Sánchez sube la apuesta del boicot contra Israel

La proposición, una vez atado el apoyo del PSOE, quedaba en manos de la derecha nacionalista -y, sobre todo, de Junts, habitual piedra, junto con Podemos, en el zapato del Gobierno de PSOE y Sumar-, que dio su brazo a torcer a cambio de exigir que no se convierta en un «aquelarre partidista y demagógico». El texto de la norma prohíbe «toda venta, suministro, transferencia o exportación que tenga como destino directo o indirecto» el territorio de un Estado que haya sido «demandado ante un Tribunal Internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España [...] por la comisión de un crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad [...]». Algo que también afecta a materiales policiales y antidisturbios, incluyendo piezas de repuesto y combustible militar.

La ley, que da su primer paso, incorpora, además, un protocolo específico para que el Ejecutivo español pueda inspeccionar la carga de los buques y aeronaves que pasen por nuestro país con destino a Israel y habilite la incautación de material militar. Asimismo, da pie a la «revocación y consecuente pérdida inmediata de vigencia de todas las autorizaciones ya concedidas que estén vigentes en el momento de la declaración del embargo, así como la prohibición de otorgar nuevas autorizaciones».

«Hoy se sigue facilitando la exportación e importación a Israel. Si por la mañana se dice una cosa y por la tarde, otra, lo que pareciera valiente comienza a ser falaz e hipócrita», denunció el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, arremetiendo contra un Ejecutivo del que su coalición también forma parte y quejándose de que esto pudiera haberse formalizado ya «con voluntad política» en el Consejo de Ministros. «Es muy interesante que el Gobierno diga que no compra ni vende armas al mismo tiempo que presenta una ley para que se haga un embargo de armas», afearon al socio minoritario del Ejecutivo desde Podemos, cuya líder, Ione Belarra, tachó de «hipocresía supina» que Interior cancele un contrato de balas israelíes mientras «mantiene hasta diez en las mismas condiciones por más de 800 millones».

Casi a la misma hora en la que el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, anunciaba el voto a favor de su grupo a la reforma de la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reunido en Bruselas con sus homólogos de la Unión Europa, impulsaba en el ámbito comunitario, y junto a otros 16 países, la ruptura de los acuerdos con Israel. El jefe de la diplomacia española declaró que «el tiempo de las palabras ha terminado» porque van «ya demasiados meses» con «declaraciones» y «peticiones». «Lo que está ocurriendo en Gaza es demasiado grave», afirmó.

«La posición de España es muy clara: ha terminado el tiempo de las palabras», insistió Albares. De ahí que pidiera ante sus socios europeos una revisión del artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que indica que la relación entre la UE e Israel tiene que estar basada en el respeto de los derechos humanos. La propuesta de usar esta cláusula para suspender el acuerdo a causa de graves violaciones de los derechos humanos fue lanzada inicialmente por Países Bajos junto a los países que Israel llama «sospechosos habituales», que son España, Irlanda, Eslovenia y Francia. Después de una larga e intensa discusión, los países que tradicionalmente apoyan a Israel, que son Letonia, Alemania, Italia, Croacia, Bulgaria, Hungría, Lituania y la República Checa, aceptaron que se pusiera en marcha el artículo 2 y que la Comisión -como lo describió la alta representante, Kaja Kallas- «haga el ejercicio de revisar el acuerdo» mientras se pide a Israel que ponga fin al bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza.

Simultáneamente, en Madrid, la portavoz del Gobierno y no en vano ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, abría la puerta a una eventual exclusión de Israel de las competiciones deportivas internacionales, como ya se hizo en 2022, tras la invasión de Ucrania, con Rusia. Ella misma recordó, en su comparecencia semanal ante los medios después del Consejo de Ministros, la expresión empleada por Sánchez 24 horas antes, la de que en cuestión de derechos humanos no puede haber «dobles estándares». Traducido: Israel merece ser excluido, por la ofensiva sobre Gaza que ya se ha cobrado decenas de miles de muertos, de los mismos lugares que lo fue en su día la Rusia de Vladímir Putin.

Todo ello a pocos días del encuentro bilateral que Sánchez mantendrá en Turquía el próximo viernes con el presidente de aquel país, Recep Tayyip Erdogán, para abordar con carácter preferente la crisis en Gaza, como ya hizo el jefe del Ejecutivo la semana pasada en la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, en ambas ocasiones tratando de reforzar sus alianzas internacionales en contra de Netanyahu.

Naturalmente, una cosa son los gestos públicos, especialmente intensos esta semana, y otra el verdadero alcance futuro de las medidas adoptadas. El boicot a Israel en Eurovisión deberá contar con el acuerdos de los organizadores del certamen musical en todo el continente; la iniciativa parlamentaria que este martes superó su primera votación debe culminarse aún; sacar a Israel de las competiciones deportivas -como se hizo con Rusia- solo será posible si lo impulsan organismos como el Comité Olímpico Internacional (COI) o la FIFA en el caso del Mundial de fútbol, aunque llegado el caso el Gobierno lo apoyará y por último, pero no menos importante, la revisión de los acuerdos de la UE con Israel, como cualquier asunto comunitario, no es un asunto fácil de concretar. E incluso por encima de todo eso estaría una ruptura total de las relaciones diplomáticas con Israel, posibilidad que en la Moncloa se contempla con cautela.