El juez investigará donaciones de 44.000 euros de Ábalos al PSOE

En un auto, el magistrado accede a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en un informe al que ha tenido acceso ABC, pedía al magistrado reclamar al PSOE las donaciones realizadas por José Luis Ábalos a dicho partido entre 2014 y 2024 puesto que mientras Hacienda «imputa a Ábalos haber realizado donaciones al PSOE por un total de 44.729 euros, en los productos bancarios solo existe constancia de pagos al PSOE desde el año 2014 hasta el año 2024, ambos inclusive, por un monto total de 8.471 euros», se lee en el citado informe.

Por otro lado, los agentes informaron al juez de que «analizadas las percepciones económicas imputadas por la AEAT a Ábalos por el Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, consta un total de 751.421 euros, sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas dimanante directamente del Congreso de los Diputados asciende a un total, en esos mismos años, de 78.841 euros«, insisten, a pesar de que ya hubo una respuesta de Transportes y un reconocimiento de equivocación de Hacienda en este sentido.

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En un auto en el que justifica la solicitud de información en esa incongruencia entre los reflejado en las cuentas del político y la información de Hacienda, de la que ha alertado la Guardia Civil, el juez también accede a solicitar al Congreso, para que la entregue a la mayor brevedad posible, la información sobre los pagos realizados a Ábalos.

Por otro lado, y también en atención a lo requerido por la Benemérita, el juez se dirige a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social para reclamar la información de la vida laboral del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. También del exasesor de Ábalos en Transportes, Santos Cerdán, de su mujer, Patricia Úriz, y de los propietarios de las adjudicatarias investigadas en la trama por presuntamente entregar mordidas de obra pública a los políticos: Servinabar (Antxon Alonso); Levantina Ingeniería y Construcción (José Ruz) y Obras Públicas y Regadíos (Daniel y Antonio Fernández Menéndez).

Igualmente, reclama la misma información de Fernando Agustín Merino, el trabajador de Acciona despedido en 2021 e investigado en la causa que habría servido de enlace entre la multinacional y la empresa navarra Servinabar de la que Cerdán habría firmado un contrato para hacerse con el 45% de sus participaciones.

Teniendo ya en su poder la información bancaria de las sociedades vinculadas a estos investigados, así como de sus propias cuentas, el magistrado pide ahora a Hacienda y a la Seguridad Social la información sobre sus sociedades, según ha instado la Guardia Civil, «para completar la verdadera situación patrimonial de las personas físicas, así como de las personas jurídicas en cuyo beneficio pudieran las primeras haber venido actuando».

De todas las sociedades, reclama información sobre donaciones, bienes inmuebles, relaciones societarias, facturas emitidas y recibidas o cajas de seguridad alquiladas, entre otra información.

Para el instructor Puente, dicha información permitirá «conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuáles determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquéllas, al efecto de confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado».

El magistrado también reclama la información patrimonial de la fundación Fiadelso, creada por Ábalos en los 90, disuelta en 2023 y a la que el propietario de Servinabar reconoció durante su declaración este lunes en el Congreso haber realizado una aportación de 4.500 euros.