El PP escuchará en el Senado a todos los expertos que quiere ningunear el PSOE

Lo primero que hará el Senado cuando la ley de amnistía aterrice allí será analizar su constitucionalidad. Diferentes fuentes consultadas por ABC entienden complicado que los letrados de la cámara puedan decretar una opinión distinta a la de sus homólogos del Congreso, por lo que la posibilidad de que pueda dejar de tramitarse –como dejó entrever ayer Cuca Gamarra, secretaria general del PP– es improbable. Lo que sí hará la Mesa, con mayoría popular, es calificar la norma y quitarle el carácter de urgente. Potestad que le confiere la reforma del Reglamento aprobada este martes y que le dará esos dos meses de plazo en lugar de los veinte días con los que contaba hasta ahora para analizar y proponer enmiendas.

«Cuando las leyes se tramitan como proyecto de ley tienen un trabajo previo que es intenso y agotador. Algo que se obvia cuando se hace como proposición de ley. Yo he visto en el Congreso trámites de leyes en tres días y eso es un disparate porque generas inseguridad jurídica. Porque son textos que no están bien redactados. Pretendemos que ahora eso no ocurra, con la amnistía y las demás leyes que lleguen al Senado. En definitiva, queremos que haya mejores leyes», explica a ABC Eloy Suárez, senador popular encargado de defender la reforma del Reglamento.

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Se apoya el PP en unos datos que sitúan a España como uno de los países europeos con mayor tasa de litigios por la mala redacción de sus leyes. Un 50 por ciento más que Alemania y un tercio por encima de este tipo de juicios en Francia. «Esto es por contar con leyes que no están a la altura», señala. El objetivo del Partido Popular con esta modificación del Reglamento es «conseguir que los diputados que finalmente voten la ley de amnistía lo hagan sabiendo lo que votan» y para conseguirlo ha diseñado una estrategia muy clara que trufará de informes y comparecencias el día a día del Senado. «Hay muchas opciones sobre la mesa y ya se anunciarán en su momento, pero podríamos pedir la comparecencia de algún miembro del CGPJ, de catedráticos de Derecho Constitucional, expertos en la materia, asociaciones de jueces, abogados y fiscales… e incluso la de miembros de la Unión Europea. Gente seria que dé su opinión sin importar sus ideas políticas», explica Suárez, quien advierte que así no habrá excusa «si alguien vota sabiendo que lo hace en contra de decenas de informes y opiniones de juristas y expertos». Entre esas comparecencias, no se descartan las de Pedro Sánchez y la ministra de Justicia. «Jurídicamente hemos visto estos días que todas las asociaciones coinciden, menos el presidente del Gobierno que piensa otra cosa». Entre esas medidas, el PP pedirá informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, entre otros. También está previsto pedir su opinión a los letrados de la cámara.

Al tiempo que se aprobaba la reforma –con 147 votos a favor y 116 en contra–, y mientras el PPy el PSOE se enzarzaban dialécticamente a través de sus portavoces en la sala de prensa del Congreso, Vox reiteraba que se querellará contra los órganos de control de las Cortes si dan paso a la ley de amnistía y no denuncian que es «absolutamente inconstitucional», como señalaba estos días su líder, Santiago Abascal.