La Junta de Page permitió a la empresa de la trama Ábalos convertirse en una UTE

La empresa consiguió esta adjudicación en junio de 2023 y firmó el contrato con la secretaría general de la consejería de Bienestar Social manchega en noviembre de ese mismo año. En esta fecha, la secretaria general de la consejería se reunió con José Ruz, el gerente y dueño del 20% de la constructora, y oficializaron el contrato para que LIC llevase a cabo la reforma por más de 5,5 millones de euros y con un «plazo de ejecución» de 14 meses. Ruz, mientras asistía a la firma del contrato junto a la secretaria general de la consejería, estaba pagando una pensión de 2.600 euros a José Luis Ábalos mediante su asesor Koldo García, según las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil. La relación entre el exasesor ministerial y el gerente de LIC comenzó en 2019 gracias a una reunión en el ministerio de Fomento solicitada por Ruz. Tras esto, comenzaron a comunicarse mediante líneas telefónicas seguras, a las que llamaban 'café' o 'cafetera'.

Cuatro meses después de la oficialización del contrato entre la consejería y LIC, se modificaría el acuerdo para incluir a una nueva empresa: Vareser 96, una sociedad de multiservicios valenciana. Este cambio en la adjudicación del contrato público sucedió el 15 de marzo de 2024 y provocaría la creación de la UTE LV7 Ciudad Real, una unión temporal de empresas (UTE) entre LIC y Vareser 96.

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La sociedad que se sumó a la adjudicación para la reforma de la residencia es la heredera de la constructora Cyes Infraestructuras S.A, empresa que fue extinguida y disuelta el 22 de enero de 2019 tras no sobrevivir a la burbuja del ladrillo. Vareser 96, que forma parte del Grupo Cyes y está liderada por la familia Almenar y parte del antiguo equipo directivo Cyes, ha ganado 462 adjudicaciones por un total de 161,23 millones de euros desde su creación.

Esta UTE nace el 1 de diciembre de 2023, con objetivo exclusivo para la rehabilitación de fachadas y cubierta en la Residencia de Mayores Gregorio Marañón en Ciudad Real. Además de añadir a Vareser 96 en el contrato público, se aprobó una modificación del contrato para cambiar contenidos contractuales: exactitud técnica, cláusulas de ejecución y contratistas autorizados.

Mientras la modificación del contrato se llevaba a cabo, comenzaban los problemas para LIC. En primer lugar, en julio de 2024, entró en concurso de acreedores tras paralizar varias obras. En segundo lugar, la constructora fue incluida en la lista de deudores a la Hacienda Pública publicada en junio. Por último, el gerente de la empresa y dueño del 20%, José Ruz, tuvo que declarar el pasado 4 de julio en el Tribunal Supremo por su supuesta implicación en la trama.

La relación entre Levantina, Vareser 96 y el Grupo Cyes no finalizó tras la creación de la UTE para la reforma de la Residencia de Mayores Gregorio Marañón en Ciudad Real. El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia adjudicó al Grupo Cyes y Esyc la adquisición de LIC en el concurso de acreedores. Estas empresas realizaron una oferta de 20 millones de euros por los bienes y activos de la empresa. El Grupo Cyes ofreció 17 millones de euros, mientras que los tres son de Esyc. Además, el grupo del que es parte Vareser 96 pagaría 900.000 euros en efectivo y se haría cargo de las deudas de ese momento con la Seguridad Social y por el 'leasing' de maquinaria.

LIC experimentó un gran crecimiento durante la última década, convirtiéndose en una de las mayores constructoras del país. Gracias a ello, fueron capaces de expandirse internacionalmente en países como Panamá, Argelia o Armenia, aunque el retraso y falta de pagos en los proyectos realizados en el norte de África junto al Gobierno argelino fue uno de los principales problemas que provocaron la falta de solvencia económica en LIC y el inicio de sus problemas.

El informe de la UCO, que provocó la entrada en prisión provisional de Santos Cerdán detectó indicios de irregularidades en tres obras diferentes adjudicadas a Levantina. La constructora consiguió el contrato público para una obra de emergencia en Asturias ofertada por Adif por 5,7 millones de euros, otra por la misma cantidad de dinero para la conservación de carreteras en Teruel, y una última para el mantenimiento de la autovía A-12 en las provincias de La Rioja y Burgos por 72,4 millones de euros.