Luz verde al nuevo CGPJ con críticas al pacto y a la «guerra sucia» judicial

De esta forma la tribuna del Congreso volvió a convertirse en altavoz de esa campaña de descrédito contra miembros del Poder Judicial, de los que la diputada de Podemos Ione Belarra citó de forma expresa a Juan Carlos Peinado, Manuel Marchena, Pablo Llarena, García Castellón, Concepción Espejel y Carmen Lamela. Todos ellos forman parte, dijo, de una «guerra sucia del poder judicial» que ha tomado como «rehén» a la mujer del presidente. A él le emplazó directamente a romper con el PP, porque si no lo hace «no sólo le estará legitimando», sino que lo estará haciendo también con la derecha judicial que criminaliza el activismo social». «Se van a arrepentir de esta decisión», avisó a los socialistas.

Desde Junts, Josep María Cervera criticó la urgencia para tramitar esta proposición de ley cuando no la hubo en cinco años. «Aquí estamos aguantando la broma de esta reforma para reforzar la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo se atreven después de la exhibición a golpe de toga de algunos jueces que ustedes han envalentonado en los últimos años para acorralar al independentismo?», preguntó el diputado al PSOE. «¿Es esta la forma que tienen de acabar con la falta de imparcialidad de los jueces prevaricadores? Ni con correcciones técnicas ni sin ellas se soluciona el problema de fondo. Los jueces que quieran podrán seguir prevaricando con total impunidad. La Toga nostra. Pueden celebrar el pacto la renovación del CGPJ, pero lo que no sé si pueden es estar tranquilos. No cuenten con Junts».

En la misma línea Pilar Vallugera (ERC) daba un paso más allá y amenazaba: «Esta reforma nos es indiferente porque un día vamos a montar nuestro propio poder judicial, cuando tengamos un Estado, que lo vamos a tener». Habló también de «trampas», de «filibusterismo judicial». «¿Quién se puede creer a un Estado en el que no se aplican leyes aprobadas por un Congreso?», apuntó en referencia a la amnistía.

Por su parte, desde Sumar, Gerardo Pisarello sostuvo que si bien con esta renovación «se cierra el capítulo de un secuestro del PP (al CGPJ), la regeneración sigue siendo un asunto pendiente». Y ello porque «la mayoría progresista plurinacional no saldrá reforzada porque no se ha sentido interpelada en esta renovación». A su juicio, debería haberse contado con perfiles como el de José Ricardo de Prada o Victoria Rosell.

Crítico con el acuerdo pero respetuoso con los jueces fue el diputado de Vox Javier Ortega Smith, quien afeó a PSOE y PP que hayan tenido que ir a Europa a preguntar «si les parece bien el sistema de elección de vocales». «Su reparto de cuotas es indecente», dijo.

Por su parte, desde el PSOE, Francisco Aranda aplaudió el pacto aunque haya llegado cinco años después, lo que no deja de generar «desazón por el tiempo perdido y las excusas acumuladas». A su juicio, la ley supone un «refuerzo de la independencia e integridad del poder judicial» con medidas como la exigencia de una antigüedad concreta, incompatibilidades o el refuerzo de las mayorías en el CGPJ para lograr acuerdos.

En la misma línea, y aparcando sus diferencias con el PSOE en otros ámbitos, la popular Cuca Gamarra tildó la jornada«como un día muy importante para nuestra democracia, el primer paso para acabar con 40 años de injerencia del poder político en el poder judicial». «El espíritu de Montesquieu estará más presente que nunca», señaló Gamarra, para quien este acuerdo sellado en Bruselas implica un «rumbo distinto». No se «resolverán todos los problemas del Estado de derecho, pero al menos se establece un cauce».