El País Vasco mantendrá los modelos lingüísticos en la futura ley educativa

De hecho, los parlamentarios han necesitado menos de una hora para dar por zanjado el asunto a la vista de sus evidentes discrepancias. La enmienda se presentó después de las críticas que suscitó el proyecto legislativo en el que se eliminaban los modelos lingüísticos en el PSE, uno de los socios de Gobierno. EH Bildu ya advirtió entonces que si se incluía esa medida no apoyaría la reforma, y este martes los independentistas se han reafirmado en esa opinión.

La coalición soberanista argumenta que el sistema de modelos actual no garantiza el modelo de la lengua vasca. Al término de la reunión, Ikoitz Arrese, parlamentario de la formación soberanista, ha explicado que la oferta que han hecho PNV y PSE no «aclara» como quedaría garantizado en aprendizaje de las lenguas en el futuro modelo educativo, tal como establecía el pacto que firmaron los grupos parlamentarios. Sin embargo, consideran en que el texto actual servirá para consolidar un «modelo D devaluado» y ha criticado que, en su opinión se anteponga «el derecho a la elección de la lengua vehicular frente a los objetivos lingüísticos marcados por la ley». En concreto, se establecía que el nuevo sistema educativo debía garantizar que los alumnos alcanzaran un nivel B2 tanto de castellano como de euskera al acabar la secundaria.

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A pesar de ello, ha explicado que su formación «no tira la toalla» y ha trasladado una última propuesta de mínimos. Ha trascendido que en ella se incluyen medidas para «intentar regular» el Servicio Público Vasco de Educación, para así limitar la transferencia de fondos públicos a centros concertados-privados de «forma universal». Sin embargo, no han aclarado cuál es su idea para superar el choque que suponen los modelos lingüísticos.

«La pelota está en el momento de los partidos que apoyan al Gobierno», ha retado Arrese. Sin embargo, cada vez resultan más remotas las posibilidades de que la ley salga adelante con el apoyo masivo que anhela el Gobierno vasco.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción de PP y Vox, firmaron a principios de 2022 lo que se consideró un acuerdo inédito. Sin embargo el texto, que se logró in extremis, recogía aspectos excesivamente generales, en los que era posible incluir tanto los modelos lingüísticos actuales como el sistema de inmersión que defiende EH Bildu, a pesar de que en la realidad resulten modelos incompatibles.

Tanto es así, que el texto rápidamente evidenció su fragilidad y con las primeros adelantos de la futura ley empezó a hacer aguas. Podemos fue el primer grupo en descolgrase. La formación morada presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley por entender que se otorgaba un peso «escaso» a la educación pública. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, ha vuelto a reclamar la «paralización» de la tramitación porque cree que todavía existen «agujeros negros» que deben ser aclarados.

En teoría, el acuerdo con EH Bildu todavía no está roto de manera oficial, su portavoz, Ikoitz Arrese, ha reconocido que la cosa «está fea». Lo más probable es que la negativa definitiva llegue este mismo viernes, cuando los servicios jurídicos de la Cámara tienen que transmitir a los miembros de la ponencia el texto final. La formación independentistas tiene previsto consultar con sus bases su negativa al proyecto, para así reafirmarse en su oposición al PNV de cara a las próximas elecciones autonómicas. Previsiblemente esa consulta se abrirá el próximo lunes.

Entre tanto, los socios de Gobierno continuarán adelante con la aprobación de la reforma educativa. El proyecto aún tiene varias semanas por delante de tramitación, y su votación definitiva está prevista para el próximo mes de noviembre. Tienen garantizada su aprobación, ya que PNV y PSE suman mayoría absoluta. Sin embargo, las aspiraciones de consenso con las que nació se han ido desgastando, hasta diluirse por completo en el ambiente preelectoral del País Vasco.