Plataforma por la división

El festival de la Porta Ferrada, creado en 1958, el más antiguo de su categoría en España, desmentía «la comparativa que nos describe como uno de los festivales más subvencionados es del todo incorrecta» y lamentaba «el poco rigor del estudio»: de los 34 conciertos, 30 son cantados; y, de estos, diez se expresan en catalán, el 30% del cartel. Las otras 15 propuestas son instrumentales y un 25% de los compositores, catalanes. Más del cincuenta por ciento de los artistas participantes son catalanes.

Esta es una de tantas intromisiones de Plataforma per la Llengua en el espontáneo devenir de la Cataluña real. Fundada en 1993 como una facción de la independentista Crida a la Solidaritat y autodenominada «la ONG del catalán», acecha con su impronta censora al bilingüismo so pretexto de preservar la lengua catalana y promover lo que entiende como «cohesión social». La Plataforma que incentiva la denuncia contra los catalanes lingüísticamente incorrectos recibe más de medio millón de euros del erario autonómico.

Para conectar una lengua con sus potenciales hablantes resulta más útil priorizar la seducción sobre la imposición. Así sucedió en los 60 y 70 cuando Llach, Serrat o Raimon congregaban multitudes en el resto de España que tarareaban sus canciones en catalán. Todo empezó a cambiar con el pujolismo y sus métodos «reeducativos» que han culminado en las campañas de esta Plataforma por el monolingüismo. 

La inmersión lingüística se remonta a 1983 y se reafirma cuando Miquel Reniu sustituye a Aina Moll en la Dirección General de Política Lingüística. Ante una izquierda acomplejada –léase PSC y PSUC– por no ser catalanista 'pata negra', Reniu impulsó en 1992 el decreto que consagró el catalán como «lengua propia» de carácter «vehicular» en la educación. El nominalismo, aceptado por una progresía que identificaba lengua catalana con antifranquismo, no era un retórico brindis al sol.

Como apunta Xavier Pericay en 'Filologia catalana' (Destino) la administración pujolista «fue tejiendo una trama de adeptos que solo se puede tejer en las sociedades donde la separación entre el ámbito público y el ámbito privado es una pura entelequia». La Generalitat engrosó «por un lado, su ejército de funcionarios normalizadores y, por otro, su partida de subvenciones a entidades de toda laya comprometidas con la lengua».

Entidades disfrazadas de sociedad civil existen gracias a la respiración asistida del gobierno catalán: «En este mundo de la lengua, y a diferencia del resto de 'mundos' catalanes, no hubo otra cosa que militancia, militancia pura y dura», constata Pericay. El resultado de este proceso: si bajo el franquismo no se podía enseñar catalán en la escuela pública, en la Cataluña nacionalista de los últimos 40 años «los inmergidos sin contemplaciones son los niños con el castellano como lengua materna».

El espíritu de Plataforma se reafirma en el manifiesto Koiné cuando demoniza a los emigrantes que arribaron a Cataluña desde otras regiones de España: «El régimen de Franco completó en dos generaciones este proceso de bilingüización forzosa mediante la represión política y jurídica del uso del catalán, la enseñanza obligatoria y la extensión de los nuevos medios de comunicación, ambos absolutamente en castellano, y la utilización de una inmigración llegada de territorios castellanoparlantes como instrumento involuntario de colonización lingüística».

El farragoso manifiesto confirmaba las declaraciones de la actriz Montserrat Carulla al tratar a los emigrantes cual peones de Franco: «Aquel hombre en los años 60 nos envió a mucha gente, cargó trenes con gente, para ver si de alguna manera nos diluía. Porque él quería a Cataluña, pero quería una Cataluña castellana». Anna Erra, actual presidenta del Parlament es otra cruzada de la causa. En 2020 exigía «poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana». O Jaume Fàbrega, aquel mediocre profesor de arte que se apuntaba a apedrear la casa de la familia que pidió docencia en castellano en la escuela de Canet de Mar y el TSJC ordenó impartir el 25 por ciento de las clases en castellano: «Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian», tuiteó en diciembre de 2021. «Bilingüización forzosa», «represión franquista», «colonización»… Así no se seduce, así se divide. De aquellos polvos, esta Plataforma per la Llengua… antipática.