Sumar lleva al Congreso su plan para ser juez sin aprobar la oposición

La alternativa que ponen sobre la mesa es una selección de alumnos universitarios con buenos expedientes académicos que realizasen posteriormente pruebas teóricas y prácticas en la Escuela Judicial, eliminando la oposición que cuesta preparar de media entre cuatro y cinco años.

La propuesta presentada por los diputados Verónica Barbero, Enrique Santiago e Íñigo Errejón plantea «un sistema de preparación continua desde las facultades de Derecho en el que el estudiantado con expedientes académicos con altas calificaciones puede acceder a la Escuela Judicial y continuar formándose para acceder a la carrera judicial previa superación del correspondiente proceso selectivo. Es decir, el ingreso en la Escuela Judicial se produciría reuniendo unos requisitos académicos previos y la superación de las pruebas de conocimiento y práctica jurídica establecidas por la propia Escuela Judicial».

Tanto las asociaciones judiciales mayoritarias como miembros del Poder Judicial consultados por ABC han recibido la propuesta, plagada de críticas hacia la formación de los jueces españoles, como un nuevo intento de ataque a su independencia. También como un intento de control ideológico de la carrera judicial. «Quieren jueces dóciles, les molestan los jueces independientes, no el sistema de acceso. Que hablen claramente y se quiten la careta, quieren jueces con carné de partido», afirmó la presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) , María Jesús del Barco.

Desde Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de afiliados, también ven un intento de «control ideológico» de la carrera. Sergio Oliva, portavoz nacional, respondió a la crítica al sistema «memorístico y elitista» al que se refiere Sumar, así como a la desconexión con la realidad y la sociedad que también se desliza en la propuesta. «Una persona con medios importantes no va a sacrificar su vida durante cinco años para ser funcionario. No es bueno menospreciar el sistema memorístico. La memoria es fundamental porque después se pueden interconectar las materias entre sí. Prueba de ello es que los opositores que no consiguen aprobar entran en despachos donde se valora mucho su formación y su visión», afirmó Oliva a este diario. «El sistema actual es el más garantista con el mérito, la capacidad y la igualdad entre hombres y mujeres», afirmó el portavoz.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el perfil actual mayoritario de la carrera judicial (74,37%) es el de una mujer con una edad media de 28 años, que ha tardado cinco años en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas. También según los datos del CGPJ, «el 75 % de los jueces de la última promoción -la 72- no tiene ningún familiar directo que ejerza o haya ejercido profesiones jurídicas».

La propuesta de Sumar presenta a los candidatos a jueces como personas aisladas y alejadas de la realidad. «El aislamiento social del opositor durante la preparación de las pruebas de acceso tampoco constituye el mejor entorno para encarar los problemas que deberá resolver desde un prisma no puramente jurídico, sino social y humano. A ese respecto, es necesario que la oposición garantice una formación más amplia que permita al futuro juez o jueza entender la realidad social, así como desarrollar otras habilidades o herramientas prácticas, como la empatía o la inteligencia emocional», se puede leer en la proposición.

Fuentes del CGPJ explicaron que la formación de los jueces, una vez aprueban la oposición, incluye más de seis meses de prácticas tuteladas en un juzgado, así como presencian situaciones como la intervención judicial en la donación de órganos tras un fallecimiento o el acompañamiento familiar en causas complicadas de divorcio, por poner ejemplos concretos de esa «conexión con la realidad».

En la propuesta de los socios del Gobierno se llega a acusar a miembros del Poder Judicial de formar a los opositores y cobrar de forma opaca, sin declarar a Hacienda. «Excepto algunas experiencias llevadas a cabo desde instituciones públicas, la preparación de las personas opositoras a la carrera judicial es, a día de hoy, una actividad mercantil privada que ejercen miembros del Poder Judicial y que, básicamente, su labor consiste en orientar y dar seguimiento a la evolución en el aprendizaje del temario que van 'recitando' periódicamente. En la inmensa mayoría de casos, ejercen esa actividad en un régimen irregular y la retribución que perciben suele ser fiscalmente opaca», se recoge en la propuesta presentada el pasado 31 de mayo en la cámara Baja.

«La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial analiza cada semana las peticiones de magistrados sobre la compatibilidad de sus actividades y están tan acotadas que prácticamente sólo pueden ejercer la labor docente al margen de las previstas en la carrera. Tienen que recibir su aprobación y justificar sus ingresos, por lo que no hay falta de transparencia», respondieron desde el Consejo, así como instaron a Sumar a revisar el Plan Docente de la Escuela Judicial.