El PP desmonta el recurso de Cerdán para salir de prisión: «No es una causa política, es una causa de corrupción»

«La tesis sostenida de contrario no puede compartirse. Es inasumible», dice el escrito 'popular', recordando que el auto por el que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, le envió a prisión provisional por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho «refleja 'notabilísimos indicios' de criminalidad».

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El PP, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, explica que «lo que veladamente propone Cerdán en su recurso es que solo cabe adoptar una medida cautelar de carácter personal si se ha alcanzado la convicción de la responsabilidad del investigado más allá de toda duda razonable, trasladando los principios propios de la valoración probatoria de la fase de enjuiciamiento» a la actual fase de instrucción.

Al respecto, sostiene que, para acordar esa medida cautelar, «no será suficiente con formular meras conjeturas, pero tampoco será necesario alcanzar el pleno convencimiento de la responsabilidad del investigado», sino que «bastará la apariencia de que la persona respecto de la que se acuerda la medida es responsable de un hecho delictivo«.

Y en este caso, afirma, «los indicios de criminalidad que pesan respecto del señor Cerdán son de tal calado que existen poderosísimas razones para tener por acreditada su participación en los hechos delictivos objeto de investigación«.

El PP ataca igualmente el alegato de la defensa de que Cerdán es víctima de una persecución política por haber ayudado a fraguar los gobiernos de Pedro Sánchez. «Cerdán es un político, pero ésta no es una causa política, es una causa de corrupción que afecta a personas con cargo político y personas sin cargo político», responde.

Además, destaca que «el PSOE también está personado» en las pesquisas sobre el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional y que «la Asociación ADADE, vinculada al PSOE, forma parte de la acusación popular unificada» en el TS. «Es decir, el pluralismo político de la acusación popular unificada de esta causa es evidente», enfatiza.

Sobre esto, añade una «reflexión»: «Cuántos otros políticos de este país han sido sometidos a causas donde actuaban partidos políticos como acusación popular y, además, no se unificaban». «En esas otras causas, la defensa tenía que contestar a todas y cada una de ellas, frente a la facilidad que se ha dado en este caso al recurrente a través de la unificación», remacha.

El PP también pone el acento en que Cerdán «no ha adoptado una postura clara» acerca de las conversaciones grabadas por el exasesor ministerial Koldo García en las que se basa el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó la presunta trama de obras.

Así, precisa que, durante su declaración del pasado 30 de junio ante el TS, «Cerdán no cuestionó 'de forma directa su inequívoco contenido', limitándose a manifestar que 'no se encontrarían completas o que aparecerían, en términos generales, descontextualizadas'».

A ello suma que en esa misma declaración Cerdán, vino a confirmar el contenido de esas grabaciones, «lejos de desvirtuarlo». En concreto, recuerda que «reconoció como cierta su insistencia sobre la obra del Puente Centenario de Sevilla» y «que tanto él como (el ex ministro) José Blanco facilitaron nombres a José Luis Ábalos para que hiciese nombramientos dentro del Ministerio« de Transportes.

El PP también se refiere a la tesis lanzada por Cerdán de que Koldo podría ser un «agente encubierto» que forzara dichas grabaciones. A su juicio «es del todo ilusorio», avisando de que este planteamiento «tiene por única finalidad desviar la atención del conjunto de indicios 'verdaderamente extraordinario' que obra» en las pesquisas.

«Los indicios que obran en la causa son absolutamente extraordinarios, dado que es –cuanto menos– inusual disponer de conversaciones tan explícitas sobre la participación de una persona en los hechos objeto de investigación», sostienen los de Alberto Núñez Feijóo.

El escrito alude asimismo a otros indicios recogidos por el magistrado, entre ellos que «Cerdán se encuentra indiciariamente vinculado» a Servinabar, «que ha resultado adjudicataria de ciertas obras públicas, a pesar de que se trataba de una empresa de mínimas dimensiones y con nula experiencia en el sector de la construcción«.

«De hecho, como es público y notorio, el binomio Acciona-Servinabar también ha resultado adjudicatario de otras obras públicas en la Comunidad Foral de Navarra con posterioridad«, destaca.

Con todo, para el PP es claro que «la investigación no puede tacharse de prospectiva, puesto que obran sólidos indicios en la causa de la participación del señor Cerdán en los hechos investigados, sin que se haya practicado una inquisición general respecto de su persona».

Para el Partido Popular, los indicios obtenidos apuntan a que Cerdán «ha podido tener no ya un papel secundario en dichos hechos, sino más bien un rol protagonista».

Precisamente, por ese supuesto «papel capital», el PP cree que «es innegable que Cerdán podría entorpecer, obstaculizar o incluso anular esta investigación, que no puede considerarse agotada» por lo que él mismo ha aportado al Supremo sobre su patrimonio y el de su familia.

«Es por ello por lo que en este momento de la investigación se deben identificar bienes en España, en el extranjero o a nombre de testaferros que guarden relación con dichas mordidas, al ser la persona que muy probablemente tenga en su poder la información que permita depurar las concretas responsabilidades de esta causa –no solo las suyas, sino las del resto de implicados–», asevera el PP.

En su opinión, también hay riesgo de fuga, indicando que Cerdán «aparece como principal receptor de mordidas de empresas licitadoras y, sin embargo, no se han identificado bienes en España que respondan a la información conocida», así como que «ha cesado en todos sus cargos», lo que dice que evidencia una falta de «arraigo profesional».

Por otro lado, apunta a lo esgrimido por la defensa de Cerdán en su recurso, donde advertía de que con su envío a prisión provisional se podía estar buscando una confesión como la del presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

El PP entiende que esta «simetría» alegada «carece de sentido». «El hecho de que cualquier investigado, en cualquier situación personal, acceda a colaborar con la Justicia, es algo loable y que el ordenamiento jurídico premia. Pero, ¿cuántos presos en prisión provisional confiesan y colaboran con la Justicia? En la experiencia de este Letrado, más bien pocos», expone.

Subraya, además, que «nada puede confesar el inocente, por lo que si los indicios son tan endebles como dice su defensa, si la actuación de Cerdán ha sido tan pulcra y transparente, no es sensato pensar que confiese lo que no ha hecho».