La Audiencia de Madrid cierra la puerta a la escalada política del caso mascarillas

En concreto, instaban la imputación de Collado porque fue la funcionaria que negoció la adquisición de material sanitario que acabó costando cerca de 11 millones al Ayuntamiento de Madrid, un precio inflado un 48% porque los comisionistas, Luis Medina y Alberto Luceño, se embolsaron 6 millones con aquella operación de test covid, mascarillas y guantes desechables.

Respecto de la concejala Engracia Hidalgo, su firma estaba en el convenio del Ayuntamiento que delegaba en la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid la centralización de las compras en la primera ola de la pandemia. Señalaban un presunto delito de prevaricación administrativa.

En una resolución notificada este viernes, los magistrados recuerdan que, como ya han señalado en pronunciamientos anteriores, la causa se dirige a esclarecer «si los dos investigados (Medina y Luceño) engañaron al Ayuntamiento de Madrid en la persona que en su nombre negoció (Elena Collado), en la celebración de tres concretos contratos» y la situación de ambas sería ajena a lo que hicieron los comisionistas, que es el centro.

Para los magistrados, «no se aprecia indicio alguno que permita imputar el delito de prevaricación, que precisa de la existencia de una resolución injusta y arbitraria, en base a la firma y desarrollo del convenio» mencionado y que es «ajeno al procedimiento seguido contra los dos investigados» por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid.

Descartan así que pueda dirigirse la causa contra Engracia Hidalgo, como también cierran la puerta a imputar a Elena Collado, «habiendo prestado declaración de manera extensa» ya en calidad de testigo, cuando «explicó cumplidamente su intervención en los hechos».

Entre tanto, la instrucción sigue su curso y está muy avanzada. Este viernes ha testificado el gerente de Madrid Salud, responsable de riesgos laborales y así, de que el material sanitario repartido al personal del consistorio fuese el adecuado. En la comparecencia ha explicado que las mascarillas KN95 de grafeno que llegaron en primer lugar le parecieron «buenas», si bien ha concedido que «no tenían ningún marcado de la Comunidad Europea».

«Que no cumpla con un requisito no era suficiente para decir que la mascarilla no era idónea porque había muchas mascarillas que no cumplían con toda la normativa europea», ha señalado.

De acuerdo a las actas de su comparecencia a las que tuvo acceso ABC, el gerente ha explicado que «en las reuniones de coordinación» que tenían en esa época, marzo y abril de 2020, se enteró «de que se había hecho un informe de Policía Municipal diciendo que las mascarillas eran buenas», si bien no tuvo acceso al mismo. Sí ha detallado que él las utilizó sin detectar ninguna anomalía y que si hubiese encontrado algo anormal, habría dado la voz de alarma.

«Comentamos la dificultad que había para verificar si se podía equiparar a una FFP2», ha dicho en otro momento de la comparecencia, en la que ha señalado que en aquel momento, no tenían «capacidad de saber la repercusión del grafeno» que llevaban. Ese conocimiento llegaría después, con «un informe de la Universidad de Ottawa», según ha dicho, pero «prevención de riesgos no mandó ningún mensaje alertando» de su uso.