Los socios atenazan a Sánchez entre la presión y el escepticismo

Por eso, cuando Sánchez dijo el 29 de abril que se quedaba en el cargo y anunció una campaña de 'regeneración democrática', la euforia se desató entre unos socios que llevan años denunciando un supuesto 'lawfare' –guerra sucia judicial– que el PSOE asume cada vez con más naturalidad. Sumar, ERC, Junts, Bildu y Podemos presionan al jefe del Ejecutivo para que traduzca sus palabras en hechos con dos focos principales: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los medios de comunicación. El PNV, que es más reacio a ese marco, echó esta semana un jarro de agua fría al advertir que no apoyará una rebaja de las mayorías para nombrar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Al margen de eso, esa excitación inicial de los socios se ha ido traduciendo en escepticismo cuando, con el paso de las semanas, el jefe del Ejecutivo no ha trasladado ninguna propuesta concreta a la opinión pública. Ni siquiera el ultimátum al PP para renovar el CGPJ ha impresionado a los aliados de Sánchez, según las fuentes consultadas por ABC. Este periódico ha conversado al respecto con dirigentes de ERC, Bildu y Podemos y el análisis que hacen es muy similar.

«El Gobierno lleva diciendo lo mismo meses», comentaba esta semana un diputado de Bildu. «Ya lo ha dicho muchas veces», coincidían desde Podemos, desde donde algunas voces añaden:«No creo que se atreva a hacerlo sin el PP».

En la formación de Ione Belarra tienen muy presente lo que sucedió la legislatura pasada, cuando el PSOE, forzado por la presión de la Unión Europea, retiró la proposición de ley que habían registrado ambos partidos conjuntamente para reducir las mayorías necesarias para renovar los vocales del CGPJ, cuyo mandato lleva caducado más de cinco años. Ahora, el presidente se inclina hacia dejar al órgano de control de los jueces sin capacidad de hacer nombramientos en la cúpula judicial –de forma permanente y no solo en funciones, como ya hizo la legislatura pasada–, pero no hay concreción. «Algo tiene que hacer», dice un diputado de ERC, en la línea que expresó el portavoz de su grupo parlamentario, Gabriel Rufián, en la última sesión de control al Gobierno. «Más allá de enviar cartas, que está bien, tienen el BOE. Votemos aquí vocales del CGPJ», dijo el independentista a Sánchez.

Minutos después, en RTVE, el presidente lanzó su ultimátum al PP. Un órdago del que incluso sus socios desconfían, porque no creen que sea capaz de acometerlo. Las dos claves de la legislatura, analiza un socio del Ejecutivo en privado, son lo que suceda en Cataluña –en función de si Salvador Illa (PSC) consigue ser 'president'– y si el Gobierno logra superar su fragilidad parlamentaria y sacar adelante unos presupuestos en diciembre. «Si a Sánchez le hubiese ido mejor en las europeas, a lo mejor anticipaba elecciones, pero es muy arriesgado con el resultado que ha tenido ahora».

El «género epistolar» al que se ha abonado el presidente, ironizan sus aliados parlamentarios, no es suficiente. De hecho, varias de las fuentes consultadas coinciden en que la falta de propuestas sólidas, tanto para terminar con el bloqueo del CGPJ, lo que en su opinión es sinónimo de combatir frontalmente el supuesto 'lawfare', como para batallar la 'pseudoprensa', es sinónimo de que las misivas de Sánchez respondían únicamente a motivaciones electoralistas.

El movimiento de Sánchez, eso sí, ha servido a muchos de sus socios para legitimar algunas de sus propuestas sobre la Justicia y la prensa. Podemos ya ha registrado varias en el Congreso. Y es que cuando el presidente da un paso en la dirección que quieren, sus aliados le piden dos más.