El PP anuncia su 'no' a la ley de Extranjería y el Gobierno le acusa de poner «excusas»

Fuentes del PP consultadas por ABC informaron de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, había contactado con el portavoz de los populares en la Cámara Baja para confirmar que no veía «posible aceptar las condiciones» de los de Alberto Núñez Feijóo y les remitía al trámite de enmiendas, por lo que todo apunta que ya tiene un pacto para aprobar la tramitación.

El ministro Torres habló con Miguel Tellado para ratificar que el Ejecutivo no aceptaba las medidas propuestas por el PP para que la reforma de la ley de Extranjería pudiera iniciar el trámite parlamentario. Siempre egún las mismas fuentes populares, los socialistas daban por rotas las negociaciones al tener asegurado el voto de Junts para la toma en consideración, lo que conllevaría una nueva cesión a los independentistas, que aún no ha trascendido. «El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo», apuntaron desde Génova.

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La versión del Gobierno es muy distinta. Asegura que en la conversación del ministro con Tellado nunca se le dijo que no estaba dispuesto a negociar sus condiciones. De hecho, afirma que si mañana se admite a trámite en el Congreso la proposición de ley, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con las aportaciones de todos los grupos, incluido el PP.

Fuentes del Gobierno, además, recuerdan que algunas de las propuestas de los populares ya están recogidas en el texto presentado, como que no va a haber excepciones con ningún territorio o la posibilidad de que la emergencia en inmigración se amplíe a otros territorios además de Canarias. Asimismo, el ministro Torres recordó a su interlocutor, siempre según estas fuentes, que la propuesta del PP nacional de que los menores dubitados se queden en Canarias choca con la voluntad del Gobierno de las islas, del que forman parte los populares. El Ejecutivo, por tanto, pide a los populares que voten sí mañana a la tramitación de la reforma y que «no se pongan detrás de excusas».

Al margen de las distintas versiones sobre esas conversaciones de ayer, es evidente que los contactos que Torres anunció con los de Feijóo para aglutinar los apoyos del principal partido del Congreso para sacar adelante la reforma legislativa no han dado sus frutos. El Gobierno ha maniobrado contra reloj para tratar de evitar un nuevo revolcón parlamentario, como ya le ocurrió con la ley contra el proxenetismo –tumbada con los votos de Sumar– y la del Suelo, que ni siquiera llegó al pleno tras retirarla el Ejecutivo al comprobar que no contaba con el visto bueno de la cámara.

El laberinto en la Cámara Baja empieza a ser indescifrable para el Gobierno, que tras sacar adelante la ley de Amnistía está comprobando la dificultad de legislar con socios tan dispares como los que llevaron a Pedro Sánchez a mantenerse en La Moncloa. Un escenario que ha llevado al Ejecutivo a mirar a su derecha para recurrir al PP, que no está dispuesto a «salvar la papeleta» al PSOE con la ley de Extranjería ni con ningún otro asunto. Núñez Feijóo ya le advirtió a Sánchez en la investidura que esto pasaría –«cuando le dejen caer sus socios, no recurra a nosotros»– y la premonición no ha tardado en hacerse realidad.

El problema migratorio de Canarias, donde alrededor de 6.000 menores aguardan su traslado a la península y Baleares, ha llevado al Gobierno a improvisar una reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería para imponer el reparto obligatorio de esos menores en las comunidades autónomas. Una proposición pactada solo con CC, pero sin tener en cuenta al resto de sus socios, algunos de los cuales se han mostrado abiertamente contrarios a la norma. Sobre todo los separatistas catalanes, reacios a recibir más, como demostraron durante la conferencia sectorial, en la que no votaron a favor del reparto acordado hace unos meses por las autonomías. Ahora, con la ley encima de la mesa, Junts, que en público ha rechazado su apoyo, podría haber llegado a un acuerdo con los socialistas, que curiosamente se enfrentan en Barcelona por el control de la Generalitat, que el PSC está negociando con ERC. Un castillo de naipes que los de Puigdemont quieren derribar a toda costa. Pero el expresidente y todavía fugado de la Justicia siempre ha señalado que la negociación en Madrid es en paralelo a lo que suceda en el Parlamento de Cataluña.

Que Junts pueda apoyar la tomar en consideración de la ley de Extranjería no quiere decir que vayan a acabar aprobándola. Esa será otra batalla que deberá pelear el Ejecutivo en los próximos días. Sin mucho tiempo, pues la urgencia de la situación que atraviesa Canarias obliga a maniobrar con celeridad.

A principios de semana, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego (cuota de Izquierda Unida dentro de las carteras de Sumar), ya aseguraban que entre los criterios de reparto –adoptados por unanimidad por las comunidades en 2022– podrían incluirse algunos que aliviaran la carga para las que «hayan hecho un gran esfuerzo en los últimos seis meses como Cataluña». Un gesto con el que podrían haber ablandado el corazón de Junts.

Los intentos del Ejecutivo de acercarse a los populares –incluidas las llamadas de este fin de semana desde el ministerio de Rego a diferentes dirigentes populares– se toparon siempre con la misma respuesta. La que le había enviado Tellado al ministro Torres el anterior fin de semana y en la que se especificaban las condiciones del PP para apoyar la tramitación de la norma. Entre ellas, las dos más importantes –como resaltó el propio Feijóo a mediados de semana– son la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y la declaración de la emergencia migratoria en todo el territorio.

«Estamos felices de poder jugar con la ansiedad del Gobierno», respondía una persona cercana a la dirección del PP cuando se le preguntaba por la intención de voto de su grupo en la toma en consideración de la ley de Extranjería.

Si finalmente el Gobierno saca adelante la tramitación de la norma este martes, le tocará iniciar la negociación para su aprobación. Otro proceso farragoso en el que Torres y Rego deberán escuchar a todos los grupos, incluido el PP, cuyas reivindicaciones deberán convertirse en enmiendas. Si no hay acuerdo con ellos y con Junts, los más reacios, y tal y como vienen reclamando las fuerzas políticas de Canarias, Ceuta y Melilla, el reparto de esos casi 6.000 menores hacinados en diferentes centros del archipiélago podría intentar llevarse a cabo mediante decreto ley. Una opción que el propio Gobierno descartaba tras registrar la proposición hace una semana y a la que abrió la puerta hace solo unos días.