Sumar pretende «sancionar y expulsar de la carrera» a los periodistas que «manipulen»

Sumar propone en su programa electoral crear un código deontológico «que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y la expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme». Además, plantea aprobar un Estatuto de la Información y crear el ‘Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA)’, que será el órgano regulador, supervisor y sancionador del sector.

Esta propuesta supone una fiscalización de la profesión periodística desde las instituciones públicas de la que siempre huyó la vicepresidenta Díaz. Además, la medida irrumpe en la campaña electoral después de que en los últimos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya asumido un discurso de demonización de los medios de comunicación no afines similar al que utilizó Pablo Iglesias desde la vicepresidencia del gobierno.

Al margen de esto, otra de las propuestas de Díaz es la creación de una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados. Así como consideran «imprescindible fortalecer el Ministerio de Igualdad». Fuentes de Sumar quieren darle «un lugar propio» a las competencias de Igualdad en contra del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que propone que las asuma Presidencia.

Prometen un permiso parental de diez semanas remunerado que mejoraría el ya aprobado por la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que era de ocho semanas sin remunerar. Por otro lado, una de las propuestas que más confusión generó ayer fue la de crear un teléfono que atienda específicamente a hombres en situaciones de crisis. Medida enmarcada en el apartado de feminismos e Igualdad. Desde Sumar explican que «hay malestares específicamente masculinos» y proponen que sea un recurso para evitar que estos problemas desemboquen en violencias contra mujeres u otros hombres.

Si bien no se ha mencionado esta mañana, Díaz lleva en su programa la ya conocida 'herencia pública universal' de 20.000 euros para «todos los jóvenes» a partir de los 18 años y cuyo cobro se haría efectivo a los 23. Se financiará a través de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, según aclaran.

Este anuncio generó escepticismo en una parte de la izquierda. El exlider de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, señaló el lunes que «no se entiende que el hijo de Amancio Ortega reciba el mismo dinero que el hijo de una peluquera de Fuenlabrada». Pero en Sumar defienden que es una medida para «todos» se apelliden Botín, Ortega, Iglesias o Rodríguez. El equipo económico de Sumar calcula que la medida tendrá un coste de aproximadamente 10.000 millones de euros al año (el 0,8% del PIB).

En el apartado de fiscalidad, el portavoz económico, Nacho Álvarez, insiste en abordar «una reforma fiscal» que el PSOE no permitió que se abordase en esta legislatura. Proponen una reivindicación histórica de Podemos: un tipo mínimo efectivo del 15 por ciento en el impuesto de sociedades y un nuevo impuesto «a los ricos» que sea permanente.

Se plantea la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del IPC anual «para mantener la ganancia de poder adquisitivo de las persona que lo cobran». Y también proponen aumentar la progresividad del IRPF. En el programa, explican: «Ampliando el número de tramos a partir de los 120.000 euros y aplicando tipos marginales crecientes: del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para las rentas a partir de los 300.000 euros».

La portavoz Jacinto ha explicado que una de las propuestas «más ambiciosas» y «esencial» es la consolidación de dos millones de viviendas sociales en los próximos diez años a razón de 200.000 viviendas de media al año. «Invertiremos el 1 por ciento del PIB», ha explicado Jacinto, para promocionar vivienda de nueva construcción, rehabilitar otros inmuebles y promoviendo que las administraciones compren vivienda ya construida. «Todo en colaboración con las comunidades autónomas», ha subrayado la portavoz de vivienda.

También apuestan en el documento por la creación de 500.000 puestos de trabajo asociados a las empresas de energías renovables a través de aumentar la inversión del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Respecto a las listas de espera de la sanidad pública, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar ya avanzó ayer que en su programa incluyen una ley para regularlas. Y proponen incorporar a los servicios públicos nuevas prestaciones como salud bucodental, nutrición, salud óptica, fisioterapia, salud mental, audioprótesis y terapia ocupacional.

Respecto a Cataluña, Sumar quiere darle un «impulso» a la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. «Hay que avanzar hacia un nuevo pacto territorial entre Cataluña y el Gobierno central mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo», señalan en el documento. Un acuerdo en esa mesa de dialogo que, insisten, «debe ser votado por la ciudadanía de Cataluña». Y apostillan: «Cataluña es la única comunidad que se rige por un estatuto que no ha sido votado por la ciudadanía y no es fruto de un pacto entre gobiernos».