El PNV espera hoy su turno para exprimir al Gobierno con el traspaso de la Seguridad Social

Con el precedente inmediato del acuerdo sobre la financiación catalana, Pradales pondrá sobre la mesa una ristra de asuntos como la política migratoria o el impulso de la macroregión atlántica, más allá de las transferencias pendientes en el Estatuto de Guernica acordadas entre los nacionalistas y el PSOE para lograr su apoyo en la investidura de Sánchez en 2023.

Ahora, tras el estallido del 'caso Cerdán', el PNV trata de dar pasos con los que cerrar los acuerdos ante la posibilidad de que se acorte la legislatura. Y entre ellos destaca la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que el texto estatutario reserva al País Vasco en su artículo 18. Considerado el traspaso de mayor envergadura y complejidad, los equipos de ambos Gobiernos llevan meses trabajando en él, dividiéndolo en dos bloques.

El primero, sobre el que esperan resultados este martes, afecta a las prestaciones contributivas y no contributivas de empleo y al Servicio Público de Empleo Estatal. Estas son las políticas activas, puesto que las pasivas (relativas, por ejemplo, a las formación de los parados) ya están en manos de la comunidad autónoma a través de su servicio Lambide.

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La nueva, a la espera de que se concrete, supondría que el País Vasco asumiese el pago de las prestaciones por desempleo, aunque el coste partiese del Estado. Es decir, un cambio de manos, de forma que el ciudadano percibiese el monto de la administración vasca y no de la estatal, aunque sin tener esta la capacidad para fijar las cuantías. Salvando las distancias, algo similar a lo que ya ocurre con los permisos de trabajo para extranjeros que, desde el pasado 1 de julio, ya tramita la propia región al hacerse efectivo el traspaso de dicha competencia. Un proceso «complejo» y todavía en fase de adaptación, según manifiestan desde el propio Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco.

Además, el gabinete del lendakari también quiere avanzar en su agenda (algo que tras la última Conferencia de Presidentes, donde se produjo el choque con Isabel Díaz Ayuso, fía únicamente a la relación bilateral) temas como la oficialidad del euskera dentro de la Unión Europea, o una mayor inversión en redes eléctricas en la región. Esta última exigencia empezó a ser recurrente en el discurso del nacionalismo tras el apagón que sufrió toda España el pasado 28 de abril.