PP y Cs llevan al Constitucional el veto al castellano en las aulas catalanas

Se trata de dos iniciativas. La primera, el decreto ley que aprobó el Gobierno catalán (ERC-JxCat) hace dos meses, cuando estaba a punto de expirar el plazo que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar su sentencia de finales de 2020 que obliga a facilitar ese porcentaje de horas lectivas en castellano y que la Generalitat lleva incumpliendo desde entonces.

Y la segunda, la Ley 8/2022, que aprobó el Parlament justo después, a principios de junio, para blindar la hegemonía del catalán en el sistema educativo de esta comunidad y, en la práctica, burlar de nuevo la resoluciones judiciales para que se garantice al menos una parte en castellano. Esta ley fue aprobada con los votos a favor de los dos partidos del Govern, pero también con los del PSC y En Comú Podem, la marca afín a Unidas Podemos. Votaron en contra los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, Vox y PP), además de los radicales de las CUP.

Este recurso de inconstitucionalidad, que PP y Ciudadanos han presentado de forma conjunta, llega sólo un día después de que el propio TSJC elevara este jueves un escrito también al Tribunal Constitucional apuntando que tanto el decreto como la nueva ley podrían vulnerar varios artículos de la Carta Magna que afectan a derechos fundamentales de las familias catalanas. Las mismas a las que se les sigue negando la posibilidad de que sus hijos reciban en castellano sólo una cuarta parte de las clases.

El propio Gobierno de Pedro Sánchez ha avalado dichas normas catalanas esta misma semana de forma solemne y sin matices. Lo hizo el pasado miércoles en su tercera mesa bilateral con la Generalitat, en la que cuatro consejeros ERC y otros tantos ministros de PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo por el que ambas partes «respaldan» esas leyes catalanas que ahora PP y Ciudadanos llevan al Constitucional.

Este recurso de inconstitucionalidad es la primera iniciativa conjunta de calado entre los populares y los de Inés Arrimadas desde que Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo del principal partido de la oposición. El acuerdo ha sido fraguado por la portavoz parlamentaria y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y por el vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal.

El texto, de una veintena de páginas, apunta a dos argumentos principales. En cuanto al fondo, que media docena de artículos y apartados de esas nuevas normas vulnerarían competencias estatales en materia de lenguas cooficiales. Y, sobre la forma, que se ha recurrido a una vía extraordinaria y urgente como el real decreto para aprobar algo tan importante y que afecta a derechos fundamentales de las personas.