Moncloa: sí al catalán en el Congreso, no al 25% de castellano en las aulas

En esta reunión, de una hora y tres cuartos, han participado los ministros Félix Bolaños (Presidencia), Miquel Iceta (Cultura) e Isabel Rodríguez (portavoz y Política Territorial), además de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Por la Generalitat, los consejeros Laura Vilagrà (Presidencia), Roger Torrent (Trabajo), Joan Ignasi Elena (Interior) y Natàlia Garriga (Cultura).

De esta mesa salen dos acuerdos y ambos por escrito en documentos no demasiado explícitos ni extensos, pero que apuntan importantes concesiones del Gobierno de Sánchez en materias muy sensibles para los nacionalistas.

El primero es para la «protección e impulso de la lengua catalana» no sólo en España, sino también a nivel internacional, y «en todos los ámbitos de la sociedad». Empezando por el Congreso y el Senado, cuyos reglamentos se modificarán para que los diputados y senadores puedan utilizar el catalán incluso en sus intervenciones en ambas cámaras.

El Gobierno español también llevará esta medida hasta el Parlamento Europeo, al que solicitará «antes de finalizar el año» que el catalán sea lengua de uso y por tanto que los eurodiputados también lo puedan utilizar en la Eurocámara. Además, el Ejecutivo de Sánchez dará protagonismo a la Generalitat en foros internacionales sobre políticas lingüísticas.

Todo lo anterior no afecta sólo a Cataluña, sino que es «extensible» a otras comunidades con lenguas cooficiales «si así lo requieren» sus Gobierno autonómicos, según recoge literalmente este acuerdo. Algo que abre la puerta a que las sesiones de las Cortes se desarrollen en media docena de lenguas distintas: en castellano, que es la oficial, y en las cinco cooficiales en sus respectivos territorios, como son el catalán, el aranés, el euskera, el gallego y el valenciano.

Ese espaldarazo al catalán en las instituciones españolas y europeas contrasta con el veto al castellano en las aulas de Cataluña. Y es que ERC ha conseguido que el Gobierno avale por escrito su política lingüística en la educación catalana. Incluso aunque lleve años incumpliendo las sentencias que le obligan a impartir un 25% de clases en castellano a las familias que así lo solicitan. Nada de ello impide al Gobierno ni al Govern predicar que la lengua no puede ser nunca «un elemento para la confrontación social, política o judicial».

La última maniobra del independentismo para burlar esas resoluciones judiciales fue la ley educativa aprobada el mes pasado con apoyo del Partido Socialista de Cataluña (PSC). El Gobierno central «respalda» esa ley y considera que se «adecua al marco constitucional y estatutario».

«El delito de sedición no se ha abordado en esta reunión, no hay mayoría parlamentaria suficiente»

Félix Bolaños

Ministro de Presidencia

También comparten los Ejecutivos de Sánchez y Aragonès que «el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña» y apuestan por «fortalecer la autonomía y capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno». Es decir, para que puedan seguir negando el 25% de clases en castellano a las familias que lo demanden.

El segundo acuerdo pretende «superar la judicialización» de lo que ambas partes insisten en calificar como un «conflicto político» entre Cataluña y el resto de España. En realidad es poco más de una página plagada de expresiones genéricas y típicas del secesionismo para no concretar nada sobre una de las principales reivindicaciones con las que ERC llegaba a esta mesa bilateral: reformas a favor de los secesionistas con causas pendientes ante la Justicia o el Tribunal de Cuentas por distintas ilegalidades durante el 'procés'.

Una de esas reivindicaciones consiste en reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición, el mismo por el que el Tribunal Supremo condenó en 2019 a los principales protagonistas del referéndum ilegal celebrado dos años antes. Y por el que podrían ser condenados otros como el fugado Puigdemont si regresa a España.

Este segundo acuerdo no concreta nada al respecto, lo que permite al Gobierno dar largas a ERC y ganar tiempo con la excusa de que ahora mismo no hay una mayoría parlamentaria a favor de esta medida. Fue el argumento al que se agarró el ministro de Presidencia, Félix Bolaños (PSOE), al término de la reunión celebrada en La Moncloa.

Preguntado varias veces en rueda de prensa por qué el Gobierno no contempla en este caso la misma mayoría con la que saca adelante otras muchas iniciativas, Bolaños se limitó a contestar que la reforma del delito de sedición «no se ha abordado en esta reunión».

No obstante, este acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat contempla que las modificaciones legislativas para «desjudicializar» la política catalana, como la del delito de sedición, sean «aprobadas antes de finalizar el próximo periodo de sesiones», que acaba a finales de este mismo año.

Por su parte, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, se ha mostrado optimista y casi eufórica en la rueda de prensa en la librería Blanquerna, que es la Delegación de la Generalitat en Madrid, por los compromisos obtenidos por parte del Gobierno en la desjudicialización de los que participaron en el 'procés' y la protección de la lengua catalana, para que el Estado no impugne la práctica que la Generalitat lleva a cabo en las escuelas y los institutos, así como que se pueda utilizar en el Congreso y el Parlamento Europeo.

«Hasta que la ciudadanía no vote en un referéndum de independencia no habrá resolución del conflicto»

Laura Vilagrà

Consejera de Presidencia

Vilagrà señaló que esta tercera reunión ha servido para dar «un paso» más en la línea de estabilizar las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat y se ha hecho, dijo, dentro del marco habitual que se utiliza en «los conflictos internacionales». En cualquier caso, añadió que todos estos pasos solo tienen como objetivo llegar a un acuerdo de fondo para que se celebre un referéndum de independencia en Cataluña.

Así, la Generalitat interpreta lo pactado con el Gobierno en la mesa de este miércoles como un acercamiento para poner fin a «la represión» de España contra los independentistas, que hasta la fecha ha supuesto «prisión, exilio, inhabilitación, multas y multitud de causas abiertas» vinculadas al 'procés', que tuvo su éxtasis en octubre de 2017.

Aunque Vilagrà no concretó si esas futuras reformas incluyen el delito de sedición, que abriría la puerta, entre otras cosas, a que Puigdemont volviera a España sin tener que pasar por la cárcel, sí aseguró, a diferencia de Bolaños, que existe la mayoría suficiente en el Congreso para afrontar la reforma. E insistió en que, en cualquier caso, «este fin de la judicialización es imprescindible, pero hasta que la ciudadanía no vote no habrá resolución del conflicto», porque «si democratizamos las leyes, creemos que incluso un referéndum de autodeterminación tiene cabida».

Sobre el segundo acuerdo, el relativo a la lengua catalana, la consejera se mostró satisfecha de que el independentismo haya conseguido que el Gobierno «entierre» la vía de judicializar este tema y, por lo tanto, interpreta que desde la Abogacía del Estado ya no se defenderá el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de bilingüismo. «El Estado da cobertura a lo que hacemos en el Parlament», apuntó Vilagrà.

Finalmente, la representante de la Generalitat ha concretado que, además de en el Senado, se impulsará que se pueda usar el catalán en «las Cortes Generales», lo que incluye el Congreso, aunque el ministro en su comparecencia sólo citó la Cámara Alta. Vilagrà asegura que el Gobierno impulsará de forma «inmediata» el uso del catalán en el Parlamento Europeo, que implicará financiación por parte de España para las traducciones.