La sedición ya no es delito en España

Antes de dar paso a la votación, ayer, el presidente del Senado, Ander Gil, criticó al Tribunal Constitucional por haber «imposibilitado el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España». La reforma se aprobó sin las disposiciones suspendidas cautelarmente por el órgano de garantías, a raíz del recurso del PP. El Gobierno había intentado colar la modificación de las mayorías parlamentarias para renovar el TC a través de una enmienda que no tenía nada que ver con el objeto de la reforma de la sedición.

La tramitación de la reforma de la sedición siguió adelante al margen de las enmiendas paralizadas, que se eliminaron del texto por decisión de la Mesa de la Cámara Alta; no obstante, el PSOE y Unidas Podemos ya están en contacto con los grupos para registrar otra proposición de ley centrada solo en modificar el TC y burlar así el recurso y el fallo.

Esta proposición de ley para derogar la sedición lleva adjuntas también enmiendas que rebajan la malversación, un texto negociado con ERC que desde el principio tuvo como objetivo encubierto la rehabilitación del líder de ERC, Oriol Junqueras, como candidato electoral -siempre, eso sí, que los jueces coincidan en la interpretación que hace el independentismo de la nueva ley-. Ayer, los 113 senadores del PSOE y sus aliados independentistas de ERC, Bildu, PNV y algunos minoritarios se impusieron en el Senado con 140 votos a favor frente a los 118 en contra de Partido Popular, Vox y Ciudadanos y las tres abstenciones.

Por muchas veces que el presidente Sánchez repita que todo este asunto también tiene como misión homologar nuestro Código Penal a los estándares europeos, en la otra mitad de su propio Gobierno insisten en desenmascarar al PSOE constantemente. Pablo Iglesias, que fue vicepresidente y líder de Unidas Podemos hasta el año pasado, aseguró hace unos días en la Ser que esto iba básicamente de beneficiar al independentismo.

«La reforma del tipo penal de sedición y malversación no responde a una preocupación de los grupos por el diseño de los tipos, responde a un problema político que tiene que ver con la judicialización del 'procés'», dijo Iglesias. Es la estrategia de distensión en la que siempre creyó y que él mismo le dibujó a Sánchez, lo que PSOE y -sobre todo- Unidas Podemos ha bautizado como la desjudicialización del 'procés'.

Ayer el Pleno del Senado no estuvo libre de bronca, pero el tono fue mucho más sereno y sosegado que el esperpento de griterío que se vivió en la última votación de la reforma en el Congreso, la semana pasada, donde los portavoces de PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu coordinaron sus mensajes para acusar a la oposición de «golpe a la democracia» por recurrir la ley y compararon al PP con Tejero en 1981.

PP, Vox y Ciudadanos intentaron que no se aprobara la reforma de la sedición presentando sendas enmiendas que no lograron los apoyos suficientes. Como el texto no tendrá ninguna modificación, no volverá al Congreso y en los próximos 20 días hábiles entrará en vigor.

El PP denunció ayer que la reforma supone «una traición a España» porque está redactada «al dictado» de los independentistas. Su aprobación también podría favorecer a cargos de segunda fila de ERC que en estos momentos o están acusados o siendo investigados por malversación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Durante el debate, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, denunció ayer que el Gobierno «no tiene vergüenza» por tramitar una reforma de este calado el día de la Lotería de Navidad para que pase desapercibida. «Es una actitud profundamente ilegítima presentarse a las urnas diciendo una cosa y haciendo lo contrario», reprochó Maroto, que recordó que Sánchez dijo que no indultaría a los líderes del 'procés' y lo hizo; que no derogaría la sedición y lo hizo; y que no gobernaría con Podemos y, sorpresa, hoy tienen cuatro ministerios.

En relación con la decisión del TC de tumbar las enmiendas, Maroto aseguró que «ni PP, ni el TC han dicho que no se pueda aprobar, sino que la ley ni se puede hacer ni aprobar así, es un tema de chapuza y de formas». Sin debate parlamentario y por la puerta de atrás… El senador del PSOE José María Oleaga le respondió a Maroto que el «interés» del PP es «impedir el derecho de los parlamentarios a debatir» y tener «amarrados a los jueces» por seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Moncloa confía en la desjudicialización del 'procés' para bajar la soflama soberanista, pero es un debate muy incómodo a nivel interno, con Javier Lambán y Emiliano García-Page, barones socialistas de peso, arremetiendo con dureza contra Sánchez. Se borra el delito de sedición y se crea uno nuevo de 'desórdenes públicos agravados'.

Se pasa de penas de hasta 15 años de prisión a un máximo de cinco años de prisión y entre seis y ocho de inhabilitación. Y también se castigará ahora tres tipos de malversación. La clave para Junqueras y la 'infantería del procés' está en la redacción del tercero: relativo a la malversación sin lucro personal. Se penará con 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 años de inhabilitación.

Pero hay un matiz al que se agarran en ERC para que se revise la sentencia de su líder. Si no hay «daño o entorpecimiento grave del servicio al que estuviere consignado» ese patrimonio, se penalizará con un máximo de tres años de inhabilitación y una multa de entre 3 y 12 meses. El senador de Cs Miguel Sánchez tiró ayer de ironía a pesar de su malestar: «Los ganadores de la lotería hoy, son los sediciosos y los corruptos».