Puigdemont necesita la ley de amnistía antes de primavera

Esto, después de dictar la sentencia que condenó al resto de miembros de su Ejecutivo por sedición y malversación. Ahora, inmerso en la negociación con el Gobierno en funciones, el expresidente catalán apurará hasta el último momento para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicha sentencia que supuso un varapalo para su estrategia procesal.

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Puigdemont apura el plazo para recurrir la retirada de su inmunidad

Carmen Lucas-Torres

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Cuando presente el recurso, el TJUE puede tardar entre seis y ocho meses en resolver. Es decir, que la sentencia definitiva sobre su protección como europarlamentario se conocerá entre marzo y mayo, sólo un mes antes de las elecciones europeas.

Si la Justicia europea confirma que la Eurocámara le retiró adecuadamente la inmunidad, el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactivará la orden de detención europea contra él por malversación y desobediencia, los delitos por los que está procesado.

Tras conocer el fallo del pasado julio, el juez retrasó la decisión a la espera del TJUE. Por otro lado, si se confirma que la retirada de la inmunidad a Puigdemont y los consejeros de su Gobierno fugados con él de la Justicia española, Toni Comín y Clara Ponsatí, fue adecuada, fuentes de Bruselas consideran que la presidencia de la Eurocámara no tendría más remedio que retirarles las actas parlamentarias.

Un escenario -la evidencia en Europa con dos sentencias consecutivas de que el Tribunal Supremo español actuó correctamente al solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio para proceder contra ellos y la Cámara Europea lo concedió como correspondía- nada favorable para que avance la negociación entre el Gobierno y el político independentista sobre una ley de amnistía que haría borrón y cuenta nueva con el trabajo realizado por la Fiscalía y los tribunales españoles.

El TGUE concluyó que la retirada de la inmunidad como consecuencia del proceso judicial no tenía como fin perjudicar políticamente a los tres eurodiputados, puesto que los hechos que se les imputaban eran anteriores a que resultasen elegidos. Dieron por válidas las consideraciones del Parlamento Europeo en cuanto a la tramitación del suplicatorio: que se había dictado contra los demandantes unas órdenes de detención europeas, cuya legalidad había sido ratificada por los órganos jurisdiccionales nacionales; que los suplicatorios buscaban posibilitar la ejecución de dichas órdenes y que la acusación contra ellos no guardaba relación con sus funciones de diputado, sino que se refería a sus anteriores cargos en Cataluña, una acusación dirigida contra otras personas que no tenían la condición de diputado europeo.

En caso de que el TJUE ratifique la sentencia de julio contra Puigdemont y quede expuesto a la retirada de su acta y a una nueva orden de entrega a España, la negociación de la ley de amnistía sería flanco de mayores críticas. De ahí que cuanto antes se tramite, más positivo será tanto para su situación personal como para los objetivos políticos de Junts.