La Policía concluye que San Chin Choon existe y que Luceño le escribió la declaración

El mensaje obra de hecho en el sumario, era parte de una cadena de tres emails con una declaración jurada del malasio exculpatoria para ambos. Ahora, la Policía ha descubierto que quien lo redactó todo fue Luceño. Y no porque San Chin Choon no exista, como se sospechaba en un inicio, sino porque estaba igual de preocupado que el comisionista por el alcance de la investigación.

Un informe al que ha tenido acceso en exclusiva ABC revela que Luceño escribió desde su supuesta declaración espontánea a la Fiscalía Anticorrupción al inicio de las pesquisas, hasta la respuesta a las 19 preguntas que contenía la comisión rogatoria enviada a Malasia, pasando por la mencionada declaración jurada que llegó al juez Adolfo Carretero partida en tres correos electrónicos con sus adjuntos.

El informe es fruto del volcado de los móviles y ordenadores intervenidos a Luceño en el registro de su vivienda y analiza sus conversaciones por Wechat (un WhatsApp asiático) y correo con 'Anthony', el alias tras el que se identifica al ciudadano de Singapur Chag Beng Kay. Ambos despachan habitualmente sobre asuntos comerciales, desde compra venta de gambas hasta cargamentos de acero. Y es él quien le lleva la interlocución con San Chin Choon, que no habla inglés.

Las conversaciones, mantenidas entre septiembre de 2021 y la misma fecha de 2022, evidencian «un acuerdo de voluntades articulado entre los tres para que, ante requerimientos de las autoridades españolas a San Chin Choon (...) este aportase una versión que se acomodase a la expuesta en la causa española por Luceño y Medina en aras de exonerarlos».

Todo empieza tras la comparecencia de Luceño ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, que en otoño de 2021 estaba investigando este asunto. «Anticipándose a lo que pueda suceder», el comisionista informa a Anthony sobre «posibles preguntas» que pudieran hacerle a San Chin Choon si lo llamasen a declarar. «Insta al empresario a que, por una propia iniciativa simulada, envíe a las autoridades españolas una declaración jurada cuyo contenido exonere a los investigados».

El documento obra en el sumario, de hecho, como una serie de certificaciones que presentó Luceño para hacerse valer como intermediario acreditado en el negocio de material sanitario y que le han supuesto también una imputación por falsedad documental. De esos papeles enviará copia también a San Chin Choon, por si tuviera que aportarlos. Le instruye también sobre uno de los principales déficits que apreciaba la Fiscalía desde el inicio, que las firmas del malasio no cuadran.

«Te preguntarán si reconoces el documento y si estas son tus firmas. Lógicamente la respuesta es sí», le traslada. Incluso quiere que San Chin Choon declare sobre una supuesta preocupación de Luceño sobre la situación sanitaria en España que habría motivado su interés en conseguir las mascarillas. Anthony le iba asegurando que el malasio le dejaría en buen lugar: «Sabe lo que decir y lo que no».

En diciembre de 2021 las autoridades de Malasia llaman a declarar a San Chin Choon. Los investigadores presumen que fue a raíz de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que remitió una comisión rogatoria para que se le interrogase. «Al objeto de unificar versiones», dice el informe, Luceño pide a Anthony copia de la comparecencia.

La cuestión es que la Policía de Malasia no se queda conforme y abre su propia investigación sobre San Chin Choon, que tiene «pánico» a la trascendencia mediática, como recogen las conversaciones. En ese contexto, Malasia responde a España que el empresario no ha declarado. A Luceño no le encaja, claro, de primera mano sabe que no ha sido así. «Creo que al final debe ser que quieren dinero», le dice Anthony. Ambos están convencidos de que, si San Chin Choon paga a los malayos, se acabó «el problema» allí contra él.

Pero en España, la Fiscalía presenta una querella y el asunto se judicializa. Luceño da parte a Anthony con toda una batería de instrucciones para San Chin Choon, tras compartir una noticia de ABC que informa de que está pendiente la rogatoria de Malasia.

El empresario vuelve a ser convocado por las autoridades locales y constan incluso los borradores que intercambiaron con las respuestas a las preguntas de la Fiscalía española -acotaciones al margen incluidas- que el propio Luceño redactó para aquella nueva comparecencia. Todo, teniendo cautela, que la Policía lo va a analizar. «Lo mejor es escanearlo bien para mostrar que el documento salió de un ordenador allí en China y no de España», indica.

También redactará el email del malasio al juez en el que dice que por agenda no puede ir a España a declarar pero se ofrece a una videoconferencia. La misma que no se ha realizado.

Tras su análisis, la Policía concluye que se trató de una «confabulación» con la que Luceño pretendía «aunar versiones con San Chin Choon», de manera que utilizando a Anthony como «cauce» de comunicación, el comisionista «aporta las instrucciones y directrices necesarias, manteniendo un control estrecho sobre las actuaciones del malayo».

«Ello deviene del convencimiento de Alberto Luceño sobre la idea de que, si las respuestas de San Chin Choon, así como la documentación que pueda aportar, están en consonancia y coherencia con lo manifestado tanto por él mismo, cómo por Luis Medina (...) la investigación será cerrada y evadirán así responsabilidades diamantes de la misma», recoge el análisis.

En este sentido, en una de las charlas Luceño llegó a decir a Anthony que trasladase al CEO de Leno tranquilidad porque «en un mes» se cerraría el asunto. En la primera semana de abril vence el año que se dio el instructor de plazo para investigar, un punto de inflexión para el que acusaciones populares como la que ejerce el PSOE de Madrid ya se han preparado, solicitando una prórroga de las pesquisas.

Sin embargo, y aunque este punto está aún por resolver, las fuentes de la investigación consultadas por ABC entienden que no hace falta prolongar la causa porque el grueso de los hechos están ya esclarecidos y si queda algún informe policial a raíz de las entradas y registros en los dominios de Luceño, se podría aportar vencido el plazo igual.

Mientras, la acusación que ejerce Podemos ha vuelto a recibir un varapalo del instructor, en un auto en el que desestimaba este miércoles una nueva petición de diligencias, de nuevo, enfocadas a posibles ilícitos en la gestión del Ayuntamiento de Madrid y de la funcionaria que gestionó la compra, Elena Collado, y cuya imputación ya ha sido denegada con aval de la Audiencia Provincial de Madrid, dando por esclarecido que «no cometió ningún delito»

«No se investiga si la señora Collado fue mejor o peor gestora en los contratos investigados, sino si participó de alguna manera en la presunta estafa al Ayuntamiento, prevaricó en la contratación o consintió que los investigados se apropiasen de dinero público, lo que ya se negó en el Auto del 13 de mayo de 2022 y se vuelve a negar en este auto, máxime cuando el partido político Podemos no aporta una prueba bastante que haga cambiar el criterio de este Instructor, que es el mismo que mantienen el Ministerio Público y la Audiencia Provincial de Madrid», dice el juez Adolfo Carretero.