El PP retrasa su ofensiva ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de Amnistía

«Han tardado doce días en publicarla en el BOE. Si eso ha sido complicado, imagina cómo de difícil puede ser su aplicación», señala una persona del PP cercana a la dirección. La misma fuente, reconoce que «ya se está trabajando en el recurso» que se presentará ante el Constitucional con total seguridad, «pero no hay prisa para hacerlo». «Tenemos tres meses desde hoy», sentencia.

En la misma línea se pronunciaron algunos de los barones territoriales que el martes estuvieron en Génova para la habitual Junta Directiva Nacional tras unas elecciones. «Los servicios jurídicos de la junta de Andalucía llevan trabajando desde hace ya unos 10 días en el recurso y esperamos activarlo en el menor tiempo posible. Lo que pasa es que queremos hacer bien las cosas desde el punto de vista jurídico y hay muchos argumentos según nos dicen los servicios jurídicos. Queremos hacer una cosa que sea muy rigurosa y que por tanto tenga viabilidad para que el Constitucional la tenga en cuenta», explicaba ayer Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía. En la misma línea se expresaban otros como Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, o Fernando López Miras (Región de Murcia), que confirmaban el inicio de los trabajos y la ausencia de una fecha para la presentación. Desde Génova, además, dejaban en el aire que la activación fuera a ser común. «Lo importante es que el Tribunal Constitucional tenga que argumentar y decidir sobre cada recurso de manera individual y razonada», señalan fuentes del PP.

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Por su parte, Alberto Núñez Feijóo solo nombró en dos ocasiones la amnistía durante su discurso, aunque la ley recién aprobada sobrevoló por encima de toda la intervención. «La misma semana que se publica la página más triste de nuestra democracia, la ley de Amnistía, el independentismo vuelve a desafiar a la democracia española», expuso el líder popular, quien resaltó que la legislatura de Pedro Sánchez está «en manos de los independentistas» y que será Puigdemont el que decida si hay o no adelanto electoral. Una idea que no se descarta en Génova, por lo que el líder popular pidió a sus barones que mantengan la tensión entre el electorado y «la máquina engrasada».

Mientras, el Gobierno recibió ayer con mucha cautela pública las primeras actuaciones judiciales después de publicarse en el BOE la ley de Amnistía. En particular las del magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, quien decidió mantener la orden de detención contra Puigdemont y dar cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los hechos por los que están procesados también los prófugos Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, así como sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.

«La ley es muy clara», repitió en varias ocasiones la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sin querer ir más allá. Sin embargo, fuentes del Gobierno trasladan que los jueces deberían «tener en cuenta la voluntad del legislador», a la hora de aplicar la norma que concede el olvido legal a los encausados por el 'procés'. Y todo ello ante una ley que, vuelven a reiterar, ha dado ya «resultados» antes incluso de su definitiva entrada en vigor, pues el convencimiento del Gabinete es que la norma ha abierto una nueva etapa de «convivencia» y «concordia» en Cataluña.