Sánchez y Aragonès reactivan la negociación, pero se contradicen en los objetivos

En esa mesa justo antes de agosto, a la que no asistirán esta vez los presidentes, se abordarán cuestiones muy distintas si se escucha al Gobierno, cuya versión de la reunión la ha dado después de la misma la portavoz, Isabel Rodríguez, o si se hace caso a lo que ha dicho Aragonès, que como es habitual por parte de los nacionalistas catalanes ha evitado comparecer en la sede de la Presidencia del Gobierno para hacerlo en la librería Blanquerna de Madrid, sede de la delegación de la Generalitat en la capital de España.

El presidente autonómico catalán ha presumido de contar con el visto bueno de Sánchez para abordar la «desjudicialización» de las demandas independentistas. Rodríguez, por su parte, y en respuesta a preguntas de los informadores, ha negado incluso que ambos dirigentes hablasen durante casi dos horas, a solas, ni un solo minuto sobre la decisión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) favorable a la extradición a España del exconsejero de Cultura Lluís Puig, y que podría tener consecuencias directas también para el fugado de la Justicia, eurodiputado y expresidente catalán, Carles Puigdemont, conocida esta misma semana, o sobre la reforma del delito de sedición, por el que fueron condenados, y luego indultados, los responsables de la declaración unilateral de independencia y del referéndum de 2017.

Aragonès, frente al mensaje de Rodríguez –que ha rebajado el contenido político del encuentro y ha dicho que «la máxima preocupación de los catalanes y catalanas es la situación económica y los precios»–, se ha mostrado satisfecho por lo obtenido en la reunión con Sánchez. Básicamente: haber acordado que en el encuentro de finales de mes se aborde «el fin de la desjudicialización del conflicto para llegar a los primeros acuerdos parciales» en relación a este tema. Así, el presidente autonómico catalán ha confirmado, ante la prensa, que su visita a La Moncloa ha servido para ratificar «el acuerdo marco» que impulsaron la semana pasada el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, imprescindible para los independentistas con el fin de «restaurar la confianza» entre los dos Gobiernos.

El máximo representante de ERC, con el permiso de Oriol Junqueras, ha dejado claro igualmente: «Abordar la desjudicialización es imprescindible, pero mientras la ciudadanía de Cataluña no tenga la libertad de decidir el futuro del país estaremos lejos de resolver el conflicto». Por ello ha reconocido que el objetivo último de la mesa de diálogo es que se aborde la celebración de un referéndum de secesión.

Además, el presidente de la Generalitat ha indicado que, tras salir de La Moncloa, ha comunicado a Junts, socios de ERC en el Govern y escépticos del diálogo entre Gobiernos, el resultado de la reunión con Sánchez, pero no ha señalado la respuesta que había recibido de sus socios. «Respeto sea cual sea su decisión, a la vez que reafirmo mi convicción en la vía del diálogo y la negociación», ha dicho. Previamente, Rodríguez ha pedido, públicamente, que el encuentro de finales de este mes cuente con representantes de las cuatro formaciones políticas que integran los dos Gobiernos: PSOE, y Unidas Podemos, por un lado; y ERC y Junts, por el otro.

El último encuentro entre Sánchez y Aragonès se produjo hace casi un año, el pasado septiembre, cuando se entrevistaron de manera bilateral en la sede de la Generalitat en Barcelona, como previa de la reunión de la mesa de diálogo que se retomaba después de más de un año, pues el primer encuentro se produjo en 2020, antes de la pandemia y todavía con Quim Torra como presidente. La de julio será la tercera edición de esa mesa bilateral, en los dos años y medio que dura ya la legislatura, impulsada gracias a la decisiva abstención de ERC en la investidura de Sánchez, cuando el portavoz en el Congreso de los independentistas, Gabriel Rufián, enfatizó: «Sin mesa, no hay legislatura».

Entre la reunión al más alto nivel de septiembre y la de este viernes se han producido los momentos más tensos en la relación entre ambos Gobiernos a cuenta del caso Pegasus y la confirmación por parte de la anterior directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, de que los servicios secretos intervinieron con autorización judicial los teléfonos de hasta dieciocho dirigentes independentistas, incluido el del propio Aragonès, cuando era vicepresidente catalán.

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Sobre este tema, Aragonès ha insistido este viernes en que es un caso de espionaje «muy grave» y ha advertido de que «no se resuelve con el cese de la directora del CNI», pues considera que «hay que llegar hasta el fondo». Y ha añadido que de La Moncloa se lleva el «compromiso del Gobierno español de colaborar con la Justicia» para esclarecer el caso.

En las últimas semanas, poco a poco, Bolaños y Vilagrà han ido allanando el camino del entendimiento con dos encuentros, el primero en Barcelona y el segundo ya en La Moncloa. Fue entonces cuando Bolaños dio por recuperadas las «relaciones con Cataluña», si bien no convenció a Vilagrà en sus explicaciones sobre Pegasus. Rodríguez ha asegurado, este viernes, que no ha habido cambio de posición del Ejecutivo en este asunto. Dos visiones de una misma reunión.