Este es el programa electoral de Sumar y Yolanda Díaz para las elecciones generales

Defender el poder adquisitivo frente a los efectos de la inflacción. Impulsar la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios.

Establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles y transormar en una política de transporte permanente la reducción del precio de los abonos de transporte.

Impulso de política industrial para la transformación económica, promover un proceso de reindustrialización en España e implementar un plan nacional de transición energética.

Creación del Banco de Inversión pra la Nueva Economía (BINE), para impulsar la inversión pñublica y privada en España.

Limitar el poder de los oligopolios, combatir la concentración excesiva, promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas, abaratar el precio de la electricidad y luchar contra la pobreza energética.

Implementación de un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente.

Aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Derecho a la salud: actualizar el Sistema Nacional de Salud, blindando su universalidad, rediseño del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o aumentar la inversión sanitaria pública.

Incorporar a los servicios sanitario públicos nuevas prestaciones como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia.

Fin de la precariedad del personal sanitario: mejora de sus condiciones laborales, actualizando la categoría profesional, dentro de un marco de trabajo cooperativo que ponga al paciente en el centro. Ampliación de las plazas de formación de medicina, enfermeróa y psicología en las universidades públicas

Puesta en marcha de un Plan de Choque en Salud Mental, promover un pacto de Estado por la salud mental, aumentar plantillas de sus profesionales e incluir medidas como la prevención de suicidio juvenil, con atención en los centros educativos.

Atención a la salud sexual y reproductiva, a la enfermedad crónica, a las adicciones y a la sanidad penitenciaria.

Creación de empresa farmacéutica pública, impuestos a la bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y regulación íntegra del cannabis basado en el autoconsumo y asociaciones sin ánimo de lucro.

Más empleo, con mejores condiciones de trabajo: Que la tasa de paro converja con la media europea y que existan suficientes empleos. Reordenar el tiempo de trabajo, incluyendo la reducción y distribución de la jornada laboral pero sin reducción de salario.

Reforzar el vínculo entre empresas y personal, para avanzar en estabilidad y resiliencia de empleo, haciendo del contrato indefinido a tiempo completo la forma normal de empleo.

Subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC para mantener la ganancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran. Mejorar las políticas activas de empleo, centrándolas en las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo.

Cerrar las brechas de género que cruzan de forma transversal el mercado laboral.

Mejorar los usos del tiempo en el trabajo, revisión de jornadas partidas, reformar la regulación del trabajo a turnos y del trabajo nocturno, digitalización al servicio del trabajo decente, implantanción del CV ciego, ayuda ténica a la solicitud y gestión de ayudas a la formación y reconocimiento de un permiso anual para formación.

Crear normas específicas de tributación para las personas autónomas y socias cooperativistas que realicen actividades empresariales y cuyas rentas no sean superiores a una determinada cantidad económica anual.

Asegurar la estabilización real del empleo público, corrigiendo la precarización y previniendo de forma efectiva eventuales desviaciones futuras.

Derecho a la vivienda: Crear un bono de emergencia para la compra de su vivienda habitual dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable, que sufren la fuerte alza de los tipos de interés del BCE.

Invertir sostenidamente, durante diez año, el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social sostenible y asequible de más de dos millones de viviendas protegidas.

Establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas.

Mejorar la información de los alquileres y establecer precios de referencia.

Prohibir la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las Administracoines, salvo su transmisión gratuita a entidades públicas.

Establecer limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda.

Desarrollaremos una normativa específica para que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida. En este sentido, y con el objetivo de «que nadie necesite destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda»

Derecho a la educación y sistema educativo: Universalización de la cobertura pública gratuita de la etapa educativa de cero a tres años y su inclusión plena en el sistema educativo.

Red pública suficiente de centros de Formación Profesional que garantice la cobertura de estos estudios, comprometida con el trabajo decente, y que consiga revertir el peso actual de la oferta privada en estas enseñanzas y facilitar la permeabilidad entre itinerarios diferentes.

Desarrollo de estrategia educativa en materia de empatía, convivencia y derechos de los animales en el sistema educativo, cumpliendo la LOMLOE y ampliando a los diferentes sistemas educativos.

Bajada de ratios en las aulas españolas y aumento de la dotación de medios humanos y materiales. Gratuidad de todas las etapas educativas en los centros públicos, obligatorias y no obligatorias.

La universidad como servicio público para el conocimiento y la ciencia, la innovación, la cultura y la cohesión social. Aumento de la oferta de becas en función de la renta y de otros soportes requeridos para, con ello,minimizar la precariedad vital y educativa del estudiantado

Reducir la brecha salarial de género y combatir la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Reducir la brecha de género en las pensiones. Plan de choque contra la precariedad en sectores extremadamente feminizados. Políticas de salud para las mujeres. Blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Conciliar la vida personal, familiar y profesional de progenitores y cuidadores. Apoyo a las familias monoparentales.

Educación e igualdad: tomar medidas en el ámbito sexoafectivo paraprevenir, entre otras cosas, la violencia sexual y el neomachismo entre las personas más jóvenes.

lmpulso de un pacto de Estado contra los discursos de odio dirigido a los derechos y libertades LGTBI+. Erradicación del odio y la discriminación LGTBI+fóbica. Apoyo a las víctimas y supervivientes de la discriminación y la violencia.

Defender el principio de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y autonomíacorporal de las personas trans, intersex y no binarias. Protección del derecho a la salud. Protocolos sanitarios específicos para el colectivo LGTBI+.

Modernización de nuestra imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descabonización de la conomía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales.

Plan de acción para el medio rural para la igualdad territorial: Un plan destinado a dar apoyo económico y técnico a la conservación y la mejora de la biodiversidad, al mantenimiento de mosaico agroforestal, a la gestión sostenible de los bosques, la restauración de los diversos ecosistemas, la contribución a la transición energética; la prevención y extinción de incendios forestales; la provisión de alimentos de proximidad y de calidad; la ganadería extensiva; la correcta gestión de los vertidos y los residuos agropecuarios, la agricultura ecológica y las demás prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Ordenación del espacio marítimo acorde a las necesidades de las comunidades locales, losterritorios y el estado de los ecosistemas marinos. Transición energética justa y descarbonización en la pesca.

Creación de una red estatal sobre urbanismo y cambio climático.

Medidas de innovación y transversalidad en las Administraciones públicas.

Impulsar tanto los Laboratorios de Innovación Pública como una agencia pública para la transición digital destinada a impulsar y controlar la introducción del análisis de datos masivos, los procesos de digitalización y los riesgos de exclusión que generan el uso de algoritmos en la toma de decisiones o la llegada de la IA a la Administración pública.