Sánchez y Feijóo cierran el primer gran acuerdo de PSOE y PP en una década

Si nos ceñimos al ámbito jurídico, habría que remitirse al pacto por la justicia de hace dos décadas, con José María Aznar en La Moncloa y José Luis Rodríguez Zapatero como líder de la oposición, y en términos más generales no se recuerdan acuerdos de este calado seguramente desde la reforma del artículo 135 de la Constitución sobre la estabilidad presupuestaria, en 2011, ya con Zapatero en el poder y Mariano Rajoy ejerciendo la oposición. La situación política ha cambiado mucho desde entonces, sobre todo por la fragmentación inédita del escenario parlamentario hace una década, con la aparición de nuevos actores como Podemos y Ciudadanos, entonces, y más tarde Vox, ahora la tercera fuerza del Parlamento.

Es verdad que ha habido otros momentos de entente entre populares y socialistas, como el acuerdo en 2017 para aplicar por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución, después del referéndum ilegal y la declaración de independencia en Cataluña, aunque en este caso más marcado por una coyuntura histórica excepcional. El acuerdo se alcanzó con Rajoy en la Presidencia y Sánchez ejerciendo como jefe de la oposición. Mucho más recientemente, este mismo año, se produjo la modificación por acuerdo del artículo 49 de la Constitución, que elimina el término 'disminuidos' y lo sustituye por el de 'personas con discapacidad', aunque en este caso la negociación no tuvo excesivas complejidades de fondo al haber acuerdo desde el principio entre los dos grandes partidos, y en el resto del arco parlamentario, con la salvedad de Vox.

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A. Cabezas e I. Vega

El pacto ha sido firmado con toda solemnidad en el edificio del Consejo Europeo, donde la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová ha ejercido de anfitriona. Posteriormente, Pons y Bolaños han comparecido de manera sucesiva, aunque no conjunta. Y ninguno ha perdido el tono de guante blanco y de satisfacción por el acuerdo. Pons ha agradecido a la Comisión su tarea de «supervisión del Estado de derecho en los distintos Estados miembros». «El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea, y para el Partido Popular es muy importante contar con esta garantía». Sin ella, ha dicho, no lo habrían firmado.

Bolaños ha hablado de «un gran día para la Justicia en España, porque se recupera la normalidad institucional en un poder como es el Poder Judicial», y ha querido enfatizar: «También demostramos que las crisis más graves, que los desacuerdos más profundos, se pueden resolver gracias al acuerdo, a la negociación y al entendimiento entre partes que son diferentes».

Fuentes de la dirección del PSOE muestran su confianza en que el pacto «contribuya además a mejorar el clima político del país, al subrayar la utilidad de la política útil basada en el diálogo y los acuerdos, totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha», a la que por primera vez en más de un año no vinculan con el PP.

Desde Génova, mientras tanto, se enfatiza que «los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al Plan de Calidad Institucional presentado por Alberto Núñez Feijóo en Cádiz en enero de 2023». «Estarán incorporados a la nueva ley, pero serán de obligado cumplimiento ya para la presente renovación de los integrantes del Consejo», concluyen fuentes populares, que además aseguran haber conseguido la mejora del sistema y la merma del control político del órgano de gobierno de los jueces, precisamente los objetivos que el primer partido de la oposición se fijó de antemano.

Los populares habían insistido en determinadas reglas preventivas para evitar un sesgo político tanto en los magistrados del Tribunal Supremo (TS), incluido su presidente, como en los vocales del CGPJ. Y así la proposición de ley conjunta con el PSOE establece un aumento a veinte años del tiempo de ejercicio en la carrera judicial que deberá acreditar un determinado magistrado para formar parte del TS, y la situación de excedencia para aquellos que se presenten como candidatos en listas electorales o sean elegidos para altos cargos institucionales.

En cuanto a los vocales del CGPJ, la reforma establece que no podrán ser elegidos en el turno de juristas de reconocido prestigio (ocho de los veinte vocales) quienes durante los cinco años anteriores hayan sido ministros, secretarios de Estado o consejeros de algún Gobierno autonómico, así como alcaldes o simplemente parlamentarios por alguna cámara, tanto en las Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos o en el Parlamento Europeo. E igualmente, el nuevo CGPJ salido de la reforma pactada entre populares y socialistas solo podrá adoptar por mayoría cualificada determinados nombramientos, como los de presidentes de audiencias provinciales o la del magistrado del TS competente específicamente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI.

Idénticas incompatibilidades se establecen para la figura del fiscal general del Estado, en un apartado de la norma claramente enmendadora de nombramientos realizados por Sánchez, singularmente el de Dolores Delgado, quien pasó sin solución de continuidad de ser su primera ministra de Justicia en 2018 a ser nombrada fiscal general dos años después.

La proposición de ley negociada entre el Gobierno y el PP introduce además una disposición final que apunta directamente al cambio en el sistema de nombramiento de los propios vocales, que los de Feijóo defienden que en el caso de los doce miembros del CGPJ provenientes de la carrera judicial se haga por los propios jueces.

Dicha disposición establece que en un plazo de seis meses después de la entrada en vigor de la reforma el nuevo CGPJ elaborará un informe con una propuesta concreta para la elección futura de esos doce vocales que son jueces o magistrados, que «garantice su independencia» y que «pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos».

Es cierto que la elección directa de esos doce vocales por los propios jueces es algo ante lo que se sigue mostrando receloso el PSOE y el propio Gobierno, pero ese texto abre la posibilidad al cambio, pues además establece que el informe eventual del CGPJ deberá traducirse en un proyecto de ley del Gobierno o en una nueva proposición de ley (se entiende que de nuevo conjunta entre los dos grandes partidos) para acometer esa reforma en el sistema de elección.