Las dudas por la reducción de jornada dejan a 700.000 trabajadores con el convenio sin renovar

Tanto empresarios como sindicatos venían reconociendo en los últimos meses que este tipo de conversaciones se habían paralizado en muchos casos. Con los últimos datos de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo sobre la mesa, referidos a agosto, y comparados con el mismo mes de hace dos años, cuando la reducción de jornada aún no se había puesto encima de la mesa, ahora hay 1,7 millones de trabajadores incluidos en los nuevos convenios. En el verano de 2023, pocas semanas antes del pacto de gobierno entre PSOE y Sumar en el que se anunció la reducción de jornada, eran 2,4 millones los trabajadores que habían renovado sus convenios.

En algunos momentos a lo largo de estos últimos 24 meses, se han quedado congeladas por el camino las condiciones de casi un millón de ocupados. Desde el momento en el que se pusieron en marcha las negociaciones entre los agentes sociales, a principios de 2024, la renovación de convenios en cada una de las empresas ha ido aparcándose, tal y como sostienen fuentes del diálogo social. El punto de inflexión –apuntan algunas de estas fuentes– llegó cuando el texto acordado entre Trabajo y UGT y CC.OO., ya sin la patronal en el acuerdo por decisión propia, incluía la fecha del 31 de diciembre de 2025 como el momento en el que todos los negocios debían adaptarse a la nueva jornada. Independientemente de su tamaño (autónomos, pymes, corporaciones) como del sector en el que trabajasen (hostelería, comercio, industria, etc.). Ahí se activaron con más fuerza las dudas que llevaron a un aparcamiento de las negociaciones más aún con las subidas de salario mínimo que ha aprobado el Gobierno y que han añadido «presión», indican fuentes empresariales.

La posición ha sido desde entonces la de esperar en un contexto en el que la patronal nunca ha tenido claro qué iba a ocurrir realmente con la reducción de jornada. A principios de año el anteproyecto de ley pasó por Consejo de Ministros, después de las fricciones entre Díaz y Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, quien abogaba por «acompañar» a las pymes en esta transición laboral.

Tras esos rifirrafes entre los dos ministros a principios de año llegó la hora de que el texto pasase por el filtro del Consejo Económico y Social (CES), un organismo en el que están representados todos los agentes y organizaciones sociales y de cuyo análisis salió un texto de consenso que no había logrado Díaz en su ministerio. En ese dictamen consultivo el CES tildaba de «insuficientemente fundamentado e incompleto» el análisis que el Ministerio había realizado al cuantificar el impacto que tendrá pasar de 40 a 37,5 horas semanales para la economía española. También considera que debería haber elaborado una memoria económica «más consistente y completa» de la que ha preparado por tratarse de un cambio laboral de calado por su «trascendencia».

En cualquier caso, el texto pasó de nuevo por la mesa del Consejo de Ministros como proyecto de ley, enfilando su camino al Congreso de los Diputados. El Gobierno nunca ha tenido garantizado el apoyo de los grupos parlamentarios de la investidura, sobre todo a Junts, que finalmente ha dejado caer la norma al presentar una enmienda a la totalidad. Con su veto final, el camino puede quedar ahora más despejado para que se desbloqueen los convenios pendientes.

La realidad laboral refleja cómo al menos los acuerdos que se han ido formalizando durante estos años han ido reduciendo la jornada laboral pactada de forma progresiva sin necesidad de que estuviera en marcha la ley. Era el argumento de los empresarios para no tener que aplicar una norma generalizada a todos los sectores económicos, y que fuera uno a uno donde se implantase valorando las necesidades de cada empresa o actividad económica. Así, la jornada media de trabajo pactada en los convenios se encuentra ya en las 38,3 horas semanales, claramente por debajo de las 40 horas legales y más cerca de las 37,5 horas que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aspiraba a generalizar en todos los centros de trabajo con su ley.

Los acuerdos rubricados hasta el pasado mes de agosto incluyen una jornada media pactada en convenio de 1.750 horas anuales por trabajador (1.725 horas en convenios de empresa y 1.751 horas en los de ámbito superior, como sectoriales o territoriales). Ese tiempo representa 38,3 de media a la semana, aunque la jornada media vigente que ya hay en los convenios de empresa se sitúa en el entorno de las 37,8 horas semanales, cerca del objetivo del Ministerio de Trabajo.

A pesar de esos datos, las centrales sindicales vienen insistiendo en que los convenios consiguen mejores medias que las que revelan los trabajadores no cubiertos por este tipo de acuerdos sociales. Es decir, que hay millones de empleados que no ven reducida su jornada laboral en la medida en la que lo han logrado el resto, por la falta de protección. Y que por ello era necesario generalizar una ley horaria.

Por otra parte, los convenios firmados consolidan una ralentización en las subidas de salario pactadas en este tipo de acuerdos entre empresas y sindicatos. En concreto, los sueldos medios subieron de media un 3,5% en agosto, un poco más por encima del 3,46% de julio y, en cualquier caso, superando el IPC de agosto, que se situó en tasa interanual en el 2,7%, según el INE. De esta forma, se encadenan ya 13 meses consecutivos de incrementos superiores al 3%.

El incremento salarial medio recogido en los convenios registrados en agosto (3,50%) está más o menos en línea con las directrices marcadas por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC). En concreto, este acuerdo recomienda subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo que estaba en vigor entre 2023 y 2025.

A partir de ahora, con el proyecto de ley anulado, las negociaciones colectivas se verán condicionadas por el amago anunciado por Díaz para poner en marcha el nuevo registro horario (digital, más vigilado y con nuevas sanciones) a través de un real decreto que no precisa el apoyo del Congreso de los Diputados para su puesta en marcha.