Los jueces, el colectivo más estigmatizado por el Gobierno y la izquierda
PSOE, Podemos y Sumar han puesto el acento en la «democratización» de la justicia sin dato alguno que releve que «son hijos de ricos»
De padres con buena posición, hijos médicos o ingenieros
Un estudio de Universidades vincula la renta de los padres con la elección de carreras como Medicina e Ingeniería
«¿De dónde provienen quienes pueden acceder a la carrera judicial? ¿Qué familia puede permitirse diez años de estudios sin becas, sin cobrar ni un euro porque sus estudios son de dedicación exclusiva gastando miles de euros en preparadores y temarios? (…) Casi siempre de los ... mismos entornos. Y ese sesgo marca de forma definitiva el carácter de la justicia española, que se parece muy poco a la sociedad real (…) Democratizar la Justicia es también democratizar el acceso a quien puede llegar a la carrera judicial». Quien pronunció estas palabras en el Congreso fue el hoy portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, cuando era líder de Mas País y las «togas franquistas» (apodadas así por la izquierda más radical) estaban en la diana del debate político, como lo estuvieron apenas unos meses antes en el programa electoral del PSOE para las elecciones del 21 de julio cuando se hablaba de «facilitar el acceso democratizador a las profesiones jurídicas» para que «nuestra Justicia sea más parecida a la sociedad diversa y plural de nuestro país».
Ahora es la procedencia social de los médicos lo que parece preocupar a la izquierda, pero de momento nada es comparable a la estigmatización que han sufrido los jueces desde los tiempos de Mariano Bermejo, allá por 2007, cuando el ministro de Justicia hablaba de «pescar» jueces en las universidades y no mediante oposiciones. «La pretensión del ministro es la de reclutar desde lo ideológico a personas con un determinado perfil y por una exclusiva razón: porque no le gustan los actuales jueces de este país», diría el entonces el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García.
También el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos el 30 de diciembre de 2019 recogía tímidamente su voluntad de modernizar el sistema de acceso a la carrera «previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes». ¿Tienen problemas las mujeres para acceder a la carrera judicial? ¿Los alumnos de la Escuela Judicial son hijos de jueces? ¿es cierto que provienen de clases medias-altas?
Un estudio que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) realizó en 2021 sobre las últimas 23 promociones de jueces ya desmentía esa afirmación. El actual modelo «no solo garantiza la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, sino que ha permitido que año tras año sean más las mujeres que acceden a la judicatura que sus compañeros varones», concluía el informe. Durante el periodo comprendido entre 1996 y 2021 pasaron por la Escuela Judicial 3.237 alumnos ; de ellos el 64,78 por ciento han sido mujeres y el 35,22 hombres. Este año, el de la promoción 72, la historia se repite: han accedido a la judicatura 119 mujeres y 41 hombres.
La encuesta realizada a los alumnos a su entrada en la escuela reveló que la tradición familiar no había sido el elemento determinante que llevó a los nuevos jueces y juezas a elegir esta profesión: las tres cuartas partes de los integrantes de la promoción (74,19 %) no tenía familiares (hasta el segundo grado de consanguineidad) que ejercieran o hubieran ejercido una profesión jurídica; el 21,29 % tenía algún familiar que desempeñaba una profesión jurídica distinta a la de juez o magistrado, y solo el 4,52 % tenía en su familia a un miembro de la carrera judicial.
Sin estudios superiores
No hay dato alguno que avale que quienes opositan a juez sean hijos de jueces, conservadores, ni familias con rentas altas, por lo que como concluía el informe de Francisco de Vitoria, se trata de una afirmación que «solo parece sustentarse en prejuicios». De 2.467 jueces de las últimas 19 promociones, un 74,83 por ciento no tenía (no ya un progenitor, sino un familiar) ejerciendo una profesión jurídica. Del resto, un 5,9 por ciento sí tenía un familiar togado y el otro 19,21 lo tenía en profesiones relacionadas con los tribunales, la mayor parte en la Abogacía. De igual modo, uno de cada tres alumnos que ingresan cada año en la escuela procede de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores.
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