El PSOE comienza a retratarse

Isabel Díaz Ayusoobligará a los socialistas a pronunciarse y retratarse por partida doble en la Asamblea de Madrid, con sendas iniciativas que rechazan, por un lado, la amnistía, y reclaman, por otro, un gran pacto de Estado entre el PP y el PSOE para frenar las exigencias de los independentistas. El Grupo Popular madrileño, siguiendo las directrices de Génova, registró ayer a última hora dos proposiciones no de ley, que podrían debatirse y votarse en el Pleno a principios de octubre. Las dos iniciativas se aprobarán sin problemas gracias a la mayoría absoluta del PP, pero todos los diputados de la Cámara tendrán que fijar su posición con su voto.

En una de ellas, el Parlamento regional insta al Gobierno de España a «rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito, preservando así el principio de igualdad entre españoles».

Además, reclama al Ejecutivo nacional que considere «que el Estado de Derecho es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento». Por último, pide al Gobierno que impulse «acuerdos de Estado entre los dos partidos mayoritarios que eviten que la sociedad española, y por ende la madrileña, se vea sometida a las exigencias de los independentistas o abocada a una repetición electoral».

Los populares advierten de que «en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho».

La segunda de las proposiciones no de ley se centra en la defensa de la igualdad de los españoles ante la ley. En este texto, que también deberán votar todos los diputados madrileños, se pide al Gobierno que reconozca que «España es una Nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley». También se le insta a «rechazar cualquier proyecto que trate de romper la igualdad ante la ley, o de dejar impunes actos delictivos, o permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos en cualquier parte de España, o que atente contra lo dispuesto por la Constitución española».

En la misma iniciativa se defiende «impulsar un gran acuerdo nacional que afronte los principales desafíos que tenemos: la salvaguarda de las instituciones, el Estado de Bienestar, las bases de nuestra prosperidad económica y la economía social de mercado, un pacto por las familias, un pacto por el agua, y la lealtad al Estado Autonómico».

Los populares aprovechan esta proposición para reclamar al Gobierno que proponga un modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad ante la ley y de oportunidades de todos los españoles, y que sea fruto del acuerdo entre todos. «Un acuerdo que asegure la autonomía fiscal y la solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas». Por último, defiende que se garantice un marco de financiación de ayuntamientos, diputaciones y cabildos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad.

El PP aprobó ayer en solitario, en el Parlamento de Galicia, una proposición no de ley en «defensa» de la Constitución y de la independencia del poder judicial. El BNG votó en contra y el Grupo Socialista se abstuvo. El texto, que consta de dos puntos, recoge el «firme compromiso» del Parlamento gallego a la hora de defender la Carta Magna y «los valores democráticos que se ven reflejados en su artículo primero»; así como para salvaguardar la separación de poderes y la independencia del estamento judicial, que «no puede ser usado como elemento de negociación mediante cesiones exigidas por partidos independentistas para garantizar la continuidad de un Gobierno».

Los socialistas presentaron una enmienda -no aceptada- para sustituir este segundo punto por otro donde se recogiera el rechazo a «la situación de bloqueo que está sufriendo el Consejo General del Poder Judicial», que achacaron al PP. La PNL se registró allá por el mes de enero, en plena ebullición por el intento del Gobierno de reformar la elección de magistrados del Constitucional, coincidiendo con la reforma de los delitos de malversación y sedición. Desde el PP gallego se entendía, en todo caso, que ahora, en septiembre, la PNL seguía plenamente vigente, cuando se está «mercadeando con contenidos de la Constitución» y «planeando» cómo armar una amnistía.

El rechazo del BNG, alineado con los secesionistas vascos y catalanes, era de esperar. Ayer mismo su líder, Ana Pontón, volvió a demandar un «nuevo estatus» que «reconozca» a Galicia «como nación». Pontón clama por coger el rebufo de las demandas de PNV y Junts a Pedro Sánchez. Lo llama «el tren de las naciones». El diputado Luis Bará, que el martes, al debatirse la PNL, espetó a la bancada del PP que «amen la Constitución por encima de todas las cosas», que ellos no piensan «rendir pleitesía a quien nos niega como pueblo», es el mismo que recientemente acusó a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, de querer «igualarnos por abajo» a «la Región de Murcia».

Los socialistas gallegos, más tibios al abstenerse, se retrataron igualmente. Respaldar la PNL habría supuesto contravenir a Ferraz. El diputado popular Adrián Pardo, encargado de defender la PNL, censuró que funcionen como «una sucursal de Sánchez en Galicia». Reproche que escuchan habitualmente por su contrastado seguidismo sin fisuras al líder del PSOE y a los dictados de Ferraz.

El pasado fin de semana, el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, cerraba filas, preguntado por la amnistía, apoyando «absolutamente el diálogo con cualquier formación política, dentro de la Constitución»; y reivindicando que «el PSOE siempre arriesgó en los grandes avances (...), dando pasos que inicialmente fueron controvertidos», pero «finalmente asumidos por la sociedad». Llegó a comparar la amnistía con «sentarse a hablar con ETA». El PSdeG ni siquiera rechistó cuando Ferraz ordenó, en agosto, parar las primarias para elegir candidato a la Xunta hasta que Sánchez resuelva su futuro. Ayer volvieron a plegarse a sus designios.