El Congreso se prepara para la bronca dentro y fuera de sus muros

La ley de amnistía, que el PSOE decía hace unos meses que era «inconstitucional» y ahora defiende en pos de la «convivencia», ha llevado la crispación a las calles de todo el país. El domingo, centenares de miles de españoles protestaron contra la norma, que condena al olvido los delitos cometidos por los separatistas durante el 'procés', entre 2012 y este 2023.

Los discursos políticos, enconados y enardecidos, caldean el ambiente fuera de la Cámara Baja, pero también dentro. Desde las esquinas izquierda y derecha del hemiciclo, se lanzan desde micrófonos y redes sociales acusaciones cruzadas, nada menos, que de «golpe de Estado». Un calificativo desmesurado, pero que permite vislumbrar la ruptura ideológica de todo un Estado, alineado en dos bandos.

El PSOE y Sumar acusan al PP y a Vox de alentar la protesta en la calle por no asumir el resultado electoral, los populares claman contra el giro de los socialistas, que promueven en 2023, a cambio de los siete votos de Junts para garantizar la investidura de Sánchez, lo que en 2021 rechazaron por ser «claramente inconstitucional». Vox, protagonista de las protestas en Ferraz, en las que se han infiltrado grupos de extrema derecha que han provocado disturbios varias noches, directamente califica al presidente en funciones de «dictador» y este martes se ha querellado contra él por varios delitos, entre ellos el de cohecho.

En este contexto, mes y medio después de la investidura fallida del popular Alberto Núñez Feijóo, Sánchez pronunciará desde las doce de la mañana de este miércoles su discurso de investidura. Será la primera vez, previsiblemente, que defienda en sede parlamentaria la amnistía a los encausados por el 'procés', de la que seguía renegando en el cierre de la campaña electoral. Este martes su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha justificado tal cambio de opinión en que las aritméticas parlamentarias a veces obligan a contrariar los programas electorales y ha defendido la «coherencia» del Gobierno en su voluntad de dar carpetazo al proceso separatista.

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Este miércoles por la tarde se reanudará la sesión de investidura, tras un receso, para que los grupos respondan al candidato de mayor a menor representación, correspondiéndole el último turno al PSOE. Cada grupo tiene treinta minutos en la primera intervención y diez de réplica y el candidato puede contestar, sin límite de tiempo, de uno en uno o acumulando las intervenciones.

El jueves a partir de las 9.00 intervendrán los partidos que no hayan podido hacerlo la víspera y se producirá la primera votación. Si no hay sorpresas, Sánchez será investido en ella por mayoría absoluta, dado que tiene comprometidos 179 síes. En el caso de no alcanzar los 176 respaldos, se produciría otra votación 48 horas después en la que solo requeriría más apoyos que noes. Pero lo esperado es que el secretario general socialista prometa ya el cargo de presidente del Gobierno el viernes.

Dado que en la investidura de Núñez Feijóo no le respondió Sánchez, sino el diputado raso Óscar Puente, será la primera vez que se produzca un cara a cara entre este presidente en funciones (y candidato) y este líder de la oposición en el Congreso. La legislatura pasada, estos rifirrafes entre los actuales líderes de PP y PSOE se vieron solo en el Senado, donde tenía su escaño el expresidente de la Xunta de Galicia. Se espera un tono contundente del dirigente popular y una exposición del jefe del Ejecutivo en la que apelará a una mayoría para cuatro años. Pero eso, con una suma heterogénea sin margen para la geometría variable de la pasada legislatura, será otro cantar.

Desde que un grupo de manifestantes intentó la semana pasada alcanzar el Congreso, este amanece acordonado cada mañana y con un despliegue policial superior al habitual. Durante la investidura, se ha preparado un operativo con 1.600 agentes, de los cuales 1.200 serán antidisturbios; informa Cruz Morcillo. La incertidumbre sobre los accesos y las salidas a la Cámara Baja planeaba estos días sobre periodistas, trabajadores de las Cortes y diputados. Varios parlamentarios reconocían cierta inquietud por el clima social.