Piden a Von der Leyen que abra un procedimiento de infracción a España por la ley de Amnistía

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En la misiva, que firma el presidente de la plataforma, Jaime Lozano, solicitan también a la presidenta que informe sobre si esta ley «respeta o infringe, en cuanto a su contenido y/o su tramitación, la normativa, ,jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y las recomendaciones de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia»; y le instan a que adopte todas las medidas que considere adecuadas para tratar de resolver esta situación de «ilegalidad internacional», pues esta ley, denuncia, «nos acerca de manera alarmante a inquietantes experiencias de Estados iliberales».

PCIJ inicia su misiva señalando que la única finalidad de de esta norma que entró en vigor el pasado 11 de junio, tiene como «única finalidad» perdonar y olvidar diversos delitos, «incluso de malversación de caudales públicos y delitos de terrorismo, a un número indeterminado de personas relacionadas con el proceso independentista catalán y que actuaron al margen de las vías legales creando momentos de inédita tensión en nuestro país». A su juicio, la ley no busca la convivencia pacífica entre los españoles, sino que «es fruto de un intercambio político entre un gobierno y partidos políticos en minoría parlamentaria que la ofrecen en pago de apoyo parlamentario y grupos secesionistas que han expresado en público su desprecio por la Constitución Española así como su voluntad de alcanzar la independencia de la región catalana por cualquier medio«.

De hecho, apunta, varios de los beneficiados por dicha amnistía son políticos de dichos partidos independentistas que «han negociado la amnistía a cambio de sus votos» para apoyar al Gobierno y grupos parlamentarios que lo sustentan, por lo que «nos encontramos ante un supuesto muy próximo a la autoamnistía«. »Es evidente la ilicitud de la causa y la desviación de poder y arbitrariedad que entraña dicha ley«, dice.

Muestra de que la finalidad que proclama la ley no es cierta, dice, es que «ya el lunes 10 de junio se produjo un incumplimiento a una resolución del Tribunal Constitucional español por la Mesa del Parlamento catalán al permitir el voto no presencial de varios diputados, lo que demuestra que la finalidad alegada en la exposición de motivos de la ley de amnistía (normalización institucional, reconciliación y convivencia) no es cierta, ya que algunos mantienen su desobediencia a órganos estatales y se inclinan por seguir la vía unilateral hacia la independencia de la región catalana«.

La plataforma recuerda además que desde el inicio de la andadura de la ley distintos colectivos, asociaciones, plataformas y numerosos juristas han cuestionado dicha ley por ser contraria a la Constitución y a principios básicos del Estado de Derecho de la Unión Europea. «Diversos informes cuestionan la legalidad de dicha ley, tanto por su contenido como por el irregular procedimiento seguido», apunta, como la Comisión de Venecia, el informe de los Letrados del Senado o el informe del Pleno del Consejo General del poder Judicial.

«Son muchas las razones de la ilicitud de la ley de amnistía. Entre ellas, que consagra privilegios a favor de algunas personas concretas, con nombres y apellidos identificables (varios de ellos políticos), que, lejos de manifestar su voluntad de integración en nuestro ordenamiento constitucional, exhiben una actitud hostil, desafiante, sin ocultar su propósito de actuar al margen de la legalidad para la consecución de sus fines. De ahí que resulten comprometidos, entre otros principios, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva, esto es, el derecho a un proceso justo ante los tribunales«, denuncia PCIJ.

A ello se une que el ámbito objetivo de la ley es «extremadamente amplio», lo que puede desembocar en interpretaciones jurídicas diversas, sin un marco temporal concreto (pues permite impunidades pasadas y futuras sine die, siempre que alguno de los hechos que integran la actuación delictiva continuada esté comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, lo que convierte en perpetua la desigualdad jurídica que entraña la amnistía) y previéndose unos efectos muy amplios (pues produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa y contable de los amnistiados)«.

Además, hay que tener en cuenta, dice, que se trata de una ley que se ha tramitado sin previa reforma de la Constitución (que no prevé la amnistía como facultad de las Cortes Generales) y por el procedimiento de urgencia, reduciendo al mínimo el debate parlamentario, «habiéndose realizado las negociaciones principales para su aprobación entre dos partidos (PSOE y Junts) fuera del Congreso y de España, concretamente en Ginebra». Además, ha sido aprobada por una ajustada mayoría de 177 votos de los 350 diputados que componen el Congreso español y con el veto del Senado, «creando una fractura social de imprevisibles consecuencias».

Por ello, concluye, la ley aprobada no cumple los requisitos de Estado de Derecho que, según la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, deberían cumplir las amnistías y «urge» actuar «cuanto antes», puesto que «los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso y hay presiones, incluso coacciones, a jueces y fiscales relacionados con procesos en los que puede aplicarse dicha ley».

En efecto, por los posibles beneficiados de la ley, así como desde el Gobierno de España y el Fiscal General del Estado, que depende de aquél, «se pretende la aplicación automática e inmediata de la ley, contraviniendo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el derecho de la Unión Europea, menoscabando la autoridad de jueces y magistrados, dificultando el control judicial y atacando la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal y su actuación en defensa de la legalidad«, relata.