El dueño de Servinabar admite un pago a la fundación Fiadelso de Ábalos

El propietario de Servinabar, la compañía navarra que se llevó en Unión Temporal de Empresas con Acciona cinco contratos de obra pública y que firmó un contrato para la cesión de participaciones de su sociedad por un 45% a Santos Cerdán, ha negado la validez de éste último. Igual que el político navarro, ha rechazado que dicho documento de cesión de casi la mitad de la compañía que la Guardia Civil encontró en su domicilio tenga importancia jurídica y ha asegurado que siempre ha sido el «socio único» de la compañía.

A preguntas de su defensa, el empresario ha reconocido haber entregado al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, una serie de cantidades periódicas. En contestación a su abogada, ha sostenido que Koldo García trabajó con él nueve meses por recomendación de Santos Cerdán. «El Sr. Cerdán me dijo que Koldo García buscaba trabajo. Era autónomo y si me presentaba negocios (obra, privada) yo lo pagaba un sueldo mensual».

Cabe recordar que la Guardia Civil relaciona a Koldo García con Antxon Alonso desde al menos 2015, antes de que el primero entrase en el Ministerio de Transportes. Ambos crearon incluso una cooperativa empresarial denominada Noran Coorp. Para los agentes, según su informe entregado al juez el 5 de junio, «la creación de esta cooperativa se produjo en el mismo mes que se firmó la encomienda para la tramitación administrativa de las concesiones de explotación minera, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de colaboración de ésta con Acciona».

Tanto Antxon Alonso como Fernando Merino, extrabajador de Acciona investigado en el Alto Tribunal como miembro de la presunta trama de corrupción, han negado ante el juez haber entregado mordidas a ningún político, según las fuentes presentes consultadas. A este respecto, el propietario de Servinabar ha defendido la legalidad de las cinco adjudicaciones en UTE con Acciona conseguidas de las 20 a las que se presentó siempre haciendo las propuestas la multinacional española. «Han sido auditadas y todo correcto», ha defendido.

En el caso de Merino, según fuentes jurídicas presentes en su declaración, ha afirmado que él -que fue despedido de la multinacional en 2021- no tenía capacidad para decidir sobre adjudicaciones del nivel de las que están bajo el foco de los investigadores, apuntando a la responsabilidad de sus superiores. En su caso, sí ha contestado a las preguntas del fiscal y del juez, a quienes ha recordado que las adjudicaciones de obra pública a Servinabar en UTE con Acciona fueron anteriores a la etapa de Ábalos en el Ministerio que se investiga y, por lo tanto, ha considerado que quedan fuera de la instrucción. El juez ha acordado, según ha solicitado Anticorrupción, retirar a ambos el pasaporte, prohibirles salir del país y obligarles a comparecer periódicamente en un juzgado.

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Sobre la aportación para Fiadelso, la Guardia Civil, en su informe entregado al magistrado Leopoldo Puente el 5 de junio, recogió una captura de pantalla de un correo enviado por Santos Cerdán a Koldo García el 6 de julio de 2018 en el que se indicaba que Servinabar 2000 había efectuado una transferencia de 4.500 euros a una cuenta del banco BBVA a favor de Fiadelso. Fue la hija de José Luis Ábalos, Tatiana Ábalos, quien estuvo pendiente de la entrega. Para los agentes, según el citado informe, «de estos extremos se deduce que Santos dispondría de cierta capacidad de decisión sobre los fondos de Servinabar, que en este caso fueron transferidos a Fiadelso (fundación en la que figura como fundador Ábalos). Igualmente, se colige que este pago pudiera ser recurrente, ya que Koldo indicó que el retraso en el abono no se volvería a repetir».

Durante su declaración hoy ante el juez instructor, Antxon Alonso ha defendido que realizó dicha «donación aislada» porque «desgrava fiscalmente». «Damos a muchas fundaciones de varios tipos, se hizo por compromiso social de Servinabar», ha afirmado en la sala el empresario.

Antxon Alonso es un elemento clave de la causa contra Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, puesto que su sociedad Servinabar 2000 SL -de la que Cerdán tendría el 45% de las participaciones desde junio de 2016, según un documento requisado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que obra en la causa- habría sido la adjudicataria de contratos de obra pública en Navarra en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona gracias a la intermediación del extrabajador de la multinacional e imputado Fernando Merino.

Además, el empresario -según ha reconocido Arnaldo Otegi- fue clave para las relaciones entre el PSOE y Bildu con el fin de formar Gobierno en la comunidad foral, así como con el PNV.

Santos Cerdán negó durante su declaración como investigado ante el juez Leopoldo Puente que el contrato de compra de participaciones de la sociedad con sede en la calle San Nicolás de Pamplona tenga, a día de hoy, validez jurídica, puesto que nunca se elevó a público. Llegó a afirmar que acordó romperlo con su esposa.

En el extenso informe entregado por la Guardia Civil al juez Leopoldo Puente el pasado 5 de junio, que supuso la imputación y posterior envío a prisión de Santos Cerdán, se repasa la relación de Antxon Alonso con Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Esta relación se remonta a mucho antes de la llegada del político valenciano al Gobierno.

En 2015, Alonso y Koldo García ya participaban juntos en una cooperativa empresarial que comenzó, a su vez, a cerrar contratos con Merino y así pudieron acceder a la rueda de uniones con Acciona. Los agentes repasan en su informe, igualmente, que desde poco después de esa fecha Koldo García registró en sus calendarios información que vincularía a Antxon Alonso con Santos Cerdán. Desde 2011, igualmente, los agentes repasan que Koldo García ya estaba vinculado al PSOE de Navarra.