El blindaje de Sánchez a García Ortiz tras su imputación dinamita la apertura del año judicial

Tanto es así, que a veinticuatro horas de la apertura de los Tribunales hasta el pacífico y consensuado Consejo General del Poder Judicial ha saltado por los aires poniendo de relieve la división entre los bloques conservador y progresista de un CGPJ de cuya despolitización presumían Bolaños y Pons hace apenas un año.

Asociaciones de jueces y fiscales y vocales del CGPJ han entrado de lleno en la polémica que ha originado la presencia de García Ortiz con sendos comunicados y un denominador común: la petición al fiscal general de que se abstenga de asistir e intervenir en el solemne acto que se celebra hoy en Supremo para no comprometer la imagen del Poder Judicial.

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Nati Villanueva

Como ha informado ABC, el movimiento de la carrera se palpaba desde el día anterior en los corrillos posteriores a la toma de posesión de los nuevos presidentes de Sala del Alto Tribunal, en los que la indignación era ya visible y sólo faltaba por concretar cómo se traduciría la iniciativa en cuestión y constatar personalmente que los promotores, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), contaban con apoyos suficientes para formular una petición que se desvincula de cualquier ideología y se pretende enmarcar en la estricta defensa del Estado de derecho.

A primera hora de la mañana se ha hecho público así el comunicado conjunto de las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales (AF), junto con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en el que mostraban su «rechazo» a la presencia en este acto de García Ortiz. «Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad», han apuntado.

Los jueces y fiscales consideran que efectivamente hay que respetar la presunción de inocencia del fiscal general, que «será debidamente amparado ante los tribunales», pero «el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos». De ahí que emplazaran al fiscal general a no asistir al acto.

Pese a que en los últimos meses la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria siempre ha ido de la mano de las demás asociaciones en defensa del Estado de derecho, en esta ocasión no lo ha hecho porque, según dice su portavoz, aunque son «plenamente conscientes» de que la imagen de un fiscal general del Estado procesado «daña la imagen» de la Fiscalía, García Ortiz sigue ostentando el cargo y «conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne (...). Mientras no exista una resolución que implique su cese o inhabilitación, se encuentra habilitado para ejercer sus funciones», dice.

Entiende Oliva que «no corresponde a las asociaciones» condicionar su presencia en un acto institucional de esta naturaleza, ni «vincular la figura del Jefe del Estado a una petición de exclusión que carece de cobertura legal (...) No resulta conveniente utilizar la presencia de S.M. el Rey como argumento para instar al fiscal general a no asistir a un acto en el que la ley le reconoce su lugar institucional».

Poco después de hacerse público este comunicado ha trascendido la carta que los diez vocales del CGPJ propuestos por el PP habían enviado a su presidenta, una misiva que suscribían a nivel individual y en la que transmitían a Isabel Perelló su preocupación por que García Ortiz «tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes».

En la línea del comunicado de jueces y fiscales, los vocales tampoco ponen en duda en su escrito la presunción de inocencia del fiscal general, pero sí resaltan la coincidencia entre su condición de procesado y su intervención «en un acto de la más alta relevancia constitucional», lo que no resulta apropiado, pues «compromete, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones».

«Resulta difícilmente comprensible que esta situación se tolere. La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio jefe del Estado, que preside el acto», han dicho.

Se refieren también estos vocales al «contexto político de extraordinaria tensión» generado por las «acusaciones genéricas» de Sánchez contra los jueces y que reiteró al día siguiente en la prensa internacional (en el británico diario 'The Guardian'), «poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función». Teniendo en cuenta que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se pronunció en este mismo sentido al día siguiente no lo consideran merecedor de ocupar un asiento en estrados con los más altos representantes del Poder Judicial.

Para el bloque conservador del Consejo tales afirmaciones «no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de derecho». «Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo».

Por todo ello, han instado a Perelló a que traslade al fiscal general «la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias» y que se visibilice «nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y e respeto entre los poderes del Estado». Asimismo han pedido que se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, «a efectos de la adecuada coordinación institucional».

Nada más hacerse pública esta carta, entraba en escena el otro bloque, el llamado progresista. Nueve de sus diez vocales, los propuestos por el PSOE (el décimo, que se ha mantenido al margen es de Unidas Podemos) han firmado un escrito en el que apoyan la presencia de García Ortiz en el acto. En él aseguran que quieren «trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia» que marca el inicio del curso judicial.