La Policía no utiliza 850 pistolas Taser porque no se habían comprado las cámaras de grabación

La Policía elaboró un protocolo en 2020 que regula su uso solo para «reducir, inmovilizar o detener» a personas que muestren una resistencia activa, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas, o bien que intenten suicidarse. El objetivo era y es evitar que incidentes graves acaben de la peor manera, pero la implantación lleva años posponiéndose.

Sindicatos como el SUP hace seis años que reclaman su uso y han seguido denunciando los retrasos y pidiendo explicaciones a la Dirección General de la Policía. Ayer Jupol también se sumó a esta denuncia y acusó a Interior de «mentir».

Según la información facilitada por la DGP en junio a una de estas peticiones de por qué no se estaban utilizando las pistolas eléctricas, en esa fecha se habían entregado 30 a la Jefatura de Madrid, el mayor número, nueve a la de Valencia, ocho a la de Málaga, el mismo número a Sevilla, seguidas de siete a Zaragoza y Alicante y así hasta completar 115 a las ciudades con mayor incidencia en seguridad ciudadana. En teoría, las 150 entregadas (incluyen seis al GEO y nueve al GOEs) están funcionando porque los agentes ya han sido formados, pero no hay confirmación oficial.

En todo este tiempo se ha pasado por distintas fases. El protocolo fija que el uso de las Taser, eminentemente disuasorio, estará restringido a aquellos agentes que hayan superado la formación necesaria, según explicó la Dirección General de la Policía tras la compra de las primeras 300 unidades, a la que siguió una segunda de 700 adquisiciones.

El primer escollo fue la formación. La primera la tenía que impartir la empresa fabricante Axon, encargada en teoría de formar a los instructores policiales. Las desavenencias no tardaron en surgir. Pese a que hay más de 120 especialistas de armamento y tiro por toda España, según Jupol, se decidió que los profesores fueran solo tres.

El pasado junio, en una respuesta al SUP, de la Dirección General se explicaba que se habían desarrollado cinco cursos para 108 agentes, un curso de actualización para 25 y uno de especialista de Armamento y Tiro y Equipamiento Policial para 14. No queda claro si ya han concluido o continúan.

Al asunto de la formación se unió otro de enorme calado. El documento que regula el manejo fija que se debe informar al juez tras la intervención y «siempre que sea posible» grabar la actuación y las imágenes de las zonas donde se ha producido la descarga. Se especifica también que «el uso de la fuerza es el último recurso y los agentes se deben ajustar a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad» y antes de recurrir a la Taser los agentes deben haber agotado todas las vías de diálogo y mediación.

«Por seguridad jurídica es lo más recomendable que se grabe, de lo contrario, el policía de seguridad ciudadana que la emplee puede acabar teniendo problemas como ya ha ocurrido en otros Cuerpos, como les pasó a los Mossos d'Esquadra», explican fuentes policiales. La empresa de las pistolas, Axon, regaló las 150 primeras cámaras de grabación que lleva el mismo agente que porta el arma (son unipersonales), pero el resto no se habían comprado. A día de hoy, todo apunta a que ya hay disponibles 1050 cámaras Axon Body 3.

El director adjunto operativo, José Ángel González, remitió el pasado 2 de agosto un oficio a todos los servicios centrales y las Jefaturas Superiores, al que ha tenido acceso ABC, en el que señala que la Subdirección de Logística e Innovación ya ha adquirido dispositivos de grabación unipersonal (DGU) Modelo AB3. Indica que la asignación de los mismos se hará de forma colectiva «a las distintas unidades y servicios principalmente uniformados y estará restringida al personal destinado en áreas de seguridad ciudadana». Se considerarán elemento de dotación policial, de carácter colectivo y de empleo unipersonal, señala. Explica también que se activarán de forma manual por el agente que requiera su empleo o de forma automática cuando las cámaras estén vinculadas con otros dispositivos de dotación policial.

La información añade que se dará difusión más adelante sobre esta implantación de cámaras como nueva herramienta de uso policial, destinadas a garantizar la seguridad ciudadana. Los interesados, según el escrito, podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento. El protocolo de cámaras entró en vigor el pasado 8 de agosto.