El Defensor del Pueblo apreció "relevancia penal"

Según ha narrado, el denunciante remitió en noviembre un escrito al Defensor, y al parecer también a responsables del Servicio Navarro de Salud, en el que explicaba que había sido relegado y sufrido acoso profesional, finalmente expulsado del servicio al no ser aceptado por sus compañeros y su historia clínica consultada por dos médicos sin autorización.

Y del posible delito de cohecho, del que aportó grabaciones al requerirle el Defensor alguna prueba de lo que denunciaba, dijo que un médico de la sección de corazón del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) había trasladado una oferta de 4.000 euros por parte de una empresa por el aumento de lo facturado que se pagarían a cuatro facultativos en tarjetas del Corte Inglés "no rastreables".

"Se trata de hechos que pueden tener relevancia penal", ha dicho Enériz, y por eso el 17 de noviembre de 2020 remitió un escrito a la Fiscalía junto con la documentación y las grabaciones y ésta el 10 de diciembre el Fiscal respondió que, tras incoar diligencias de investigación, los había trasladado al juzgado al entender que podía haber varios delitos, por lo que el Defensor del Pueblo suspendió su actuación.

Para el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin , en este asunto "lo más grave no es que ocurran estas cosas, lamentables y rechazables, sino cómo reacciona la Administración y sus responsables anta el conocimiento de estos hechos", ya que debía "proteger al máximo" al denunciante que "actúa en favor de la Administración" y, sin embargo él ha sido "represaliado injustamente" y la Administración, aún conociendo los hechos "un año antes, no solo no lo comunica al Fiscal sino que ni siquiera ordena una investigación interna, reservada".

Y ha precisado que esta investigación no se lleva a cabo hasta después de conocer que el Defensor, el Fiscal y el juez están viendo "una clara relevancia penal" a pesar de que el gerente tenía desde seis meses antes los mismos indicios".

Inmaculada Jurío, del PSN , ha acusado a NA+ de utilizar la información "de forma torticera" para "atacar al Gobierno" y precisado que fueron movidos del servicio por las malas relaciones entre el personal dos facultativos, no solo el denunciante, que quizás, según el expediente incoado, también pudo incurrir en delito.

Ha asegurado también que éste aportó primero las grabaciones al Defensor del Pueblo a pesar de que la Administración se las requirió en "varas ocasiones" y por lo tanto "la Administración actuó según los tiempos y procedimientos que la ley le otorga", también desde Hacienda.

Para Uxue Barkos, de Geroa Bai , "esto viene a calentar motores" para la comparecencia de la consejera de Salud "con independencia de la gravedad de unos hechos, que ya están en sede judicial", y ha agregado que la Administración no los trasladó a la Fiscalía, según ha dicho, "por no disponer de indicios basados en pruebas", a diferencia del Defensor, aunque luego Hacienda contactó con la Fiscalía para saber si debía presentar denuncia y se le respondió que "no hacía falta".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu , ha indicado que el retraso en conocer las grabaciones no impide que haya habido "una aparente inacción por parte del departamento de Salud", por lo que el PSN "debería ser el primer interesado en que esta cuestión se clarifique" porque el asunto "es feo", y ha agregado que hasta enero de 2021 no se abre una investigación interna cuando en octubre de 2020 se aportaron las grabaciones a los responsables del CHN y en junio de 2019 el jefe del área ya conocía los hechos.