El «sí es sí» beneficia a más de 200 agresores en todo el país

Este fenómeno, que según sostenía el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, no iba a producirse; se ha consolidado ya en tribunales de todas las provincias españolas. Sobre todo desde que el Tribunal Supremo dejase por escrito que habiendo una rebaja de determinadas penas con la reforma, prima revisar en beneficio del reo y hacerlo además, caso por caso.

El conteo se realiza a partir de los casos que notifican a los medios los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas, siempre con la advertencia de que pueden no ser todas las dictadas, de manera que la cifra siempre es provisional y a la baja. Con esas cautelas, ayer se computaban ya 203 agresores y abusadores sexuales beneficiados por rebajas, la mayoría aplicadas sobre las condenas que estaban cumpliendo pero en otros casos, en las sentencias que se han dictado a la luz de la nueva ley dejando claro que la pena se atenúa consecuencia de la misma. El salto se produjo después de que se notificasen tres sentencias de Canarias y una más de Asturias. En las islas, en realidad, las condenas rebajadas son siete hasta la fecha y el resto, resoluciones que aplican las nuevas penas por ser más favorables al acusado.

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Elena Calvo

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Por comunidades autónomas, donde más casos se han registrado es en el País Vasco, con un total de 35 abusadores o agresores sexuales beneficiados. Suman 21 en Galicia, sentencias de nueva ley incluidas, y llegan a 20 en la Comunidad de Madrid y en Andalucía.

En la cifra de esta comunidad cuenta una resolución dictada en Melilla, pues la jurisdicción depende del Tribunal Superior de Justicia Andaluz. Es la primera que se firma en la ciudad autónoma por el 'sí es sí' e implica directamente una absolución. Se trata de un hombre que fue condenado a tres años y medio de cárcel por «corrupción de menores»: mantuvo relaciones sexuales con una menor acogida que tenía 17 años habiendo cumplido él los 65. El tribunal ha aceptado de oficio que se ha despenalizado este delito porque ahora, cabe consentimiento para las relaciones sexuales a partir de los 16 años, así que le ha absuelto. Algo parecido ocurrió con el primer caso notificado de rebaja, que se firmó en Madrid el mismo día que entró en vigor la ley y restaba los cinco años de cárcel que habían impuesto a un profesor por abusar de tres alumnos de 16 y 17 años. Les pagaba para que se dejasen tocar.

En Baleares el recuento también va subiendo y ya son 18 resoluciones, según el balance de Europa Press. Le siguen Castilla y León con 16 casos y la Comunidad Valenciana, que ha comunicado hasta 15. Asturias, como Canarias, está en la docena. Y ya por debajo, Extremadura (8), Cantabria (7), Cataluña (5), Murcia (2), La Rioja (2) y Aragón (2). En Castilla La Mancha, como en Navarra, sólo ha trascendido un caso.

Hay que sumar a este recuento la media docena de pronunciamientos del Tribunal Supremo que impactaron en resoluciones de diversas provincias. La primera resolución, la más esperada, versaba sobre el recurso contra sus condenas que habían presentado los dos condenados del caso 'Arandina'. En aquel momento, en plena polémica por el goteo de revisiones a la baja, el Gobierno puso el foco en el Alto Tribunal dando a entender que podría fijar doctrina. La resolución elevó las penas de los condenados, pero dejó claro que pudo haberla subido más de no haber entrado la reforma de la ley en vigor. Fue en aquella resolución en la que estableció que habría de verse caso por caso porque la clave no está sólo en el número de años que se han impuesto al condenado y que podrían caber en la horquilla de penas tras la reforma legal. La clave es en concepto de qué se impusieron esas penas: si lo fueron por constituir la mínima posible o acercarse a esa barrera, habrá que rebajarla porque el mínimo ha descendido.

Mientras el goteo persiste en todo el país, el conato de ajustar la ley que introdujeron el PSOE y Unidas Podemos sirviéndose del proyecto que derogó la sedición no parece tener ningún efecto jurídico, como avanzaron en su día los expertos. Introdujeron un cambio en la exposición de motivos declarando que las disposiciones adicionales que contenía la reforma de la sedición y la malversación eran extrapolables a todas las leyes. Pero ni la exposición de motivos tiene fuerza de ley, porque es un mero resumen de la motivación de la norma que introduce, ni tampoco se aplican disposiciones de unas leyes a otras, como decían los juristas.

Los criterios de la Fiscalía tampoco frenaron en seco el contador, aun oponiéndose a rebajas cuando la misma pena sea posible, porque el problema es la bajada de los mínimos y rige el principio constitucional de aplicar al reo la ley más favorable.

Mientras, en Igualdad el discurso se centra en pulseras telemáticas para proteger a las mujeres cuando sus agresores son excarcelados, aunque son los jueces quienes deben imponer esa medida en el contexto de penas accesorias como la de alejamiento.