Joaquín Beltrán lleva once meses sepultado bajo los escombros del vertedero de Zaldívar

Ya ha concluido la excavación en la segunda de las cuatro zonas consideradas «prioritarias» por los responsables del rescate. La primera de ellas corresponde al lugar donde Beltrán fue visto por última vez antes del colapso de la escombrera, que era gestionada por la empresa Verter Recycling .

Pero el operario pudo desplazarse a otros lugares antes de quedar atrapado entre los escombros. Durante estos últimos meses se ha trabajado en la segunda zona, en la que según dijo el viceconsejero primero del Gobierno vasco, Josu Erkorkea , tampoco se ha encontrado «rastro alguno» de Beltrán. Los trabajos continuarán en un nuevo terreno que primero deberá ser limpiado y estabilizado. Posteriormente se retomará la búsqueda «con una metodología más detallada y minuciosa» , explicó el mandatario nacionalista.

El rescate del cadáver de Beltrán se dilata en el tiempo, y de hecho el próximo 6 de febrero se cumplirá un año del derrumbe del vertedero. El equipo de búsqueda sí logró hallar los restos mortales del segundo trabajador, Alberto Sololuze , que fue encontrado el pasado agosto.

Tampoco se ha cerrado el capítulo legal de la tragedia de Zaldívar. Este mismo miércoles, la plataforma Zaldibar Argitu se movilizará para reclamar «respuestas claras» sobre lo acontecido el 6 de febrero, así como para que se depuren «responsabilidades». «Tanto los responsables privados como los públicos se han mantenido en riguroso silencio», denunció esta asociación.

El caso se enturbió a raíz de que trascendiera que el vertedero estuvo recibiendo residuos peligrosos sin autorización, motivo por el cual Verter Recycling ya fue multada en el año 2015. El Gobierno vasco era consciente de que se estaban cometiendo irregularidades, y de hecho en noviembre de 2019 marcó a la escombrera un plazo de 30 días para corregirlas.

La instrucción del caso la lleva el juzgado de Durango (Vizcaya), que en julio ordenó el arresto de los tres principales responsables de Verter Recycling, Juan Ignacio Barinaga , el dueño; su sobrina y gerente de la planta, Arrate Bilbao , y el ingeniero jefe Juan Etxebarria . Todos ellos quedaron en libertad condicional con la obligación de comparecer una vez al mes. También se les retiró el pasaporte.

La crisis puso también bajo los focos al Gobierno vasco. Su actuación estuvo en tela de juicio desde las primeras horas posteriores al derrumbe, especialmente a raíz de que rechazara el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos. Incluso el Parlamento Europeo, a preguntas de los grupos de PP y Ciudadanos, advirtió de que las autoridades autonómicas «deberían haber detectado y vigilado» lo que acontecía en el vertedero.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu exteriorizó su malestar con las conclusiones iniciales de Bruselas. El propio lendakari denunció que no se había contado con la información de la administración vasca. Recientemente, la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, aseguró que la Comisión Europea le ha confirmado que el Ejecutivo «ha actuado con transparencia y no tiene nada que ocultar» . «Bruselas confirma que también han sido diligentes en la investigación de lo ocurrido», sentenció.