Pedro Sánchez expone al comercio y la tecnología de España a sanciones de EE.UU. por el contrato a Huawei

La petición fue enviada por dos diputados republicanos del Capitolio, Gus Bilirakis y Richard Hudson, al secretario de Comercio, Howard Lutnick. Está fechada el 8 de agosto. Ambos presiden subcomisiones clave en la Cámara de Representantes y piden una investigación formal sobre la decisión del Gobierno español de adjudicar a Huawei la gestión de datos sensibles de escuchas judiciales. La carta afirma: «Es profundamente preocupante que un aliado de tratado (el de la OTAN) utilice equipos y servicios de telecomunicaciones de una entidad alineada con el Partido Comunista chino». En el documento, Bilirakis y Hudson recuerdan que «Huawei y otras empresas chinas mantienen vínculos documentados con el Partido Comunista Chino, lo que plantea riesgos profundos para la seguridad nacional y económica». Señalan además que en 2019 la Administración Trump reconoció que esos riesgos eran inaceptables y prohibió a Huawei y a ZTE operar en EE.UU.

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Fuentes conocedoras de esta iniciativa dicen a ABC que EE.UU. puede responder a la decisión del Gobierno de España de adjudicar a Huawei la gestión de datos sensibles con un abanico de medidas que van desde el control de exportaciones hasta sanciones comerciales. Si el Departamento de Comercio confirma que este contrato compromete la seguridad de los datos o afecta al comercio digital, algo a lo que la inteligencia ya ha apuntado con una investigación propia, podría imponer restricciones a empresas españolas que utilicen o integren tecnología de Huawei en sus sistemas. «Esto incluiría la posibilidad de que queden vetadas en contratos federales en EE.UU. o tengan limitado el acceso a software, semiconductores y otros componentes esenciales de origen estadounidense», dijeron esas mismas fuentes a este diario este martes.

Las consecuencias no se limitarían a Huawei: compañías españolas del sector tecnológico, de telecomunicaciones o de servicios digitales que trabajen con la administración pública o que estén participadas por el Estado podrían verse afectadas. Washington podría denegarles licencias de exportación, bloquear financiación o incluso imponer sanciones financieras si se considera que facilitan la expansión de Huawei en Europa. El riesgo es que proyectos de modernización digital o de infraestructuras en España acaben encontrando obstáculos para importar tecnología crítica desde EE.UU., con un impacto directo en plazos y costes.

En el plano diplomático, la medida aumenta la tensión en la relación bilateral y podría traducirse en un menor acceso de España a información clasificada o a programas conjuntos de defensa y ciberseguridad. En la práctica, cualquier empresa española vinculada a contratos estatales que dependan de tecnología Huawei pasaría a estar bajo sospecha en Washington.

El resultado sería una presión indirecta para que España y sus empresas se desvinculen de Huawei, bajo amenaza de perder acceso a mercados, financiación y tecnología de EE.UU. Según fuentes del Departamento de Comercio, la misiva ya ha sido recibida y está siendo considerada para su tramitación. La oficina de la dirección de inteligencia norteamericana confirmó a ABC la semana pasada que sus pesquisas están abiertas desde el mes pasado.

España y los lazos del Gobierno de Pedro Sánchez con Huawei están ahora en el centro de dos frentes de investigación en Washington: el de inteligencia y el comercial. A comienzos de agosto, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, abrió un procedimiento formal para evaluar el riesgo que supone que una compañía alineada con Pekín gestione datos sensibles de escuchas judiciales en un país aliado. La inteligencia norteamericana evalúa el riesgo de que una empresa alineada con Pekín tenga acceso a datos sensibles de un país aliado. El resultado de la investigación está previsto para finales de agosto y, según fuentes en Washington, servirá de base para decidir si se limita el flujo de inteligencia hacia España.

EE.UU. advierte de que, de confirmarse el riesgo, se podrían recortar datos estratégicos que hoy comparten sus agencias con las fuerzas de seguridad españolas: desde información sobre redes yihadistas y narcotráfico hasta alertas de la OTAN o movimientos militares en zonas críticas como el Sahel.

La amenaza ahora es clara: mientras no se revierta el contrato, parte del intercambio de inteligencia policial y militar con España podría quedar restringido, debilitando su capacidad de anticipación frente a amenazas y aislándola en los circuitos aliados. El Gobierno español tiene hasta final de mes para rescindir el contrato.

La decisión del Gobierno de España de adjudicar a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar escuchas judiciales ha abierto una crisis de seguridad en Washington. Lo que en Moncloa se justificó como una oferta más barata, en EE.UU. se percibe como un riesgo directo de que una empresa alineada con Pekín gestione información crítica de un aliado de la OTAN. La Comisión Europea ya había catalogado a Huawei como proveedor de «alto riesgo» y España, de hecho, la había vetado en el despliegue de redes 5G, lo que acentúa la percepción de contradicción en su política tecnológica.

Los diputados republicanos que ahora se movilizan han alertado de las consecuencias de las acciones del Gobierno español. Advirtió Bilirakis: «Confiar una infraestructura tan crítica a una entidad bajo la influencia de un gobierno autoritario extranjero podría poner en peligro no solo la seguridad interna de España, sino también la integridad del intercambio de inteligencia entre aliados».

Hudson fue más tajante: «La decisión de España de dar a Huawei acceso a datos sensibles de seguridad es profundamente preocupante y un riesgo directo para nuestra seguridad compartida. Huawei tiene vínculos bien documentados con el Partido Comunista chino, y esta medida socava la confianza y la transparencia que deberían definir nuestras alianzas».