la facultad de nombrar y cesar discrecionalmente a los responsables de las Comandancias que tiene el ministro del Interior. Ahora, este fallo queda anulado y prevalece el anterior.

Mientras, Pérez de los Cobos sigue apartado de la Guardia Civil. Tras la primera sentencia solicitó al juzgado que ordenase su reincorporación inmediata, habida cuenta de la ilegalidad del cese. Sin embargo, el Contencioso decidió esperar a que se resolviese el recurso que Interior había ya anunciado que presentaría en apelación, porque la vuelta del coronel, que podría haber llegado a general de no haber sido apartado en aquel momento, implicaba movilizar a todos los guardias civiles que, en cadena, habían ido progresando de puesto por su vacante. Esas personas habrían sufrido un perjuicio de difícil reparación en caso de ser relegados y que luego se confirmase el cese, como así fue durante unos meses. Hasta ahora.