Pedro Sánchez abre la veda para tomar la Justicia y sus socios le piden actuar

Después de jornadas de gran mutismo, el presidente del Gobierno ha acudido a ver al Rey en Zarzuela para poco después, en una comparecencia sin periodistas –en su carta de la semana pasada dijo que iba a hablar «ante los medios» y tanto la FAPE como la APM han criticado este lunes que no haya sido así– en las escalinatas de La Moncloa, y en casi diez minutos de discurso escrito, confirmar que se mantiene donde estaba.

«He decidido seguir, con más fuerza si cabe», ha zanjado, tras explicar que las movilizaciones del fin de semana, que ha agradecido «de corazón», han «influido» en su decisión. Se refería a las 12.500 personas que según su propia Delegación del Gobierno respaldaron el sábado en Ferraz la concentración organizada por el PSOE, con autobuses fletados desde toda España, a las cerca de 5.000 que se manifestaron este domingo en Madrid y al acto en el que los líderes sindicales y personas del mundo de la cultura como Luis García Montero o Miguel Ríos le pidieron que siguiera. Ninguna quedará como una movilización masiva.

«Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades», ha explicado, abriendo así la veda, aunque sin dar mayores concreciones, para actuar sobre la Justicia, señalada por él mismo tras la admisión de la demanda del polémico sindicato Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, quien este lunes de nuevo ha sido la protagonista de las palabras del presidente.

«Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella», ha afirmado. En línea con su carta de la semana pasada, ha extendido sospechas sobre el proceder de determinados jueces: «Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de derecho», ha afirmado al iniciar su discurso. En su misiva del día 24 reprochó al titular del juzgado 41 de Madrid su actuación al abrir diligencias sobre «unos hechos inexistentes».

Los socios del presidente no han tardado en recoger el guante de ese punto y aparte. El primero el de coalición, Sumar, cuya líder, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Ministerio de Trabajo, la cartera que ostenta, y le ha instado a «democratizar» el Poder Judicial. No ha dado más detalles, pero la propuesta de rebajar las mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva tiempo sobre la mesa, y Podemos no ha dudado en volver a reclamarla. Los independentistas de ERC y Bildu, por su parte, le han reclamado «levantar la hipoteca del régimen del 78». Este lunes, una asociación afín a Sumar, La Plaza Madrid, que está cobrando protagonismo, ha llamado incluso a concentrarse frente a la sede del CGPJ contra «el golpismo» de los jueces.

Aunque Díaz no ha aclarado a qué se refería exactamente con eso de «democratizar» la Justicia, ya el viernes Enrique Santiago, diputado de Sumar, habló de la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para sortear el actual bloqueo, del que la izquierda culpa al PP tras haber cumplido los miembros del órgano más de cinco años con el mandato caducado. Populares y socialistas llevan meses reuniéndose con mediación de la Comisión Europea para alcanzar un acuerdo que permita nombrar a los nuevos integrantes del organismo de gobierno de los jueces.

La actual ley exige una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado para elegir a doce vocales procedentes de la carrera judicial y a otros ocho que sean juristas de reconocido prestigio. Estos segundos requieren esos tres quintos porque así lo mandata la Constitución. Los otros doce inicialmente los elegían directamente los jueces –escenario al que quieren regresar el PP y Vox y que bendice Bruselas–, pero desde 1985 son también designados por las Cortes.

El PSOE y Unidas Podemos, la legislatura pasada, llegaron a registrar una reforma para que esos doce vocales fuesen nombrados por mayoría absoluta (la mitad más uno) y no por cualificada. Ese cambio entregaba de facto a la mayoría que sustenta al Gobierno la capacidad de nombrar a todos los vocales judiciales y fue detenido por la presión de la Comisión Europea, que reclama avanzar en la dirección contraria para dotar de mayor independencia al Poder Judicial.

Ahora, en un contexto donde el independentismo ha conseguido que, además de Podemos, el PSOE y Sumar abracen el concepto de 'lawfare' –la supuesta guerra judicial contra adversarios políticos–, Díaz ha deslizado este lunes esa necesidad de «democratizar» la Justicia. También ha abogado por «transformar» la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus adversarios como 'ley mordaza', en lo que será un segundo intento para derogarla tras el fracaso de la anterior legislatura. La exministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido más explícita y ha exigido recuperar la reforma para rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ «sin el PP». Díaz también ha pedido que termine la imagen de negociaciones con los populares. El muro 2.0.

La líder de Podemos, no conforme con eso, ha pedido la derogación completa de la 'ley mordaza' y una ley de medios para, ha dicho, combatir «el dominio de la derecha mediática». En las redes se pronunciaron también Gabriel Rufián (ERC) y Mertxe Aizpurua (Bildu). Y es que el alivio inicial que ha causado en sus socios la no dimisión ha evolucionado hacia una ventana de oportunidad para legitimar sus reivindicaciones.

Rufián le ha instado a hacer algo para que su gesto no se quede en «un acto de frivolidad». Más allá ha ido la dirigente aberzale, que ha aplaudido la decisión del presidente y ha reclamado que se ponga «pie en pared» ante la «derecha reaccionaria» con una agenda «democratizadora valiente» y medidas que, en sus palabras, «permitan levantar la hipoteca del régimen del 78», que, según ella, no les permite ejercer sus «derechos nacionales». «El momento es ahora», ha rematado.