Derecho a decidir, Navarra, «identidad nacional»… así es el texto del Estatuto vasco de PNV, Podemos y PSE

Las primeras diferencias en el texto de PNV, Podemos y PSE, que está plegado de votos particulares, aparecen en el título preliminar, en el que se establece lo siguiente: «La ciudadanía de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, como parte integrantes de Euskal Herria, en expresión de su identidad nacional y de su voluntad democrática , se constituye en Comunidad Autónoma de Euskadi de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica».

El experto propuesto del PNV, Mikel Legarda , incluye aquí un voto particular para que se añada que el Estatuto es «político», mientras que el de los socialistas, Alberto López Basaguren, apuesta por eliminar el inciso «como parte integrante de Euskal Herria». «Es discutible que toda realidad cultural deba, necesariamente, construir también como realidad política», sostiene este último, que también aboga por sustituir «identidad nacional» por «nacionalidad».

En el artículo 7 del borrador se explica lo que es la «ciudadanía vasca» , que «corresponde a todas las personas que tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados en el ámbito territorial» del País Vasco «y se le reconocen los derechos y deberes en los términos dispuestos en este Estatuto y en el ordenamiento jurídico». Además, las personas residentes en el extranjero, así como sus descendientes si así lo solicitasen, «gozarán de idénticos derechos políticos que los anteriores […] siempre que conserven la nacionalidad española».

También Navarra tiene cabida en el borrador del Estatuto vasco, una inclusión que ya generó polémica en las bases que acordaron el año pasado PNV y EH Bildu y que los nacionalistas recuperan en algunos puntos. En el artículo 2 se dice que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, «así como Navarra» , tienen derecho a formar parte del mismo territorio, que para Basaguren y la experta de Podemos, Arantxa Elizondo, debería llamarse Comunidad Autónoma.

En el texto se establece además que la Comunidad Foral podrá incorporarse al País Vasco así lo decide «de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarte de la Constitución y en este Estatuto». El jurista del PSE registra aquí un voto particular para que esta decisión quede fuera del Título Preliminar y pase a formar parte de una disposición.

La autodeterminación del País Vasco queda reflejada como disposición adicional segunda, aunque el PSE la rechaza frontalmente: «El llamado “derecho a decidir”, en primer lugar, no es un “derecho” —argumenta Basaguren—. No lo es en la medida en que ningún texto jurídico reconoce tal derecho como “derecho”».

Hay dos opciones de texto, una del PNV y otra de Podemos. Los nacionalistas defienden que la «plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco» se «exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado , siendo su ejercicio pactado con el Estado». Los morados, por su parte, sostienen que esa «plena realización» de los derechos se materializa «a través del derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad y libre y democráticamente. Podemos también hace alusión a que ha de existir un acuerdo con España, pero añade además que este ejercicio ha de ser «legal».

Sobre la relación con el resto de España, en el artículo 128 se pone de manifiesto el «reconocimiento mutuo, lealtad y respeto institucional» que ha de haber entre la nación española y el País Vasco. Cumple con lo que reclama el PNV, formación que viene defendiendo con insistencia la conformación de una relación «bilateral», «de tú a tú» con España.

No hay atisbo de acercamiento en el apartado de las competencias, en el que hay dos propuestas, una de PNV y otra de PSE y Podemos. Mientras estos últimos defienden que el País Vasco debe obtener el control sobre «todas las competencias que la Constitución no reserva al Estado» y pone límites a las transferencias, el nacionalista Legarda defiende que serán competencias del Gobierno vasco no solo las que según su lectura recoge el anterior Estatuto, sino además «aquellas que el Estado no se haya reservado expresamente».

En el artículo 106, de hecho, se dice que «corresponde al País Vasco la legislación y ejecución del sistema público de Seguridad Social y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social», una de las grandes reivindicaciones del nacionalismo.