El euskera «como eje» en el anteproyecto de ley de educación vasco

Únicamente se especifica que los alumnos, cuando terminen la educación secundaria deberán haber conseguido un nivel B2 (intermedio alto según el marco común europeo) de las dos lenguas cooficiales. Además, la enseñanza también tendrá que garantizar que al finalizar los estudios se haya adquirido un nivel B1 (intermedio bajo) de alguna lengua extranjera. Sin embargo, no se explica cómo se acreditará que se han alcanzado dichos niveles de conocimiento, ni se establecen tiempos mínimos para cada una de las lenguas.

Todo ello siempre, con un protagonismo central del euskera, «signo de identidad propia». «Ha de ser la base del aprendizaje y un elemento que contribuya decididamente a la normalización lingüística y la cohesión social», explica el texto. El anteproyecto de ley también pide «reforzar» el papel del euskera como «lengua de referencia» del sistema educativo y potenciar su uso tanto en el contexto educativo formal como el informal.

La falta de concreción acerca de los tiempo dedicados a cada uno de los idiomas y la ausencia total de alusiones al castellano en la norma, hace temer a algunos sectores que la enseñanza en este idioma retrocederá aún más. Hasta ahora, quienes querían estudiar en español, tenían la posibilidad de matricularse en algunos de los centros que ofrecían el modelo A, una fórmula que escogieron el 2,4% de las familias que han escolarizado a sus hijos en el último curso en la franja de entre 3 y 5 años.

A preguntas de los medios de comunicación, el Consejero de Educación vasco, Jokin Bildarratz, ha evitado entrar en detalle y se ha limitado a señalar que cada centro podrá establecer su propio «proyecto lingüístico», teniendo el cuenta «la realidad de su ámbito sociolingüístico». Desde Educación recuerdan, además, que en la actual ley de Educación tampoco se determinan las tipologías de modelos educativos, y que estas se han regulado en la ley de Euskera.

El anteproyecto de ley que se ha hecho público este martes también dedica buena parte de su articulado a definir cómo será la convivencia entre la educación pública y la concertada. El texto explica que el sistema educativo vasco «se sustentará esencialmente en la red de centros públicos existente». Así mismo, los centros concertados que impartan enseñanzas obligatorias también formarán parte de ese sistema y dado que serán financiados con dinero público la ley les prohíbe expresamente «cobrar cuota alguna». Tampoco podrán solicitar a las familias aportaciones a fundaciones o asociaciones. Serán sometidos a auditorías periódicas para comprobar que cumplen la ley. También pasarán a ser gratuitas las escuelas infantiles pertenecientes al consorcio municipal 'Haurreskolak' que se encargan de la enseñanza de 0 a 1 años.

La norma establece que todos los centros concertados deberán «garantizar la libertad sexual y de género en los términos que se establezcan en la normativa aplicable». Tampoco se permitirá la segregación sexual. Además, el anteproyecto establece los centros educativos financiados con fondos públicos deberán «orientar su enseñanza en términos de laicidad» y respetar la «diversidad de creencias religiosas». La ley rechaza expresamente el «adoctrinamiento», pero sí hace referencia a la necesidad de «respetar el carácter propio de los centros privados y concertados».

Otro de los objetivos de la nueva regulación es el de terminar con la segregación por razones socioeconómicas. Para ello, se establecen diversos mecanismos para evitar la concentración de alumnos vulnerables. De esta manera, se promoverá la creación de «espacios educativos interculturales» que promuevan la «convivencia» y logren aportar una escolarización «inclusiva y equilibrada». También hay novedades respecto a la forma de hacer las matrículas. Una vez entre en vigor la norma, se establecerá un procedimiento único para asignar las plazas tanto en la educación pública como en la concertada.

Podemos ha sido el primero en pronunciarse acerca del contenido del anteproyecto de ley, y lo ha hecho para expresar su «profunda decepción». Para el partido morado, el texto es puro «humo» y no recoge «el espíritu» del pacto educativo que firmaron todos los partidos políticos, excepto el PP y Ciudadanos. La portavoz, Miren Gorrotxategi, ha criticado que no se incluya, por ejemplo, la eliminación de la segregación, y ha advertido que, tal como está el texto, su grupo no lo aprobará.

Frente a las críticas, el consejero Bildarratz se ha comprometido a seguir dialogando sobre la futura norma. Ha asegurado que todavía queda «mucho por debatir» y que «no es el momento» de entrar en detalle sobre cuestiones como «la vulnerabilidad o la gratuidad». Desde hoy se abre, además, un proceso de participación en la que tanto la ciudadanía como los agentes afectados por la noma podrán hacer sus aportaciones. «Todos van a poder dar su opinión», ha asegurado el consejero.