Montero ocultó al Congreso y al Consejo de Estado las críticas de Justicia a su ley del 'solo sí es sí'

Pero, según ha podido saber ABC, su existencia nunca fue mencionada a los órganos consultivos y al Congreso, aunque la Ley del Gobierno obligaba a Igualdad a incluirlo en el expediente. «Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo (...) los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas», estipula en su artículo 26. En la misma línea, fuentes del Consejo de Estado destacan que «los expedientes que llegan como consulta, sean del Gobierno o no, deben contener toda la documentación que se ha generado a lo largo del procedimiento: el texto legal, la consulta pública de haberse llevado a cabo, otros informes consultivos...». Justicia fue coproponente de la ley del «solo sí es sí» junto a Interior, Política Territorial y Derechos Sociales, por lo que su informe era obligatorio.

Para sortear esta obligación, Igualdad borró ese papel de coproponente que tenía la entonces cartera de Campo cuando le tocó describir la tramitación y consultas a las que había sometido al texto durante sus dos primeras versiones. «Asimismo, en calidad de coproponentes, en virtud del artículo 26.5 párrafo cuarto de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se han recabado los siguientes informes: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, informe emitido el 24 de julio de 2020. Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Informe emitido el 2 de septiembre de 2020. Ministerio del Interior. Informe emitido el 11 de septiembre de 2020», recoge la memoria redactada por Igualdad, enviada a los órganos consultivos y al Congreso, citando exclusivamente a los otros tres ministerios coproponentes.

El departamento de Irene Montero tampoco señaló la existencia de informe alguno de Justicia entre los realizados por los otros 17 ministerios no coproponentes durante la primera y segunda versiones del anteproyecto. «Además, por considerarse conveniente para garantizar un mayor acierto de la norma, en virtud del artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se solicitó informe al resto de departamentos ministeriales», continuó Igualdad, señalando uno a uno a los 17 ministerios restantes. Ante esa formulación en el cuerpo de la memoria, el Consejo de Estado no echó de menos las alegaciones técnicas de Justicia. No obstante, a Igualdad se le olvidó borrar ese papel de coproponente de la ficha abreviada de la memoria, donde hoy sigue constando.

Justicia fue así la única cartera no citada por Igualdad en su relato de cómo se tramitaron las dos primeras versiones de la ley, a pesar de que, posteriormente, Unidas Podemos le ha cargado la responsabilidad por la rebaja de las penas a agresores sexuales. «No solamente estuvo, no solamente propuso y ratificó, y consideró que no había ningún problema y no iba a suceder lo que está sucediendo, sino que tenía una responsabilidad especial en las penas», aseguró el pasado mes de noviembre la portavoz de Podemos Isa Serra, también asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado mes de noviembre. «Las penas definidas las define especialmente y fundamentalmente el Ministerio de Justicia, es su responsabilidad cuando hay un cambio en el Código Penal», abundó, citando que hubo «cambios» de Justicia en la redacción del proyecto.

Frente a ello, la labor que tuvo Campo en esa ley ha quedado prácticamente en el limbo. En el resto de su relato para la memoria, el departamento de Irene Montero solo reconoce un informe «final» de Justicia, pero emitido el 17 de mayo de 2021, más de un año después de las alegaciones que provocaron la bronca entre Iglesias y Campo. Ese último informe se produjo porque Igualdad pidió a todos los ministerios que redactaran alegaciones finales.

De este modo, se da el sinsentido de que en la memoria de la ley solo consta un informe de Justicia, mientras figuran tres realizados por el ministerio de Inclusión sin ser coproponente o dos realizados por carteras tan lejanas a la materia como las de Asuntos Económicos o Hacienda. Los otros tres coproponentes (Interior, Derechos Sociales y Política Territorial) también tienen dos informes reconocidos, al igual que otras carteras como Universidades y Educación.

Los juristas consultados por ABC subrayan que ocultar informes al Consejo de Estado no es inconstitucional pero sí es un defecto de tramitación. En este caso, otro más ya que Igualdad también se saltó la obligatoria consulta pública -algo que fue duramente reprochado por el órgano consultivo-, y ocultó al Congreso el grueso de las objeciones que recibió el anteproyecto de la ley del 'solo sí es sí' a lo largo de los 71 informes que acabaron emitiendo ministerios, instituciones y organizaciones sociales. Tres defectos de tramitación y los tres en la misma línea de sortear las exigencias legales para actuar con opacidad.

Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, destaca que los ministerios proponentes «tienen que enviar las alegaciones de todos los ministerios, y más si son coproponentes». En este sentido, José Manuel Vera, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, pone el foco en las consecuencias políticas de la maniobra. «Supone un hito más en el desprecio al procedimiento legislativo y un paso más en la crisis institucional que ningún Gobierno debería permitir y mucho menos potenciar».

Por su parte, Rafael Murillo caprofesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, destaca la relevancia de ocultar información a los parlamentarios por que estos deben «contar con todos aquellos informes que ayuden a un mejor tramitación del proyecto de ley» y con «la información suficiente» para poder formarse el sentido del voto. Y ello para asegurar el máximo acierto en la norma y, precisamente, intentar evitar efectos indeseados.