El PSOE carga también contra la única ley que impulsó Pablo Iglesias como ministro

La única reforma legal que concretó Pablo Iglesias durante el año largo que estuvo en el Gobierno, con la misma Belarra como número dos, fue la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, bautizada por Iglesias como ley Rodhes, por el apellido del pianista de origen británico que la inspiró.

Esta norma se aprobó en el Congreso en mayo de 2021, dos meses después de que Iglesias anunciara que dejaba el Ejecutivo para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Tras fracasar en esos comicios, se apartó de la primera línea política cuando todavía faltaban dos semanas para la aprobación definitiva de la única ley que impulsó su ministerio, en el que dejó al frente a Belarra.

Dos años después, el PSOE propone otra reforma para evitar una consecuencia perniciosa de esa norma abanderada por sus socios de Podemos en general y por Iglesias y Belarra en particular. La propuesta que los socialistas registraron este lunes en el Congreso sin Podemos para corregir la ley del 'sí es sí' recuerda que la de Iglesias elevó hasta 20 años la inhabilitación para empleos o actividades con niños y adolescentes a los condenados por delitos menos graves. Y más todavía en los casos graves, donde esa inhabilitación puede llegar a otros 20 años, por encima de la pena de cárcel. Por ejemplo, si la condena a prisión es de 8 años, la añadida de inhabilitación podría alcanzar los 28.

El aumento de esas penas accesorias implicó que estos casos dejen de ser competencia de los Juzgados de lo Penal y pasen a las audiencias provinciales, «lo que ha provocado un aumento considerable» de los asuntos que llegan a éstas, como advierte ahora el PSOE. Y eso «podría producir dilaciones en los enjuiciamientos en perjuicio de las víctimas y de su adecuada recuperación», añaden los socialistas, que han tardado dos años en darse cuenta de que es «necesario» hacer un retoque para evitar la «consecuencia indirecta» de esos retrasos judiciales que perjudican a las víctimas.

Dicha modificación, según el PSOE, pasaría por «volver a atribuir a los Juzgados de lo Penal aquellos delitos contra la libertad sexual» que venían resolviendo «hasta la entrada en vigor» de la única ley que Iglesias sacó adelante mientras estuvo en el Gobierno. Y no del todo, porque se fue antes de que se aprobara.

Para ello, el PSOE insta a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), cuyo artículo 14.3 regula qué órgano judicial asume las competencias según la gravedad de las penas a las que se enfrenta el acusado. Y, de esta forma, impedir que se saturen las audiencias provinciales con casos de violencia contra menores, lo que retrasa su resolución y, en consecuencia, perjudica a estas víctimas.

Además, la propuesta del PSOE recuerda que la ley de Irene Montero ha incurrido en este problema «en los mismos términos» que la de Pablo Iglesias, por lo que desde su entrada en vigor hace cuatro meses la competencia para juzgar todos los delitos contra la libertad sexual del Código Penal recae también en las audiencias provinciales, con la consiguiente sobrecarga para estos órganos, muy inferiores en número a los Juzgados de lo Penal. No en vano, casi el 40 por ciento de las provincias españolas solo cuentan con una única sección penal en sus respectivas Audiencias y la mayoría de ellas (11 de 19) son mixtas, por lo que también asumen asuntos civiles. En Madrid, por ejemplo, su Audiencia Provincial tiene 15 secciones de lo Penal, cuando los juzgados de esa jurisdicción en la misma comunidad son más del triple (54).

En resumen, que nadie del Gobierno, ni siquiera los tres magistrados que entonces formaban parte del mismo -Fernando Grande-Marlaska, Juan Carlos Campo y Margarita Robles, siendo además los dos primeros coproponentes de la ley de Iglesias-, cayó en la cuenta de que estas reformas de Podemos debían incluir la de la Lecrim que ahora propone el propio PSOE para evitar que saturen más todavía las audiencias provinciales de toda España. Y, lo que es peor, con el consiguiente retraso para las víctimas, menores y adultas, que esperan una respuesta de la Justicia lo antes posible.

Otro ejemplo más de lo que conlleva aprobar leyes sin tener en cuenta sus consecuencias prácticas. Y reconocido por el socio mayoritario del propio Gobierno.