Sumar y el PP se alían contra el PSOE para intentar nacionalizar a 200.000 saharauis

Con un texto prácticamente idéntico al de hace dos años, la proposición de ley de Sumar aboga de nuevo por conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos aquellos saharauis nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española antes del 26 de febrero de 1976 (aunque no dispongan de residencial legal en España), fecha en que los últimos militares de nuestras Fuerzas Armadas dejan parasiempre en el Protectorado. Todas estas personas dispondrán de dos años, prorrogable a un tercero, para solicitar la adquisición de la nacionalidad española desde la entrada en vigor de la ley. Los descendientes hasta primer grado de consanguineidad de los saharauis que adquiriesen la nacionalidad española conforme a dicha norma (esto es, los hijos) dispondrán asimismo de un plazo de cinco años para optar por la misma.

La norma también contempla la reforma del Código Civil de cara a equiparar a los saharauis con los nacionales de origen de países Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Portugal o Guinea Ecuatorial, y de sefardíes a la hora de adquirir la nacionalidad por residencia; ya no será necesario que ésta haya durado diez años, sino que serán suficientes dos y cinco en caso de tener la condición de refugiado.

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En 1976, pocos minutos antes de subirse al avión y dejar para siempre el Protectorado, su último gobernador general, Federico Gómez de Salazar, fue entrevistado por ABC sobre la cesión del territorio por parte de España, una semana antes de morir Franco, que generó el conflicto que Sánchez acabar de reavivar con su polémica decisión histórica

«Todo lo relativo al Sáhara Occidental en esta cámara es cancelado por el PSOE», lamentó ya hace un par de semanas la diputada de Más Madrid Tesh Sidi al presentar otra iniciativa en la que Sumar exige al Ejecutivo que negocie en materia pesquera y agrícola con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharui según la Justicia europea, en vez de con Rabat. No iba mal encaminada la primera y única parlamentaria saharaui hasta la fecha de toda la historia del Congreso. «¿Qué les hemos hecho nosotros para que siempre vote 'no' y constantemente nos intenten borrar de la memoria histórica de nuestro país?», ha preguntado Sidi, que ha sido la primera en intervenir en la sesión plenaria. Lo ha hecho pasaporte argelino en mano, documento de viaje humanitario para refugiados saharauis pero que no otorga la nacionalidad.

«Es un pueblo que hasta hace popco tenía representación en estas Cortes, estudiaba en español, ocupaba puestos de funcionarios del Estado español y que formaba parte de nuestras Fuerzas Armadas», ha defendido Enrique Santiago, de IU (Sumar), otro de los artífices de la norma y que reclama devolver a los saharauis lo que hace 49 años les fue «arrebatado»: la nacionalidad española.

La duda está, a juicio de Junts, en si la norma quedará «escondida en un cajón otra vez» tal y como ya ocurrió en 2023. «¿Va a pasar lo mismo? Señores de Sumar, el obstáculo no es menor; son sus propios socios del Gobierno. ¿Tienen garantías?», ha preguntado el diputado neoconvergente Josep Pagès al socio minoritario del Ejecutivo. Bildu se ha unido al reclamo de los separatistas catalanes y Jon Iñarritu ha exigido igualmente que «no se deje en el congelador» en esta legislatura.

El broche final lo ha puesto el PP, que con su apoyo ha salvado la norma este miércoles, sacándole los colores al PSOE y al propio Pedro Sánchez con la «confusa e inexplicable» carta con la que el presidente anunció el giro del Gobierno español sobre la autodeterminación del Sáhara. «A los palestinos, sí; a los ucranianos, sí; ¿y a los saharauis no? Les traicionan y se olvidan de sus aspiraciones», ha criticado el popular Carmelo Barrio no si aprovechar para pedir desde la tribuna a la presidenta del Congreso, la socialista Francia Armengol, que «no meta esta iniciativa en el congelador tan grande que tiene la Presidencia de este Parlamento».

Se había barajado internamente la abstención —«Estamos todavía valorando», decía Patxi López horas antes de la votación—, pero finalmente el PSOE ha optado por votar en contra. Los socialistas aseguran no compartir el «procedimiento» propuesto por su socio de Gobierno, Sumar, y abogan por «ver soluciones más oportunas», en palabras de su diputado Sergio Gutiérrez. «Es un debate complejo y sensible», ha zanjado el socialista.

El Sáhara Occidental fue hasta noviembre de 1975 la provincia número 53 de España, cuando nuestro país renunció a un territorio que había estado bajo su dominio desde 1884 y, como protectorado, desde 1912. La cesión se produjo tras la ocupación marroquí con la 'Marcha Verde' convocada por el padre del actual Rey de Marruecos, Hasán II, y la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid con Marruecos y Mauritania el 14 de noviembre de 1975. Todo esto ocurrió a tan solo una semana antes de la muerte de Franco, que precipitó a las autoridades del régimen a cerrar cualquier posibilidad de conflicto armado con Rabat para «salvaguardar la paz» y evitar una matanza.

Fueron más de dos meses de evacuación. Madrid únicamente dio a los nacionales del Sáhara un año de plazo para pedir mantener su ciudadanía española. La retirada dejó sin resolver el futuro del Sáhara Occidental desde el punto de vista de la legalidad internacional y dió lugar a un proceso de descolonización que aún a día de hoy, y medio siglo después, sigue siendo inconcluso. Así lo establece la ONU que considera al Estado español, y no al marroquí, como potencia administradora de dicho territorio.

En la actualidad y al contrario de más de 80 países del mundo, España no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática RASD) ni tampoco nacionalidad saharaui tal y como dicta una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, por lo que, a efectos legales, considera apátridas a todos sus ciudadanos. Sí que se les ha expedido un pasaporte argelino, como el que ha mostrado Tesh Sidi este miércoles en el Congreso, que si bien cumple la función de título de viaje, no les otorga la nacionalidad. Aun así, su capacidad de movimiento es limitada; solo pueden viajar por el espacio Schengen.