Hasta 10.000 euros de multa: estas son las aves que no puedes tener como mascota en casa

En esencia, la Ley de Bienestar Animal persigue objetivos clave como impulsar la adopción frente a la compraventa indiscriminada, garantizar una tenencia responsable tanto de animales domésticos como de especies silvestres bajo cuidado humano, y combatir el maltrato y el abandono. Para lograrlo, la normativa detalla una serie de prohibiciones que redefinieron lo que estaba permitido y lo que no, de manera que comportamientos antes comunes pasaban a derivar en sanciones económicas. 

La Ley de Bienestar Animal cobra especial relevancia en un contexto de alerta sanitaria por gripe aviar en Andalucía, donde actualmente se busca reducir riesgos de transmisión y proteger tanto a los animales como a las personas. Y es que la normativa señala aspectos importantes en lo relativo a la tenencia de aves. En concreto, se prohíbe expresamente la captura en el medio natural, la cría y el comercio de determinadas especies fringílidas, como jilgueros, verderones, pinzones o canarios, salvo algunas excepciones. Además, el catálogo de animales cuya tenencia como mascota queda restringida se amplió en el momento de su aplicación, incorporando aves muy habituales en los hogares, como periquitos, agapornis o loros. Asimismo, la Ley de Bienestar Animal, por regular la identificación, registro y condiciones de bioseguridad en explotaciones avícolas, afecta también a quienes tengan gallinas en casa, aunque sea en un gallinero pequeño.

La reciente alerta por gripe aviar en Andalucía pone aún más de relieve la importancia de estas restricciones. Por ello, cabe recalcar el refuerzo que supone la Ley de Bienestar Animal con respecto a la prohibición de tener en casa como mascotas ciertas especies de pájaros, ya que su tenencia puede suponer un peligro para la salud pública.

Quienes posean en su hogar alguna de las aves mencionadas anteriormente, incluidas en las restricciones de la Ley de Bienestar Animal, no pueden simplemente conservarlas sin más. Para que estas especies puedan ser consideradas como mascotas admitidas, es obligatorio comunicarlo a la autoridad medioambiental de la Comunidad Autónoma e informar sobre qué ejemplares se tienen. Tras esta notificación, las autoridades competentes emitirán una autorización que permitirá mantener al animal hasta el final de su vida natural. Este procedimiento, además, requiere la comunicación al Comité Técnico y Científico de protección animal, organismo encargado de evaluar cada caso y decidir si la especie podría incorporarse al listado oficial de animales permitidos.

Saltarse estos pasos o incumplir lo establecido supone exponerse a sanciones. En este sentido, se trataría de una infracción leve, ya que no implica maltrato directo ni daño físico, pero sí el incumplimiento de las obligaciones marcadas por ley. Con lo cual, la consecuencia puede ser un apercibimiento o una multa que oscila entre 500 y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad.